Estudios de Derecho Administrativo
Autor: Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar

La investigación se adelanta a través de un proceso, entendido como el conjunto de etapas o fases sucesivas de un proyecto. Todo proceso de investigación se plasma en un Proyecto concreto y se enmarca en él, entendiéndose como tal una unidad planificada con definición de objetivos, recursos y tiempos, con resultados parciales y totales.

El estado actual de la ciencia exige como una condición irremplazable e inaplazable, la investigación. Por eso, la Universidad debe hacer ciencia. Debe diagnosticar y proponer tratamientos. Debe hacer avanzar el Derecho, lo cual no es posible sino mediante la investigación.

Una investigación alejada de todo tipo de obstáculos personales o sociales a la objetividad, esto es, sin autoritarismos ni dogmatismos.

Una investigación en la cual se empleen a fondo, si no todos, sí la gran mayoría de los métodos y técnicas de la investigación científica, a saber: La encuesta por muestreo; los estudios de campo; los experimentos en contextos de campo; los experimentos de laboratorio; los procedimientos de muestreo; los métodos de reunión de datos como el uso de documentos, registros, materiales censales e índices, la reunión de datos mediante entrevistas, paneles, aplicación de cuestionarios y la observación de la conducta de grupos; y, las medidas estadísticas de operaciones descriptivas e inferenciales, la tabulación de los datos observados, su correlación, la regresión y en general, el análisis de los datos.

Una investigación en la cual se diseñen y se comprueben las diferentes hipótesis que se planteen y que al mismo tiempo se publiquen sus conclusiones y luego se socialicen las conclusiones hasta obtener su aval por la comunidad científica.

Así mismo, una investigación no meramente descriptiva como suele ocurrir especialmente en el campo del derecho, sino fundamentalmente una investigación explicativa y ante todo predictiva que permita avanzar las conclusiones que deben ser utilizadas para hacer tanto las reformas y los cambios normativos y jurisprudenciales, como los cambios sociales y culturales.

Sin investigación científica no podremos siquiera formular problemas, avanzar hipótesis, probarlas y ante todo obtener conclusiones que nos permitan proponer reformas como también impedir las que no sean pertinentes.

Como lo señala Felipe Pardinas, “las ciencias sociales en cualquier país, pero particularmente en los nuestros, tienen una importancia fundamental para la solución de nuestros problemas colectivos, pero nunca alcanzarán ese objetivo si no están manejadas con verdadera rigidez científica” .

Los resultados y conclusiones de los trabajos de investigación no sólo deben enriquecer y actualizar los contenidos curriculares sino que deben servir para adoptar posiciones institucionales ante los diversos acontecimientos de la vida nacional y presentar, en el campo del Derecho Público, propuestas y modelos alternativos para la solución de los distintos problemas, tales como corrupción, tramitomanía, mora y congestión, atomización del aparato estatal, falta de definición de competencias, ineficacia, ineficiencia y vulneración o amenaza de los derechos de los particulares y de la comunidad.

Ese es el propósito de Estudios de Derecho Administrativo, resultado de las investigaciones que he adelantado como Director del Grupo de Investigación en Derecho Público y Económico CREAR de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y del Grupo de Investigación Justicia y Desarrollo Sostenible del Instituto de Investigaciones Sociojurídicas para el Desarrollo Sostenible y que ahora publica la Universidad Sergio Arboleda.

En tal virtud, me permito expresar mis agradecimientos al Rector de la Universidad Sergio Arboleda Señor Doctor Rodrigo Noguera Calderón; a los Vicerrectores Académico, Financiero, Administrativo y de Gestión, Señores Doctores Germán Quintero, Luis Alberto Noguera, Jorge Noguera y Jorge Pretelt; al Decano y Vicedecano de la Escuela de Derecho, Señores Doctores Jorge Vélez García y José María del Castillo Abella; al Director del Centro de Investigaciones Civilizar, Señor Doctor Ignacio Restrepo Abondano y a mis compañeros investigadores del Grupo de Investigación en Derecho Público y Económico CREAR Ileana Melo Salcedo y Andrés Tapias Torres.

Jorge Enrique Ibáñez Najar