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LA OCDE Y LAS PENSIONES

Por Roberto Junguito


Uno de los capítulos del informe recientemente publicado de la OCDE sobre Colombia se encuentra dedicado al tema de las pensiones. Parte por destacar que, por Constitución, en Colombia las pensiones mínimas no pueden ser inferiores al salario mínimo. Esta disposición implica que solo los trabajadores formales cuyo salario es igual o superior al mínimo pueden aspirar a recibir una pensión. Sin embargo, señala como una buena iniciativa que para los trabajadores informales, quienes no han podido acceder a una pensión de salario mínimo ya sea por la intermitencia de su trabajo, o porque su salario ha sido inferior al mínimo, el gobierno hubiese dispuesto desarrollar un apoyo para su retiro mediante el esquema de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS. Este esquema, cabe recordar, se desarrolló por iniciativa del entonces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la reforma constitucional aprobada durante la administración Uribe Vélez como mecanismo alternativo para dar protección al retiro a quienes no tenían acceso al régimen de pensiones ordinario dadas las restricciones sobre pensión mínima impuestas por la Constitución de 1991. El informe también resalta que para aquellos colombianos pobres quienes desarrollaron su vida laboral en el sector informal y han cumplido la edad de pensión el gobierno tenga establecido desde hace algunos años otro mecanismo de apoyo a la vejez denominado ahora Colombia Mayor.

De ahí pasa a adelantar un diagnóstico sobre los retos que enfrenta el sistema pensional colombiano. Resalta y critica, en primer lugar, su bajo nivel de cobertura. Anota que en Colombia solo el 37% de quienes llegan a edad de pensionarse reciben una pensión. Esto contrasta con un 90% que es la media de los países de la OCDE y anota que la cobertura en Colombia se sitúa inclusive por debajo de la media regional. Esa baja cobertura refleja la informalidad laboral y la restricción constitucional que exige que no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo. En defensa de la política gubernamental anota que el gobierno y el congreso han dado algunos pasos para estimular la cobertura como son el esquema de la pensión conyugal aprobada por ley el 2014 y el propio sistema de BEPS, que establece un sistema de ahorro voluntario por parte de quienes no pueden aspirar a pensionarse que se complementa con el apoyo financiero de contrapartidas del gobierno. Entre las medidas que podrían estimular la cobertura el documento urge repensar la conveniencia de mantener la restricción constitucional referida atrás. El documento de la OCDE también recomienda incrementar el apoyo mensual para el Adulto Mayor y recalca que tan solo asciende a un 10% del salario mínimo mensual.

Respecto al sistema de contribución definida de pensiones a cargo de COLPENSIONES, la OCDE destaca que el sistema es demasiado generoso e inequitativo. Con respecto a la inequidad, hace referencia al hecho que las pensiones no están sujetas al impuesto sobre la renta lo que favorece muy particularmente a los pensionados que tuvieron los más altos ingresos. Sugiere gravar las pensiones con tarifas progresivas como se hace en otros países de la OECD. Otro aspecto de inequidad que no resalta el estudio debidamente es que en dicho sistema se le devuelven los saldos a quienes no alcanzan a cumplir los requisitos para pensionarse sin ni siquiera reconocerles la inflación o el costo de oportunidad del dinero. La generosidad del sistema también, a juicio de la OCDE, también se refleja en el bajo número de años de cotización exigidos para pensionarse y en las edades de pensión. Se propone que los parámetros requeridos para pensionarse sean revisados al alza. Recomienda que se iguale la edad de pensión para hombres y mujeres, dada la mayor expectativa de vida de las mujeres, pero reconoce, es cierto, la dificultad política de elevar la edad de pensión dado que la última alza en edad de pensión comenzó a regir el año pasado. Pero, el documento no hace referencia precisa al hecho que dicha decisión se había tomado desde el 2002 con entrada en vigencia futura. De igual manera, se podría y debería legislar ahora sobre los aumentos en la edad de pensionarse, por ejemplo, dentro de cinco o diez años.

Sobre el sistema contributivo, que corresponde al manejado por los fondos privados de pensiones, también hace análisis, reflexiones y recomendaciones. Su primer comentario crítico se refiere a la concentración de los fondos privados de pensiones. Destaca que son pocos, solo cuatro, y los dos mayores congregan más del 80% de los ahorros. Del lado positivo, el documento destaca el rol de los fondos privados de pensiones en el ahorro financiero y su adecuado mecanismo de operación, en particular, resalta los diversos fondos de riesgo al que pueden acceder los ahorradores y el sistema del seguro previsional que contratan los fondos de pensiones con las aseguradoras para mediante el cual se cubren los riesgos de incapacidad y sobrevivencia de los ahorradores en los fondos.

Respecto a lo que se denomina la etapa de desacumulación o sea cuando la persona llega a la edad de pensionarse, el informe explica acertadamente que al momento de pensionarse los ahorradores del sistema contributivo pueden solicitar una renta vitalicia con las aseguradoras o un retiro programado con los fondos de pensiones. Anota que hasta el momento el sistema comienza a madurar y que tan solo el 15% han escogido la vía de las rentas vitalicias. Este porcentaje es muy inferior al registrado en la OECD donde fluctúa entre 25%-75%. Destaca que ello refleja el problema constitucional que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo y el riesgo que asumiría la aseguradora antes los ajustes del mínimo. La realidad es que esta traba se encuentra en proceso de solución mediante el Decreto 036 del 2015, en que el Gobierno se compromete a cubrir el faltante en la reserva matemática que se cause cuando el incremento real del salario mínimo supere el promedio aritmético del crecimiento real anual de la productividad de los últimos 10 años al momento de la emisión de la renta vitalicia.

El Informe de la OCDE en su capítulo relacionado con las pensiones finaliza destacando la importancia de establecer un régimen más ambicioso de pensiones. Como medida estructural propone marchitar gradualmente el sistema de pensión definida. Para ello sugiere que los nuevos trabajadores estén obligados a vincularse al sistema contributivo de los fondos privados. También hace recomendaciones para mejorar el esquema de apoyo al adulto mayor. Argumenta que los apoyos son muy bajos e inferiores a los de todos los países de la OCDE excepto Corea. Solo alcanzan el 10% del salario mínimo y los mantiene por debajo de la línea de pobreza. Estas propuestas junto a las relacionadas con los incrementos en las edades para pensionarse (i.e. no solo sugiere elevar la edad de jubilación para hombres y mujeres sino igualar las edades de pensión para ambos sexos), así como las relativas al aumento en el número de años mínimos de cotización requeridos para acceder a la pensión, el establecimiento de un impuesto progresivo a la renta proveniente de las pensiones, la conveniencia de estimular mayor competencia en el régimen contributivo y los cambios sugeridas a los esquemas de BEPS y al apoyo al Adulto Mayor constituyen elementos centrales de una reforma estructural a las pensiones que el gobierno, el sector privado y el laboral deben evaluar. La conveniencia de adelantar una reforma pensional, incluyendo la importancia de un pilar solidario, venían siendo analizados por el gobierno, los gremios y los sindicatos durante la primera Administración Santos durante el período en que Rafael Pardo desempeñó el cargo de Ministro del Trabajo y Seguridad Social, y su importancia ha sido recalcada en las reuniones anuales de ASOFONDOS. ¿Será que ahora, por la presión ejercida por la OCDE y el deseo del Presidente Santos de entrar a ese distinguido club, el gobierno y el congreso otorgarán finalmente prioridad real a la reforma pensional?

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