Revista electrónica de difusión científica



 


Estudios de Derecho Administrativo
Autor: Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar

PROLOGO

Las grandes transformaciones que exigen definiciones o reformas al sistema político de una nación, las cuales conllevan reformas sustanciales a las Constituciones Políticas y posteriores desarrollos normativos –tanto legales como administrativos- como desarrollos jurisprudenciales –tanto de los tribunales constitucionales como de los tribunales contencioso administrativos- tienen que ser el producto del análisis y la reflexión tranquila y serena de hombres y mujeres dedicados a producir nuevas ideas luego de profundos procesos de investigación científica.

Los cambios constitucionales y administrativos no pueden ser el resultado de caprichosas decisiones personales que van surgiendo al vaivén de los procesos electorales, los cuales generan serios bandazos, según el ganador de una contienda, que siempre generan inestabilidad institucional, inseguridad jurídica y falta de confianza y credibilidad para el normal y adecuado tráfico jurídico y social.

Toda decisión constitucional o legal debe estar respaldada en serios estudios, producto de la investigación científica que demuestren la necesidad de introducir una nueva institución, modelo o figura o la de reemplazar la existente por otra que sí garantice un funcionamiento eficiente y eficaz.

Si se piensa, por ejemplo, sustituir una organización por otra, debe demostrarse científicamente por qué debe hacerse el cambio para una nación, qué dificultades existen que imposibilitan continuar con una figura existente y cuáles son las ventajas de introducir una nueva, al mismo tiempo que debe demostrarse por anticipado cómo sería su funcionamiento para que se garantice que el cambio sí producirá un resultado positivo. Las preguntas que deben formularse son: Por qué debe adoptarse esa decisión, cuál es su justificación, cuál sería la institución o instituciones que la deben reemplazar, por qué esas sí están llamadas a funcionar y por qué la que se suprime no.

Sólo con este esquema o metodología de trabajo se podrá respuesta a preguntas tales como: Cuál debe ser el modelo territorial de Estado? Por qué debe sustituirse el sistema unitario por el sistema federal o por el sistema regional? Qué ventajas trae cualquiera de los nuevos sistemas que se proponen? Por qué se considera que uno de ellos puede funcionar en Colombia? Cuanto tiempo requiere su implementación? Cómo sería su funcionamiento integral y específico?

Lo mismo debe decirse de cualquier otra entidad, institución, esquema, sistema o procedimiento que requiera una definición legal. Cuál debe ser el nuevo modelo de contratación pública que exige una sociedad como la nuestra? Cuál debe ser el nuevo sistema de responsabilidad disciplinaria, de responsabilidad fiscal o de responsabilidad penal del servidor público? Cuál debe ser el nuevo modelo de vinculación laboral del servidor estatal? Cómo debe ser el nuevo procedimiento administrativo? Cuáles deben ser las nuevas acciones judiciales? Cómo debe ser el nuevo esquema para la regulación, el control y la intervención en los servicios públicos? Cómo deben ser prestados, bajo qué régimen jurídico? Cuál debe ser el nuevo sistema de alternatividad judicial para la resolución de los conflictos?

El costo político, económico y social de una decisión caprichosa o equivocada puede ser muy alto que una sociedad en desarrollo no puede darse el lujo de asumir. Cómo demostrar que la decisión no es caprichosa? Cómo demostrar que no se trata de una decisión equivocada? Cómo demostrar que sí se propone una solución correcta?

Todo ello debe ser el producto del análisis de la realidad, del entorno, conforme a los métodos y a las técnicas de la investigación científica aplicados en las áreas sociales, que nos permitan procesar las conclusiones que nos arroja esa realidad para proponer los cambios o reformas que se necesitan o para llenar los vacíos que existan y que ameritan una definición que no se ha dado para resolver una problemática, demostrando por qué lo que se propone sí es eficaz, sí resuelve la problemática, si constituye un verdadero aporte constructivo y por lo mismo es de verdad un aporte a la ciencias sociales, a las ciencias jurídico económicas, a la ciencia política.

La academia, pero especialmente la Universidad no se ha quedado sólo cumpliendo un papel formador en la escala profesional, que es el trabajo que con creces se cumple en el primer ciclo de enseñanza superior. La Universidad avanza en los procesos de profundización del conocimiento, mediante actividades académicas que corresponden al segundo ciclo de educación superior y que específicamente se desarrollan en los programas de especialización y ahora emprende su camino en la construcción de la ciencia para dar respuesta a toda clase de problemática. Para tal efecto, se han creado grupos de investigación los cuales serán el soporte fundamental de los nuevos programas de maestría, en los cuales se está empezando a construir conocimiento científico mediante la utilización de métodos y técnicas de análisis científico.

La Universidad ha asumido el reto consistente en construir programas del tercer ciclo y grupos de investigación en la Escuela de Derecho fundados principalmente en la investigación científica en las áreas sociales para formular problemas, diseñar hipótesis, probarlas y obtener verdaderas conclusiones que al mismo tiempo se conviertan en genuinas soluciones que permitan resolver los reales problemas que aquejan a la sociedad o predecir los nuevos que ordinariamente surgen en una sociedad en permanente movimiento y construcción.

Por ello, uno de los aspectos de mayor importancia en el Proyecto Educativo de la Universidad Sergio Arboleda es la formación integral de profesionales para la ciencia, la investigación y la cultura, con la que se busca promover el desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser humano, trascendiendo no sólo en la excelencia académica, sino también en el área humanística, capaces de liderar el desarrollo económico, social y cultural tanto nacional e internacional.
En ejercicio de su autonomía la Universidad ha optado por privilegiar la investigación en su Visión y su Misión. En efecto, en la Visión de la Universidad se establece:
“La Universidad Sergio Arboleda es una institución de educación superior, de carácter privado, que busca la formación personal y profesional en las diversas modalidades del saber, mediante la actividad académica y cultural, el fomento de la investigación y la proyección hacia la comunidad nacional e internacional con sentido social y excelencia académica.”
A su vez, en la Misión de la Universidad se dice:
“La Universidad Sergio Arboleda, está comprometida con la formación integral de profesionales idóneos para la ciencia, la investigación y la cultura, estructurados de acuerdo con los principios de la filosofía cristiana y humanística, formados con espíritu ético y cívico, creativo y crítico; además, capaces de liderar el desarrollo económico, social y cultural , tanto nacional como internacional”.
En la Filosofía y Principios de la Universidad se consagra “La investigación, como generadora de conocimiento” y en las Políticas Institucionales se señala:
“Investigar en relación con el contexto socio-cultural. Es objetivo permanente de la Universidad identificar los problemas de la sociedad, estudiarlos y analizarlos; y presentar alternativas de solución o manejo, para realizar significativos aportes a la ciencia y a la tecnología, ampliando las fronteras del conocimiento”.
Así, la investigación en la Universidad Sergio Arboleda está orientada en función de su finalidad institucional de servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, procurando la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa.
Atendiendo la Visión, Misión y Políticas Institucionales de la Universidad Sergio Arboleda y el compromiso adquirido para con la Comisión de Acreditación de la Escuela de Derecho consistente en fortalecer la investigación jurídica, en el mes de Junio de 2003, se constituyó y registró ante COLCIENCIAS, el Grupo de Investigación en Derecho Público y Económico “CREAR” de la Escuela de Derecho, el cual se ha dado a la tarea de promover en sus líneas de investigación proyectos que atiendan a las necesidades del quehacer jurídico, que respondan a interrogantes y problemas concretos de la sociedad colombiana. El Grupo cuenta con dos Líneas de Investigación, dentro de los cuales se desarrollan varios proyectos de investigación: Derechos Económicos y Sociales y la Organización y Actividad Estatales.

El grupo de investigación se creó con el profesor investigador Jorge Enrique Ibáñez Najar quien lo dirige y la Investigadora Ileana Melo Salcedo, y de él forman parte los semilleros de investigación Daniel Patrón Pérez, Piedad Lorena Almario Ramírez, Mario Dubán Domínguez Malagón y Mariana Andrea Urrego Yepes.

Los resultados de la investigación del Grupo en Derecho Público y Económico CREAR, pretenden contribuir a la formación y desarrollo de los estudiantes y profesores investigadores con un compromiso social haciendo explícitos los proyectos y mecanismos que favorecen la interacción con las realidades en las cuales están inmersos.

Como estrategia para lograr esta formación, el Grupo de Investigación en Derecho Público y Económico CREAR, pretende generar espacios para que el semillero de investigación asuma su responsabilidad frente a la realidad nacional generando propuestas, acciones y soluciones a los conflictos dentro de un contexto de relevancia social. Igualmente estos espacios buscan fomentar en cada uno de ellos la autorreflexión y la sensibilización social con el propósito de que esta formación sea una guía durante su largo camino como profesional, que por ende contribuirá sin duda en la pertinencia y oportunidad de los proyectos de investigación que adelante el Grupo

El Grupo de Investigaciones en Derecho Público y Económico CREAR de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda acaba de publicar los resultados de las investigaciones adelantadas en materia de seguridad, las cuales se compendian en el Libro “Seguridad Nacional, Seguridad del Estado y Seguridad Ciudadana” del profesor Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Ahora, el presente libro tiene por objeto publicar los resultados de otras investigaciones ejecutadas por el Director del mismo Grupo de Investigación en Derecho Público y Económico CREAR, junto con otras del Grupo de Investigación Justicia y Desarrollo Sostenible del Instituto de Investigaciones Sociojurídicas para el Desarrollo Sostenible que también dirige el profesor Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Estudios de Derecho Administrativo hace una presentación crítica de la estructura actual de la Rama Ejecutiva del Poder Público y luego hace un amplio análisis de las normas orgánicas y generales básicas que encuadernaron la administración nacional a partir de 1968, con la expedición de los Decretos 1050 y 3130 de 1968, hasta su derogatoria con la Ley 489 de 1998; posteriormente, define el alcance y límites de las potestades reguladora y reglamentaria, tanto desde el punto de vista constitucional y legal, como administrativo y analiza y luego describe las diferencias entre las funciones de inspección, vigilancia y control como expresión de la función de policía administrativa y la vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración pública.

Así mismo, aborda un interesante tema para describir el papel del Estado bien como empresario ora como promotor de empresas; hace un análisis crítico del modelo territorial de Estado y en particular de la Región como un nuevo modelo de descentralización administrativa para Colombia; presenta un modelo de descentralización por colaboración, a través del análisis histórico de las Cámaras de Comercio y finalmente, hace un análisis crítico del Código Contencioso Administrativo que acaba de cumplir 20 años de vigencia en Colombia, lo cual coincide con los 90 años que acaba de cumplir igualmente la jurisdicción contenciosa administrativa.

La comunidad académica ahora tiene la palabra para analizar el contenido y alcance de estos resultados investigativos que presenta la Universidad Sergio Arboleda.



José María del Castillo Abella

 
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