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Andrómeda y la desinstitucionalización

Por Alfredo Rangel


alfredo-rangelEl reciente allanamiento de un centro de inteligencia militar por parte de la Fiscalía General de la Nación, la incautación de material secreto de seguridad nacional y la apertura de procesos judiciales contra los integrantes de ese centro, es una acción más que se suma a la tendencia que vive el país hacia su desinstitucionalización.

En efecto, las autoridades no han sido claras sobre el origen de las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas que se estarían realizando desde ese centro de inteligencia militar. Las versiones de prensa van desde una denuncia de vecinos del lugar porque en el sitio se estaría realizando compra venta de estupefacientes, pasando por denuncias de ex miembros de ese centro de inteligencia realizadas a medios de comunicación sobre interceptaciones irregulares de comunicaciones, hasta información confidencial de miembros del servicio secreto cubano a la Fiscalía sobre interceptaciones a miembros del equipo negociador del gobierno en los diálogos con las FARC en Cuba.

El punto es que, sin esclarecer el origen de la información que dio lugar al allanamiento, el propio Fiscal General declaró que si hubiera sabido previamente que el lugar allanado era un centro de la inteligencia militar, la Fiscalía no lo habría invadido. De esta manera el Fiscal confesó su desconocimiento sobre el carácter del operativo, o trató de ocultar el origen de la denuncia. En cualquier caso, el Fiscal con esa afirmación reconoció que el operativo habría cometido un error al allanar un centro legítimo de la inteligencia militar del Estado.

Pero en seguida no actuó en consecuencia. En vista de la, sincera o forzada, confesión del Fiscal sobre el irregular allanamiento de una institución militar, lo procedente hubiera sido dar por terminado el operativo, devolver el material de inteligencia incautado, cancelar el proceso de desencriptación , y suspender la vinculación a cualquier proceso judicial de los integrantes del centro de inteligencia. Pero no; la Fiscalía siguió adelante con todos esos procedimientos.

El gran interrogante es si la Fiscalía, un organismo civil, tiene competencia para allanar un centro de inteligencia militar, incautar material muy sensible de seguridad nacional, e iniciar procesos judiciales a militares por supuestos hechos que no constituyen crímenes atroces ni de lesa humanidad, como homicidio fuera de combate, tortura o desaparición forzosa. O si, más bien, son la Inspección General del Ejército y la Justicia Penal Militar las competentes para indagar si los integrantes de una central de inteligencia militar están abusando de sus funciones o haciendo un uso ilegal de sus equipos. Pues este interrogante lo resuelve el Artículo 250 de la Constitución Politica de Colombia que a la letra dice: “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.

Esta discusión nos remite directamente a la vigencia del fuero militar en Colombia. Los hechos nos están demostrando que en la práctica este fuero no existe. Si la Fiscalía civil decide, por sí y ante sí, y por encima de la prohibición constitucional, realizar una investigación e iniciar un proceso judicial por actos de miembros activos de las fuerzas militares que están relacionados directamente con sus funciones, como es la vigilancia del espectro electromagnético por parte de los organismos de inteligencia, pero que pueden constituirse en extralimitaciones- como, por ejemplo, realizar interceptaciones no autorizadas de comunicaciones privadas-, entonces la competencia de los fiscales y jueces militares para investigar y castigar los desafueros militares en desarrollo de sus operativos militares sencillamente no existe. A pesar, claro, de que la Constitución y las leyes garanticen esa competencia a la justicia militar.

Así, cuando las normas existen pero no se cumplen, y eso no ocasiona ninguna reacción o consecuencia, sea en sentido sancionatorio o de modificación o eliminación de las normas incumplidas, una sociedad pierde el respeto a las normas vigentes y, en consecuencia, se desinstitucionaliza. En adelante la arbitrariedad se generaliza y se vuelve lo usual, mientras que las instituciones se debilitan y tienden a desaparecer. Como señala Robert I. Rotberg, refiriéndose a los estados fallidos, los comportamientos anómicos se convierten en norma y “los gobiernos pierden credibilidad y la permanencia de la naturaleza del propio Estado-nación se vuelve dudosa e ilegítima en los corazones y en las mentes de los ciudadanos”1.

En efecto, según la Constitución Política de Colombia el fuero militar engloba todos los delitos cometidos por militares en servicio activo y relacionados con dicho servicio2. No obstante este alcance general constitucional del fuero militar, la Corte Constitucional lo ha limitado duramente, de tal manera que, siguiendo su jurisprudencia3, el Artículo 3 del Código Penal Militar establece que “en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio”. Por tanto, con excepción de estos delitos, todas las otras conductas delictivas que cometan miembros de las fuerzas militares en ejecución de sus funciones deberían ser investigadas por fiscales militares y juzgadas por jueces militares.

En el caso que nos ocupa, las supuestas interceptaciones ilegales de la inteligencia militar deberían haber sido objeto de investigación por la jurisdicción militar una vez la Fiscalía se percató de que el inmueble allanado se trataba de una central de inteligencia militar. No obstante, ese ente investigador civil continuó con la indagación mediante la retención y desencriptamiento de material muy sensible de inteligencia militar, en una clara violación de lo que disponen las normas legales sobre los casos penales que involucren a miembros activos de las Fuerzas Militares en ejercicio de sus funciones, con las excepciones arriba mencionadas.

Claro está que a favor de la actuación de la Fiscalía se podría alegar que las supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas realizadas por miembros de la inteligencia militar podrían incluirse dentro del conjunto no determinado ni especificado de “las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública” que señala el Código Penal Militar, siguiendo los dictámenes de la Corte Constitucional, y que no serían cubiertas por el fuero militar. Habría entonces que señalar que semejante indefinición incluida nada menos que en un Código Penal abre la puerta a la total y absoluta arbitrariedad, lo que es contrario la institucionalidad democrática que por definición tiene por objeto establecer de manera clara las reglas de juego, delimitar estrictamente el campo de acción de las autoridades, y hacer predecible su comportamiento. Así, nada menos que la Corte Constitucional habría contribuido a la desinstitucionalización del país propiciando la arbitrariedad en la aplicación de la ley, en lugar de ayudar y concurrir, como es su deber, a fortalecer la institucionalidad democrática.

En efecto, de nada valen la disposición constitucional cuyo espíritu era respetar una institución milenaria como el fuero militar, que además ha tenido vigencia plena y centenaria en nuestro ordenamiento jurídico, si en la vida real esas disposiciones son inaplicables por obra y gracia de sentencias recientes de la Corte Constitucional que van claramente en contravía de la voluntad de los constituyentes del 91 y de toda nuestra tradición jurídica. Esa contradicción hizo caer a dicha Corte en un planteamiento carente de cualquier lógica jurídica, porque si el fuero militar no abarca las conductas “abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública”, quiere decir que las conductas que sí son incluidas en el fueron son las que son coherentes con sus función constitucional, es decir, las que son legales y permitidas, o sea que no son delitos. Tenemos entonces la rara especie de una jurisdicción penal militar que no juzga delitos sino actos legales.

En cualquiera de los dos casos, si la Fiscalía se desbordó ilegalmente en sus atribuciones definidas claramente en la Constitución Nacional, sin que ninguna autoridad le reclamara su extralimitación de funciones, o si actuó “legalmente” con base en las indefiniciones de la Corte Constitucional, el caso es que Andrómeda se suma a muchos otros que demuestran que la abolición , en la práctica, del fuero militar, a pesar de que formalmente está garantizado en la Ley, es una señal más de la desinstitucionalización del país.


NOTAS AL PIE
[1] Ver, Robert I. Rotberg, El fracaso y el colapso de los Estados-nación. Descomposición, prevención y reparación . En, Robert I. Rotberg, Christopher Clapham y Jeffrey Herbast, Los Estados fallidos o fracasados:un debate inconcluso y sospechoso. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2007, pag.153

[2] El artículo 221 de la Constitución Política señalaba que :”De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.” Como se ve, en este artículo constitucional no se hace excepción de ningún delito.

[2] Entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional ver el Auto 012 de 1994, Magistrado Ponente Jorge Arango, las Sentencias C-399 de 1995 y C-17 de 1996, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, y Sentencia C 358 de 1997, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

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