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Menos emisoras menos democracia
Por Juan Sebastián Sarmiento Sánchez
Comunicación Social y Periodismo
34 emisoras radiales fueron cerradas en Venezuela bajo el argumento de estar democratizando los medios de comunicación ¿será cierto?

El anuncio hecho por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de cerrar varias decenas de emisoras se dio en la misma semana en que la Fiscalía presentó un proyecto de ley que podría sancionar con hasta cuatro años de cárcel los delitos mediáticos. Un anuncio que puso a muchos a temer por la salud de la democracia venezolana.

El gobierno venezolano ha mantenido una difícil relación con los medios de comunicación opositores. Sí bien la razón del choque se debe a un viejo dual ideológico entre los que están con el gobierno y los que no, fue luego del intento de golpe de estado al presidente Chávez que dicha rivalidad se ha mostrado descaradamente. Uno de los medios que ha resultado más comprometido por los anuncios gubernamentales es Globovisión, que es el canal de televisión opositor con mayor audiencia después del cierre, el año pasado, de RCTV. Como ejemplo de la tensionante relación, hace no más de una semana, dicho canal fue victima de un ataque a sus instalaciones y empleados por parte de simpatizantes al Gobierno.

Esta situación ha hecho que el país se encuentre polarizado entre los medios oficiales afines al gobierno y los privados de oposición, ya que son pocos los que se declaran neutros y aún menos los que lo son. Ante tal panorama, cualquier tema que toque el gobierno sobre los medios suscita gran polémica por lo que este no es la excepción.

Dos hechos han desatado la presente polémica; el cierre de 34 emisoras radiales por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y la iniciativa de ley por parte de la fiscal Luisa Ortega que podría sancionar hasta con 4 años de cárcel a aquellos periodistas que se hallen culpables de “terrorismo mediático”.

El cierre de las emisoras anunciado el sábado 1 de agosto por el presidente de CONATEL y ministro de Obras Públicas Diosdado Cabello hace parte de una “campaña de democratización” anunciada por el gobierno venezolano que pretende revisar más de 240 licencias radiales. "Cuando tomamos la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico estábamos hablando en serio, porque hay que hacerlo y hay que hacerlo ya" dijo el ministro a BBC.

En cuanto al proyecto de ley-que ya fue desestimado por la Asamblea Nacional de Venezuela- hay gran controversia debido a lo que vendría a constituir o no un “delito mediático”, teniendo en cuenta un sin número de vaguedades en la definición que la ley dio de este:

“Acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, seguridad e independencia de la nación, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o pública, que generen un clima de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación”. El problema se ve con mayor claridad si se tiene en cuenta que serán las autoridades, con criterios subjetivos e inobjetables, quienes decidirán cuáles informaciones caerían en la norma.


Ante la agitada situación mediática un sin número de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos se han mostrado preocupados por lo que consideran una campaña de censura contra la oposición. "Este cierre masivo de medios de comunicación considerados como opositores, peligroso para el futuro del debate democrático, sólo responde a la voluntad gubernamental de acallar las voces discordantes, y sólo empeorará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana", declaró reporteros sin fronteras.

El gobierno venezolano, por el contrario, afirma no estar haciendo una persecución política sino uso de su potestad frente al espectro radioeléctronico.

Sin embargo es un hecho el papel que juegan los medios de comunicación como agentes indispensables de la democracia, teniendo en cuenta que la información resulta ser un requisito indispensable para que los ciudadanos tomen decisiones de toda índole. Por esto, resulta preocupante que en una misma semana se cierren 34 emisoras y se planteé un proyecto de ley penando la labor periodística.
Además que consta en la actualidad una peligrosa relación entre países que restringen información o penan con cárcel “delitos mediáticos” y gobiernos acusados de violar derechos humanos; sirva como ejemplo Corea del Norte, Birmania, Cuba y China.

Análisis
Como queda claro, en Venezuela existe un agitado debate mediático entre los medios privados de oposición y los gubernamentales. Para que dicho debate siga cumpliendo su función democratica es necesario que el ejecutivo se mantenga al margen de él, para no romper el equilibrio existente. Incluso a nivel internacional hay conceptos favorables. "hay un sector de medios de comunicación muy crítico con Chávez. Creo que el nivel de libertad de expresión es satisfactorio", afirmó a El país el canciller español Miguel Ángel Moratinos.
Sin embargo, la actual “campaña de democratización” de los medios por parte del gobierno y el fallido proyecto de ley sobre delitos mediáticos podría poner a tambalear la libertad de expresión existente. Ya que sí bien el ejecutivo tiene derecho a regular el espectro radioelectrónico y velar por la seguridad política de la nación, es conveniente hacerlo de acuerdo a estándares internacionales de normatividad periodística y no arbitraria o caprichosamente.

Conclusión
Los medios de comunicación han desempeñado un rol definitivo en la participación política de la sociedad venezolana. Eventos como el referéndum constitucional, la propuesta de modificación curricular para la escuela primaria y las elecciones de alcaldes y gobernadores se han llevado de forma exitosa en parte gracias a la libertad de expresión y al debate que esta suscita. Un retroceso en esta materia no tendría sentido.