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En la actualidad se habla de un giro a la
izquierda en Latinoamérica. Bolivia, gracias a Evo Morales -por años reconocido
opositor y apasionado dirigente indígena aymara- cuenta en su presidencia con su
versión propia. Cuando el reloj de la historia marca ya una distancia larga con
los cerca de 300 años de borrascosa historia colonial española, nos recuerda
también las consecuencias de 180 más de desiguales experiencias políticas
autónomas en su país, que han transitado entre inestables intentos republicanos,
penosas dictaduras, golpes de Estado y juntas de gobierno pasajeras. Y
justamente apenas a siete años de haberse iniciado el nuevo milenio es que está
ahora por verse si las inquietudes que acompañan la realidad boliviana
prácticamente desde su fundación están por fin llamadas a desaparecer. La
pregunta, a pesar del desgaste por mantener una Bolivia unida en torno a una
reforma constitucional profunda, parece más relevante que nunca, debido a que el
triunfo de Morales fue producto de una contundente victoria electoral con una
masiva aprobación popular, que contó además con el respaldo de distintos líderes
internacionales.
Plantear estos interrogantes es viable, al mismo tiempo que sugerente el hacer
una revisión del leitmotiv central de las movilizaciones populares dirigidas por
Morales desde la cabecera de su partido MAS (Movimiento Al Socialismo), ya que
se trata de una fuerza popular surgida de una parte de la sociedad boliviana que
terminó provocando la caída de dos figuras presidenciales con anterioridad,
inspirada en una mezcla de nacionalismo de corte socialista y las
reivindicaciones propias de aquellos pueblos originarios de la nación
altiplánica. Entre las incógnitas que más resaltan alrededor del actual proceso
boliviano encontramos: (a) las consecuencias del grado de alineamiento con el
gobierno de Chávez; (b) las modificaciones a la política de hidrocarburos; (c)
la integración del Estado boliviano al proyecto del ‘anillo energético’; (d) el
mantenimiento de la unidad boliviana; (e) la política de inversión extranjera y
(f) las relaciones con Chile. El presente texto pretende aportar una reflexión
en torno a esta última cuestión a la que ahora se enfrenta el gobierno de Evo
Morales, uno de los puntos de mayor tensión en la agenda latinoamericana desde
hace más de un siglo, analizando sus elementos relevantes dentro del contexto
regional.
Para comenzar es preciso señalar que es difícil encontrar en la política
regional análisis que resientan la provocación de tomar bando, especialmente si
se trata de las relaciones entre Bolivia y Chile, dos de los tres ex contendores
junto a Perú del conflicto denominado la Guerra del Pacífico, acaecido entre
1879 y 1883. Por estos motivos, sin pretender pontificar en última instancia
sobre la materia, vale la pena en medio de la interesante coyuntura y el alto
interés que provocaron las llegadas de Evo Morales en Bolivia y –paralelamente-
en Chile de Michelle Bachelet al poder, intentar añadir una dosis de
racionalidad a la discusión.
Por eso partimos de una premisa fundamental: conviene analizar los problemas de
vecindad desde una perspectiva regional, luego de lo cual encontramos que
aquellos son más bien generalizados. La mayoría encuentra su origen remoto en la
aplicación del principio del uti possidetis y las consiguientes guerras post
independentistas. Señalamos entonces, conscientemente, que no se trata de
conflictos aislados, lo que desde un principio contradice la supuesta unicidad
de la demanda boliviana, toda vez que las disputas fronterizas y el uso político
de las mismas constituye una constante latinoamericana, atravesando
verticalmente la historia y transversalmente la totalidad del espacio desde
Texas a Cabo de Hornos. Aun más: pocos han sido los países que han depuesto las
demandas fronterizas en aras de elevar los estándares de cooperación e
integración internacional al interior de Las Américas.
Bolivia y la búsqueda del mar en medio de una gran crisis
Chile y Bolivia mantienen una disputa histórica que se podría resumir en las
dificultades a las que está sometida dicha nación por efecto de su
mediterraneidad y la correspondiente pretensión de alterar esta situación. La
experiencia bélica, para nada singular en Latinoamérica –reiteramos-, significó
el afianzamiento del dominio chileno más allá de las aspiraciones bolivianas.
Esta situación de hecho fue consolidada por un tratado internacional aun
vigente: el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia. Suscrito en Santiago
el 20 de Octubre de 1904 –a pesar de poseer un nombre que hoy parezca ilusorio-
contó con ratificaciones canjeadas en La Paz el 10 de Marzo de 1905, fue
promulgado el 21 de marzo y publicado en el "Diario Oficial" Nº 8.169 de 27 de
Marzo del mismo año. Posteriormente las soluciones que los gobiernos han
negociado, la mayor de las veces sin lograr acuerdos vinculables, se limitan a
la concesión de enclaves no soberanos, facilidades aduaneras y portuarias y,
finalmente, de un limitado corredor de tierra previa compensación geográfica. Al
tenor de los reconocimientos, explícitos y tácitos, es difícilmente razonable
pretender hoy retrotraerse a una situación similar a la anterior de la Guerra
del Pacífico.
El conflicto fronterizo chileno boliviano corresponde a aquellas situaciones en
las que existen una serie de verdades contrapuestas, incompatibles y excluyentes
entre sí. Las cuales, empero, no dejan de ser reales o bien, si se quiere, no
pierden su entidad en cuanto son aceptadas como tales por sectores
significativos de la población de las naciones comprometidas. Dicha aprobación
se construye y refuerza en el tiempo a través de una adecuada socialización. Con
esto no se pretende poner en tela de juicio la interpretación histórica de los
hechos que los países hacen de ellos. Aquí no cabe santificar ni demonizar a
figuras históricas como Daza, Pinto o Prado, sino tan sólo reconocer que las
razones que llevaron a la guerra del salitre son múltiples y dependientes de la
percepción de los gobernantes de la época. A este respecto basta recordar que en
el continente, a causa de la defectuosa demarcación colonial y la posterior
irreflexiva aplicación del uti possidetis, prácticamente ningún país mantuvo sus
fronteras intactas respecto al menos de tan solo uno de sus vecinos. La
posterior comprensión de dichos eventos marcó las relaciones entre los vecinos
latinoamericanos, fijándose a través de procesos políticos y sociales
deliberadamente dirigidos.
En el caso de Chile y Bolivia, a más de cien años del conflicto, aun no sólo no
se vislumbra una necesaria salida diplomática al problema, sino que la agenda
bilateral se encuentra por completo rebasada por la reivindicación territorial.
La presencia del presidente Lagos en la posesión de Morales y el anuncio de éste
de asistir a la de Bachelet en Santiago podrían indicar una distensión positiva.
No obstante, históricamente, las medidas hasta el momento diseñadas se han
mostrado insuficientes para alterar siquiera el estatus quo. A la dificultad
natural que dicha clase de negociaciones supone, se añade la negativa histórica
peruana de permitir que Chile conceda un corredor territorial a Bolivia en
terrenos que alguna vez le pertenecieron, tal como acordaron las dictaduras de
Banzer y Pinochet a finales de los setenta. Así pareciera que la demanda
boliviana sólo pudiese prosperar, previo canje territorial, a través de un
enclave único costero asociado a una servidumbre de tránsito (suponiendo que
dicho puerto esté lo suficientemente lejano de Arica, a modo de no necesitar la
venia previa peruana), o bien a través de un corredor territorial soberano que
divida a Chile en dos, como sería el resultado de la única alternativa que en su
momento estuvo dispuesto a apoyar por ejemplo, pese a su marcada retórica
latinoamericanista, el ex candidato presidencial de izquierda radical peruano
Ollanta Humala. Ambas alternativas presuponen lamentablemente un suicidio
geopolítico injustificable para la tierra de O’Higgins. Bosquejados algunos
elementos de la mediterraneidad boliviana, corresponde entrar a distinguir entre
aquellos referentes a la naturaleza misma del conflicto de los relativos a sus
posibles soluciones.
Primero se requiere comenzar con la naturaleza de la contiendas. Como se señaló
la situación actual es producto del proceso de descolonización, independencia,
creación y posterior consolidación de los nuevos Estados en la región. No se
puede olvidar que los procesos revolucionarios independentistas latinoamericanos
se caracterizaron en abolir definitivamente la dependencia de los habitantes de
los antiguos reinos indianos hacia la monarquía española por medio de complejos
eventos políticos y duras campañas militares, luego del último intento de hacer
sostenible una vía constitucional común a todo el reino tras la promulgación de
la Constitución de Cádiz en 1812 en momentos en que la Francia napoleónica
sometía la península ibérica. Si bien los habitantes de los territorios
americanos fueron en general el producto del mestizaje étnico y cultural entre
los antiguos conquistadores y los abatidos pueblos indígenas, se impuso entre
los líderes independentistas -especialmente en el caso de San Martín- el
criterio por el cual los criollos pasaron a ser nacionales de sus propias
patrias, sin referencia ulterior al pasado previo a la Colonia, algo acorde, por
aquel entonces, con el nuevo concepto de ciudadano surgido y consolidado en el
constitucionalismo republicano de los siglos XVIII y XVIX en occidente.
Desconocer que las fronteras latinoamericanas no lograron consolidarse
simplemente por la aplicación del uti possidetis, sino que lo fueron a sangre y
fuego entre quienes sólo poco antes lucharan codo a codo por la independencia,
distorsiona la percepción de la contienda limítrofe e insinúa una llana
ocupación carente de historicidad. La misma creación de Bolivia, en los
territorios comprendidos por la Audiencia de Charcas, había sido percibida poco
antes como un menoscabo para la Argentina en cuanto sucesora del Reino del Río
de Plata.
En segundo término, en lo relacionado a las soluciones implementadas, partimos
deconstruyendo algunos argumentos comúnmente citados. La situación chileno
boliviana en torno a las medidas aplicadas y aplicables no tiene un pronostico
muy halagador. Los gobiernos de Chile y Bolivia si bien no mantienen relaciones
diplomáticas, despliegan delegaciones consulares que por la importancia
atribuida y el tamaño cumplen en los hechos este rol. La demanda marítima
boliviana empero trasciende a la totalidad de las agendas bilaterales y
multilaterales en las que ambas partes se encuentran, de manera tal que las
cancillerías optan por negociar en forma reservada, o bien tan sólo durante los
escasos periodos en los cuales la situación interna boliviana permite ventilar
un limitado grupo de materias sin ser bloqueadas por elementos de la oposición.
La percepción boliviana respecto al papel que le cabe a Chile en su historia es
negativa, lo cual no debe extrañar a nadie producto de las derrotas militares en
la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana y la Guerra del Pacífico. Lo
llamativo del caso es el nivel de animadversión que la socialización boliviana a
través del discurso de la mediterraneidad genera en su población a más de cien
años de la última de las mentadas disputas. Puede afirmarse que éste ha sido la
mayoría de las veces el clima de la discusión, a pretexto de distraer o convocar
la atención de la opinión pública, o bien de descalificar a un contendor
político gracias a la invocación del tema por parte de actores de diversos
colores políticos, que prácticamente recitando textos de su propia de historia
nacional, tienden a sindicar a Chile como el principal causante de la pobreza y
la marginación que afecta a buena parte de la población altiplánica. En tanto
que quienes pretenden buscar un entendimiento se les sindica como defensores de
intereses foráneos.
La trama que envuelve el caldo de cultivo de la malquerencia boliviana a Chile,
aunque respetable como toda posición social y política, es compleja y
discutible. En él se entrecruzan variables como las citadas interpretaciones
históricas de los conflictos bélicos; el pronunciado estancamiento económico;
así como la segregación y frustración social que afectan a una elevada parte de
la población, especialmente las provenientes de los pueblos étnicos originarios.
Con lo anterior no aspiramos a señalar que el discurso de la mediterraneidad
tenga por único objeto legitimar el desigual orden social boliviano, sin
perjuicio de lo cual sí resulte posible afirmar que históricamente éste ha sido
usado en ese sentido. Por tanto no deja de ser curioso e irónico –aunque no
sorpresivo- que precisamente sean ahora quienes dicen representar a los diversos
grupos indígenas, tanto urbanos como rurales, cocaleros o no, quienes retomen el
discurso citado tornándolo en contra de las clases tradicionales dirigentes al
mismo tiempo que lo hacen contra Chile, colocando a éste país a la par del papel
que le correspondería jugar a la tradicional elite política boliviana. El
mecanismo puede ser poco original pero efectivo a la hora de movilizar a las
masas y legitimar a los actores políticos, aunque el ámbito de acción real del
futuro gobierno esté por verse, dado que aquel dependerá en gran medida de la
capacidad del MAS para mantener el apoyo de las propias fuerzas políticas que
antes sólo convocó para la movilización social.
Una salida al mar que no depende exclusivamente de Chile
Ya se recordó que las olas de protestas y movilizaciones sociales de toda índole
en Bolivia han sido la causa mediata o inmediata de las caídas de al menos dos
presidentes. Tomando en cuenta lo anterior la debilidad de los gobiernos
bolivianos es reseñable también como un punto importante que puede influenciar
el diseño de la política exterior de ese país. Los gobiernos paceños anteriores
han sido incapaces de encontrar una vía expedita que provoque la confianza en
sus interlocutores para alcanzar una solución definitiva al problema de la
mediterraneidad. El Gobierno de Evo Morales ha despertado respetables simpatías
no solo nacionales e internacionales, pero a la par generado preguntas sobre el
camino que podría seguir un marcado nacionalismo que se ubicase, si bien en el
contexto del aumento progresivo de una izquierda política en la región, en su
órbita pragmática y conciliadora cercana a la de Lula en Brasil o en su versión
radical más próxima a la de Chávez en Venezuela. El tema del alcance de las
expropiaciones y nacionalizaciones no parece tampoco completamente enterrado.
Yendo más lejos, de alcanzar un determinado gobierno el consenso nacional
adecuado, ¿Cuál desenlace convendría más a los intereses bolivianos? ¿Lo sería
el mejoramiento de las condiciones en las que operan los empresarios bolivianos
en los puertos chilenos, sean estos privados o concesionados? ¿O tendría éste
que involucrar necesariamente una cesión territorial soberana con acceso directo
al mar?
La primera alternativa choca con las más elevadas pretensiones bolivianas, que
ven en la propuesta sin bandera nacional más provocación que satisfacción. En el
caso de la segunda, parece poco probable que la población o el sistema político
chileno lo permitiesen fácilmente. ¿Aparecen realmente estas posibilidades como
deseables, aún desde un punto de vista ajeno a la contienda? Sin entrar a la
discusión acerca de la legitimidad de la demanda boliviana, conviene recordar
que una cesión territorial, sea unilateral o mediante canje de territorios, sólo
viene a colación si es considerada como necesaria y justa por ambas partes y no
encuentra una resistencia activa demasiado costosa en términos políticos para
los actores más relevantes del sistema. El carácter transformador asignado a un
eventual canje territorial es un supuesto esencial para que una decisión de esta
naturaleza resulte justificable a los ojos de los electores en un momento
histórico determinado, entendiendo por tal que los actores perciban que por la
vía de su aplicación la agenda bilateral sufrirá una modificación radical,
cerrando las diferencias fronterizas o bien reduciéndolas a cuestiones puntuales
más bien triviales. La nueva relación que naciese de un acuerdo tendría que
posibilitar que los vínculos de integración y cooperación puedan ser reforzados.
En otras palabras, los ganadores de semejante apuesta deben parecer ser más que
los perdedores de la misma.
Pero Bolivia seguirá estrellándose contra una pared si decide continuar
invocando la mediterraneidad como la causante de sus problemas internos y
conjurando la presión internacional en contra de Chile. Chile no considera justa
esta situación y su interpretación historiográfica es esencialmente diferente,
por lo que no aceptará una revisión de límites que suponga poner en duda su
soberanía por la vía de cuestionar la legitimidad de sus títulos. Especial
atención requiere por lo demás, el hecho que muchos son los países que han
fijado sus fronteras por medio de tratados posteriores a conflictos bélicos, y
en todos aquellos casos han debido renunciar a buena parte de sus expectativas
territoriales como lo ejemplifica -sin ir más lejos- la frontera peruano
ecuatoriana. Que la comunidad internacional o regional convenga en aceptar una
argumentación como la boliviana supondría poner en tela de juicio una serie de
situaciones jurídicas consolidadas, cuyos ejemplos son múltiples y en la mayoría
de data incluso más reciente al tratado chileno boliviano. Por otra parte, la
mediterraneidad como causal única de la situación desmejorada de desarrollo de
Bolivia no coincide con un necesario análisis racional de los múltiples factores
y variables con los que es comprensible la nación altiplánica, que darían cuenta
de las fallas estructurales sociopolíticas que lamentablemente parece padece.
Por su parte la política internacional chilena obedece al sentir mayoritario de
su población, para la cual no sólo no hay injusticia alguna en su actual
disposición geográfica ni mejor argumento que la revisión de su propia
interpretación histórica, sino que además no considera el mejoramiento de las
relaciones con Bolivia como altamente prioritarias. Los dos primeros elementos
se encuentran arraigados en la identidad colectiva nacional no siendo
susceptibles de cambios sustanciales por la vía rápida; en tanto que el segundo
es más bien volátil, coincidiendo parcialmente con los vaivenes de las economías
y los intercambios comerciales. Es decir, no existiendo incentivos evidentes en
la actualidad para modificar la conducta seguida respecto a la mediterraneidad
boliviana, parece poco probable que una nueva discusión tenga efecto. A no ser
que Bolivia convenza a los chilenos que pese a significar una renuncia a sus
expectativas, una modificación de fronteras representa para ellos beneficios
inmediatos y duraderos, como son el fortalecimiento de la paz y grados mayores
de cooperación e integración.
Cualquiera de las partes no se verá incentivada a participar en semejante canje
o cesión si entiende que la renuncia a una porción territorial en vez de poner
fin al conflicto sólo es asumida por la contraparte como una solución parcial.
Es por ello que, antes de desplegar una discusión acerca de la justicia o
injusticia de la demanda boliviana, es prudente cuestionar su oportunidad o por
lo menos su metodología. Es posible que en la actualidad no se den algunos
supuestos mínimos para que estos países inicien negociaciones tendientes a
encontrar una solución a la mediterraneidad diferente a las dispuestas por el
tratado de paz. Desde su perspectiva la cancillería chilena no se equivoca al
señalar que no existen problemas fronterizos con Bolivia, ya que los deslindes
con dicho país están claramente delimitados por el acuerdo internacional que
rige a las partes. Una solución distinta implicaría necesariamente que Bolivia
ofreciese compensar a Chile territorialmente, renunciase definitivamente a una
reivindicación territorial mayor y que ambas naciones entendiesen que con tal
arreglo comienza una etapa nueva en sus relaciones que deja atrás
definitivamente las disputas y reivindicaciones heredadas del periodo post
colonial. Para ello resulta imperioso que el gobierno paceño goce de la adecuada
representatividad y estabilidad a las que ahora con tanta expectativa e ilusión
aspiran sus seguidores y la comunidad internacional, requisitos para confiar en
que dichos compromisos correspondan a la voluntad soberana de los bolivianos y
no meramente a los de un gobierno accidental, cuyos compromisos podrían ser
borrados con el codo por el que le sucediera.
* Doctorantes en Ciencia Política, Universidades de Heidelberg y Libre de
Berlín (Alemania)
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