Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkdin

Ingresa a

Sergiovirtual

INGRESA A MOODLE

Haz Clic Aquí

Incorrecto

Ingresa a

SergioNET

Comunidad Sergista en línea



Olvidé mi contraseña
¿Cuál es mi usuario?

Ingresa a

Tucorreo

Si eres estudiante


Si eres FUNCIONARIO

haz clic aquí

Menu

El “HECHO SUPERADO”

No es una forma de evadir la justicia.

Por: Juliana Pabón*


desafio-redes-sociales-2018

El desafío de las redes sociales para funcionarios públicos es cada vez mayor. Si bien es cierto que la aparición de internet transformó la comunicación, también lo es que se ha convertido en un reto, principalmente, para quienes asumen cargos públicos, pues constantemente están siendo vigilados con lupa por cientos de miles de usuarios que navegan por la red. Anteriormente, para conocer la postura ideológica, opiniones, propuestas e ideas sobre ciertos temas que competen a estas figuras públicas, se debía sintonizar cierto canal de televisión o radio o comprar el periódico local.

Ahora, con la llegada y auge de las redes sociales en todos los ámbitos del ser humano, estas se han convertido en el escenario perfecto para informar, opinar y difundir masiva y eficazmente. No obstante, para funcionarios del Estado no es un tema del todo positivo. El año pasado se abrió un debate sobre si un funcionario público puede bloquear a un ciudadano en su cuenta de Twitter. En 2017 se conoció el caso sobre la acción de tutela que instauró Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, empresario procesado por el descalabro bursátil del Fondo Premium de Interbolsa, contra el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera. El caso fue presentando ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, donde la abogada del accionante argumentó:

A través de su cuenta personal de Twitter, Vélez Cabrera limitó la posibilidad de acceder a la información difundida y participar en conversaciones generadas a partir de esta a la familia Maldonado mediante su propia cuenta, vulnerando con este hecho sus derechos a la igualdad, acceso a la información pública y libertad de expresión. Tal situación no sería reprochable ni constituiría vulneración de derecho alguno, si se tratara de una cuenta en la que Vélez realiza manifestaciones no relacionadas con sus funciones como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; es decir, si el alcance dado a su cuenta no fuese una extensión de la entidad que representa”.

Maldonado manifestó que Luis Guillermo Vélez le vulneró varios de sus derechos fundamentales al bloquearlo de su red social, esto, debido a que el funcionario, quien aparece en Twitter como: @lgvelezc, a través de su cuenta personal difundía información de interés público que corresponde a su cargo, entre ella, el caso del demandante Víctor Benjamín Maldonado. En casos como el anteriormente mencionado es válido instaurar una acción de tutela contra un funcionario público por hacer un uso inadecuado de sus redes sociales al colgar a través de su cuenta PERSONAL y no institucional, información que es de interés público. Cabe recordar que las cuentas institucionales deben ser públicas para todos los ciudadanos, pues a través de estas se puede acceder a la información que compete a la comunidad en general; por tal razón resulta violatorio bloquear en redes sociales a un usuario, pues se estaría vulnerando su derecho constitucional a recibir información.

En el caso anteriormente mencionado, el demandado “funcionario público” estaba haciendo un uso inadecuado de sus redes sociales, dejando de ser una cuenta personal y pasando a ser una institucional por el contenido colgado a través de esta. Sin embargo, este caso no llegó a ser fallado debido a que el funcionario público se adelantó y desbloqueó al usuario, siendo esto para la Sala Penal de Tribunal como un “hecho superado” pues, la evidencia ya no estaba colgada y no existía un hecho que transgrediera los derechos fundamentales y que ameritara la intervención del juez constitucional. La Corte Constitucional define un “hecho superado” como:

El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez.

En pocas palabras, un hecho superado es cuando los actos que amenazan o vulneran los derechos fundamentales desaparecen, dejando de ser un riesgo; y en consecuencia, la “orden” a impartir por parte del juez, en principio, pierde su razón de ser, porque no hay perjuicio que evitar. Esta práctica es, ahora, usada recurrentemente en casos que se relacionan con redes sociales con el fin de evadir una sentencia condenatoria de fondo. Este fue el caso del acalde de Mesitas del Colegio, Óscar Mauricio Núñez Jiménez, quien luego de dos años de denunciar un perfil falso en Facebook que transgredía sus derechos fundamentales, el Tribunal de Cundinamarca resolvió una tutela a su favor, y pidió a la red social involucrada que eliminara el perfil falso donde se publicaba información injuriosa contra el funcionario.

Jorge Rodríguez (Mesitas denuncia)”, este era el nombre el perfil falso quien durante dos años realizaba afirmaciones en su contra, involucrando a su familia y a otros funcionarios de la alcaldía. Este perfil aparecía y desaparecía constantemente con el fin de que no rastrearan su ubicación y así hacerle un “quite” a la justicia.

El alcalde, quien en repetidas ocasiones denunció ante el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia (Mintic) y ante Facebook Colombia S.A.S. tal persecución virtual, no lograba que se eliminara este perfil porque al denunciarlo este desaparecía convirtiéndose en un “hecho superado”. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que “Bajo ninguna circunstancia es aceptable que se lancen improperios amparados en el anonimato de la red social accionada y menos que esta, a sabiendas de los contenidos publicados, no haga nada para evitarlos”. El Tribunal falló a favor del alcalde e hizo hincapié en la responsabilidad de la red social Facebook en casos como estos.

Se ordena a los señores Crehan Shane Hugh, Kling David William y Taylor Susan Jennifer Simone, en su condición de Gerentes Generales de Facebook Colombia S.A.S. o a la dependencia o funcionario que corresponda, que en un término de 48 horas, si no lo hubieren hecho aún, procedan a retirar o eliminar de la red social Facebook el perfil llamado “Jorge Rodríguez (Mesitas denuncia)” y tomar las medidas pertinentes para evitar que los mismos hechos se repitan a futuro”.

Evidentemente, las redes sociales son un desafío para la justicia colombiana cuando se trata de condenar hechos punibles en la red. Anticiparse, eliminar y evadir las responsabilidades de lo que se postea en estos escenarios virtuales es una modalidad cada vez más frecuente y preocupante, pues, este “hecho superado” puede convertirse en el saque perfecto para cometer ciberdelitos que afecten los derechos fundamentales.

Recientemente, el aspirante a la presidencia Gustavo Petro colgó en su red social Twitter una foto aparentemente falsa, donde el también aspirante político Iván Duque hacía un acto discriminatorio contra un hombre de raza negra bajo el título de “Cuando el discurso contra la discriminación es una mentira”. Inmediatamente el trino generó polémica en las redes sociales cuando apareció el hombre de la foto afirmando en su cuenta de Twitter que tal señalamiento de Petro era falso: “NO TODO VALE. La foto es FALSA. Soy quien sale en ella, el siguiente video muestra la verdad”.

Iván Duque por su parte escribió en su red social “La mentira vs la verdad: seguimos haciendo campaña con #SolucionesNoAgresiones”. El polémico trino fue eliminado de la cuenta del aspirante político, Gustavo Petro; aún no se sabe a ciencia cierta si la foto es o no una noticia falsa. Lo cierto es que de ser falsa la información colgada por el aspirante estaría transgrediendo los derechos fundamentales de su contendor Iván Duque. Sin embargo, pese a que se cometió un hecho injurioso y difamatorio, la justicia colombiana no podría intervenir, debido a que la publicación ya fue eliminada, es decir, un “hecho superado”. No obstante que la persona elimine el contenido publicado antes de que se dicte sentencia, el juez de tutela está obligado a emitir un fallo judicial en el cual puede conminar a la persona que hizo dicha publicación a que en el futuro se abstenga de repetir dicho actuar. Lo anterior ciertamente lo expondrá al escarnio público por su obrar irresponsable en su red social, recordando que en Colombia existen antecedentes judiciales relacionados con el tema.


*Observatorio de redes sociales de la Universidad Sergio Arboleda.

Comparte este contenido
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE