Persiste preocupante panorama ambiental.

Contralor General presentó informe anual al Congreso:
 
*Los aportes del Gobierno para el sector han mejorado pero siguen siendo
riesgosamente bajos.
 
*Turbay Quintero anuncia la presentación de un proyecto de ley al Congreso
para expedir el Código Único Fiscal, en el cual habrá un capítulo especial
para el tema ambiental que incluirá propuestas claras sobre evaluación y
sanción al daño patrimonial ambiental.

*Grave retroceso en gestión de las CAR durante la vigencia 2006.

*Contralor General llama la atención sobre el manejo y tratamiento que
reciben en el país los desechos radiactivos en el país.

 *Señala también debilidades en el sistema nacional de atención de desastres.

 Bogotá, noviembre 22 de 2007.- El Contralor General de la República, Julio
César Turbay Quintero, dio a conocer hoy el Informe sobre el Estados de los
Recursos Naturales y del Ambiente 2006-2007, el cual señala un panorama
preocupante para el país en materia de sostenibilidad ambiental: el gobierno
ha seguido reduciendo sus aportes para el sector, las acciones de las
autoridades ambientales son insuficientes para corregir o mitigar la
degradación y pérdida de los recursos naturales y, mientras tanto,
insólitamente, algunas corporaciones autónomas regionales (la CVC y la CAR
de Cundinamarca) tienen bajas ejecuciones presupuestales y sus recursos
permanecen en bancos.
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales, que cumplen un papel fundamental en
la protección del medio ambiente y los recursos naturales, presentaron un
grave retroceso en su gestión en la vigencia 2006, precisó por otro lado el
Contralor Turbay Quintero. Mientras a juicio del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, la gestión de las CAR se califica de
bueno, pues las evaluaciones de esa cartera indican que el cumplimiento
promedio de metas físicas y financieras de los Planes de Acción Trienal
2004-2006 supera el 70%, el Contralor dijo sentirse preocupado por la
calificación que recibieron las CAR en el proceso auditor de la Contraloría.
 
De acuerdo con el informe sobre evaluación de la gestión pública 2006 que
divulgó la CGR, las calificaciones de un buen número de Corporaciones
Autónomas Regionales son muy insatisfactorias.
 

"Este sector había mostrado en años anteriores una recuperación interesante,
pero en la vigencia 2006 presentó un grave retroceso. De 32 Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible auditadas, 15 no recibieron
el fenecimiento de la cuenta mientras que en 2006 sólo 7 no recibieron
fenecimiento.
 
De las 15 que no recibieron fenecimiento  11 se consideran en situación de
alerta y 4 en situación crítica. Además, de estas mismas, 13 desmejoraron su
calificación en comparación con 2005.
 
Según el Contralor Turbay Quintero, dentro del conjunto de las entidades del
Estado este es, sin duda alguna, uno de los sectores más críticos. En vista
de esta situación, el efe del ente de control  aprovechó la presentación en
el Congreso de la República del Informe sobre el Estado de los Recursos
Naturales y el Ambiente 2006-2007, para hacer un llamado "muy cordial" a los
directores de la CAR, reelegidos y nuevos, a fin de que hagan un gran
esfuerzo dirigido a superar las falencias anotadas y den debido cumplimiento
a los planes de mejoramiento.
 
"Si no se toman medidas inmediatas y efectivas el futuro de la gestión
ambiental estará seriamente comprometido"", advirtió al respecto el
Contralor.
 
 Responsabilidad fiscal por contaminación
 
Acompañado de las directivas del Congreso, representantes de gremios,
organizaciones ambientalistas y voceros ciudadanos, el Contralor General
General de la República presentó públicamente el Informe sobre el Estado de
los Recursos Naturales y el Ambiente 2006-2007, en un acto que tuvo lugar en
el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.
 
En su intervención Turbay Quintero anunció que incorporará en el Proyecto de
Ley sobre el Código Único Fiscal, que se alista a presentar al Congreso de
la República, una propuesta sobre definiciones claras de daño patrimonial
ambiental que pueda ocasionar la acción de entidades públicas o personas
privadas, con  el fin de poder llevar a cabo procesos de responsabilidad
fiscal para hacer realidad el principio de que quien contamina paga. Es una
manera de contribuir a la adopción de un modelo de desarrollo sostenible y a
la defensa de nuestro patrimonio ambiental, subrayó.
 
"No podemos aceptar que se siga deteriorando el medio ambiente ni depredando
los recursos colectivos sin que los costos ambientales respectivos sean
resarcidos al Estado en unos casos, o prevenidos en otros", sostuvo Turbay
Quintero.
 
Finalmente, el Contralor consideró urgente aumentar la meta de reforestación
en general, pero especialmente de reforestación de cuencas hidrográficas.
 
Resultados del Informe sobre el Estado
los Recursos Naturales y el Ambiente 2006-2007
 
Con la presentación del Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y
del Ambiente 2006-2007, el Contralor General de la República, Julio César
Turbay Quintero, da cumplimiento a la obligación constitucional de presentar
al Congreso de la República una evaluación anual de la política pública
ambiental.
 
El informe comprende la evaluación la vigencia fiscal 2006 sobre el gasto
ambiental público, la gestión sectorial y los resultados del control fiscal
a las entidades cuya misión es la preservación del medio ambiente.
 
Además, en esta ocasión, se examinaron el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo 2002-2006 y los Planes de Acción Trienal de las Corporaciones
Autónomas Regionales. Del mismo modo, se analizaron las previsiones del Plan
de Desarrollo de la segunda administración del Presidente Alvaro Uribe
Vélez, y se estudiaron con profundidad la realidad y las perspectivas de la
prevención y atención de desastres y la gestión del riesgo, y la
planificación y el ordenamiento ambiental del territorio en Colombia.
 
Las siguientes son las principales conclusiones del informe presentado por
el Contralor Julio César Turbay Quintero:
 
*La Contraloría General de la República encontró que el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010 las acciones en materia ambiental se encuentran mejor
estructuradas que en el plan anterior, pues la agenda incluye criterios y
principios claros y desarrolla, de manera más amplia, el componente
ambiental.
 
*No obstante, persisten dudas y reparos sobre la fortaleza de los
mecanismos para financiar y ejecutar las acciones definidas para el
cuatrienio. De manera particular, se evidencia la escasa importancia que se
le asignó a las actividades relacionadas con el mantenimiento de la oferta
de bienes y servicios ambientales (su protección y conservación) en tanto se
fortaleció la atención de la demanda (la prestación de servicios públicos).
 
*Reflejo de la situación descrita es la baja asignación de recursos al
programa "Gestión Ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo
sostenible" frente al resto de programas que competen al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Así, de una asignación total de
$20,5 billones para el cuatrenio, sólo se destinarán $608 mil millones a tal
programa, es decir, apenas el 2,95%.
 
*La Contraloría manifiesta su preocupación sobre la tendencia a trasladar a
las CAR parte de la responsabilidad constitucional de los municipios de
atender, financiar y administrar la prestación de los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico, restándole posibilidades a la gestión
ambiental propiamente dicha.
 
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*En cuanto a la financiación de la gestión ambiental pública, los ingresos
que aportan el nivel central (compuesto por el Ministerio, la Unidad de
Parques, el Fonam y los Institutos de Investigación Ambiental) y las 33
corporaciones ascendieron a $1.16 billones (0.38% del PIB). Estos recursos,
a pesar de un pequeño incremento con respecto a 2005, sumados a las de otros
sectores, no alcanzan lo propuesto por el Banco Mundial como inversión
ambiental (1,4 a 2,5 del PIB), lo que limita seriamente la implementación de
las acciones y con ello compromete las sostenibilidad del país.
 
*No tiene explicación que Corporaciones como la CVC y la CAR de Cundinamarca
hayan tenido bajas ejecuciones presupuestales y sus recursos permanezcan en
bancos, mientras que los retos ambientales de su jurisdicciones permanecen
sin una solución de fondo. La CAR mantuvo en 2006 cerca de $129 mil millones
en fondos de inversiones y la CVC reportó, para el mismo año, más de 93 mil
millones bajo la denominación de saldo inicial de caja.
 
*Se ha evidenciado que los instrumentos de ordenamiento territorial,
particularmente los POT, no han sido suficientemente efectivos para
controlar el deterioro ambiental, mejorar la administración de la base
natural y, en suma, mejorar la calidad de vida de toda la población.
 
*La Contraloría General llamó la atención sobre el manejo y el tratamiento
que puedan estar  recibiendo los desechos radiactivos en el país.
Actualmente 285 unidades de desechos radiactivos están pendientes para
tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento en Ingeominas. El 69% está
constituido por fuentes selladas de Cesio 137, Americio 241, Estroncio 90,
Radio 226, Criptón 85 y Cobalto 60; el 6% resinas de intercambio iónico
contaminadas con material radiactivo y el 25% restante, desechos de menor
importancia.
 
El almacenamiento de los desechos citados no está diseñado para tal
propósito y a pesar de las modificaciones realizadas para mejorar la
seguridad, la protección radiológica y la organización, aún no se cumple con
estándares internacionales para instalaciones de este tipo. Adicionalmente,
la capacidad de almacenamiento ha sido excedida. Para el Contralor Julio
César Turbay Quintero, esta es una situación que merece una solución
inmediata ante el grave riesgo que significa.
 
*La evaluación realizada por la Contraloría General de la República permite
concluir que el país adolece de una política integral para la prevención y
atención de desastres; existe una gran desarticulación del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres y hay una gran debilidad en
materia de recursos técnicos, económicos y humanos para la gestión del
riesgo en los diferentes niveles e instituciones. Una muestra de ello es que
los recursos destinados a la prevención y atención de desastres son
irrisorios (0,009% del PIB) y que el sistema de información y alarma es
precario.