La redefinición de las actividades del Estado y la Administración Pública en el contexto de la gobernanza está fundamentada en la necesidad de establecer nuevas sinergias democráticas entre el Estado y el Sociedad Civil, de tal forma que permitan la emergencia de modelos de intervención pública (políticas públicas, gestión pública y ejercicio de facultades normativas) basados en la coordinación e interacción entre diferentes actores e instituciones (estatales y no estatales), así como en la (re)definición de un espacio común para implantar formas de responsabilización y legitimación en los ámbitos tradicionales de la representación política y las políticas públicas.

Desde la perspectiva del Estado y la Administración Pública, el establecimiento de dichos modelos supone el desarrollo de una serie de procesos modernizadores en los que además de corregir las carencias de la gestión burocrática, es imprescindible recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y sus respectivas administraciones.

Al margen de los cambios que se pueden generar mediante la incorporación de los instrumentos de la Nueva Gestión Pública (NPG - orientación al ciudadano-cliente, mayor libertad en la gestión de recursos humanos y materiales, calidad, medición de resultados, receptividad ante la competencia, etc.), la recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía no puede obviar la búsqueda de una nueva legitimidad y consenso en torno a lo público.

En términos de gobernanza, la legitimación del Estado y la Administración Pública implica una profunda revisión de los canales tradicionales de la participación política y ciudadana y por lo tanto, de la presencia de la ciudadanía y la sociedad civil en todos los procesos de la acción pública. La coordinación, interacción y mutua responsabilización a la que alude la gobernanza no es una cuestión de abandono o anulación de las funciones y estructuras estatales sino por el contrario, de su fortalecimiento y remodelación política respecto a las transformaciones experimentadas por el Estado y la Sociedad en las últimas tres décadas.

En este sentido, el principal desafío al que se enfrentan el Estado y la Administración Pública es precisamente el de revitalizar su rol político, a través de una postura de liderazgo e innovación en la gestión de los asuntos públicos que, desde luego, ha de ser consecuente con los requisitos básicos para el funcionamiento de la democracia, así como con la diversidad, complejidad y dinamismo que caracterizan a las sociedades contemporáneas.

Asumir una postura de liderazgo público e innovación desde el Estado y la Administración Pública comporta un proceso que necesariamente debe estructurase en torno a tres niveles de actuación: el político-normativo, el de las políticas públicas y el de la gestión pública.

En el nivel político-normativo se requiere la definición e institucionalización de los medios que garantizan la existencia efectiva de un modelo de intervención pública basado en esquemas de gobernanza democrática (interacción, sinergias, participación, responsabilidad, rendición de cuentas, etc.), al tiempo que se reivindica el rol político del Estado respecto a sus deberes y responsabilidades fundacionales (derechos humanos, seguridad, justicia, equidad, cohesión social, etc.).

En el nivel de las políticas públicas se debe garantizar la participación de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas (diseño, implantación y evaluación), desde una perspectiva que combine la representación de los intereses sectoriales con los principios de igualdad de oportunidades y cohesión social. De igual forma, es importante que el ciclo de las políticas esté plenamente insertado en el modelo de intervención pública y, sobre todo, que responda a criterios de estrategia, coordinación y coherencia.

Por último, en el nivel de la gestión pública se deben reforzar los procesos modernizadores en sus múltiples facetas instrumentales y contingentes (planeamiento estratégico, gestión de calidad, flexibilidad de las organizaciones, medición de resultados, marketing público, tecnologías de la información, etc.).

En cada uno de los niveles anteriormente descritos, el nuevo liderazgo del Estado y la Administración implica la creación de escenarios de gobernanza en los que la ciudadanía y la sociedad civil puedan participar activamente del proceso de toma de decisiones. En efecto, el desafío para quienes detentan cargos de responsabilidad en el Estado y la Administración consiste en establecer un ejercicio adaptativo de su autoridad (formal e informal) en el que, ineludiblemente, se ha de seguir un doble proceso de aprendizaje respecto a la gobernanza y el rol político que el Estado desempeña en la misma.

Aunque resulte obvio mencionarlo, este nuevo liderazgo en el Estado y la Administración sólo adquiere sentido en la medida en que sus funcionarios y responsables públicos asuman como propia su gestión política y como tal, contribuyan a renovar la legitimidad y respaldo por parte de la ciudadanía. Como bien señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE: 2001), el liderazgo público que demanda la gobernanza no es una actividad neutra y por ende, requiere que los funcionarios y responsables (públicos) promuevan e interioricen sus adaptaciones institucionales.

La gestión política del nuevo liderazgo público consiste justamente en realizar un trabajo adaptativo de aprendizaje en el que se auto reconocen los roles políticos de la función pública contemporánea (gobernanza) y a su vez, se promueven modelos de intervención pública en los que la ciudadanía pueda abordar y decidir conjuntamente los problemas de interés colectivo.

En el caso específico de los funcionarios y responsables públicos que han formado parte de la generación de mecanismos de participación ciudadana y política de los jóvenes (siendo jóvenes o no), el nuevo liderazgo público adquiere especial relevancia en la medida en que permite conjugar los aspectos centrales de la gobernanza con las políticas de juventud, pero sobre todo porque contribuye a dinamizar la experiencia cívica de los jóvenes en relación con el nuevo consenso en torno a lo público y la legitimidad del Estado.

Al igual que sucede con el Estado y la Administración Pública en su connotación más general, asumir este nuevo liderazgo público comporta una actuación diferenciada en los niveles anteriormente descritos que, desde luego, ha de responder a las particularidades y necesidades globales de los jóvenes.

En el nivel político-normativo dichas actuaciones deben estar orientadas a superar el principal obstáculo que enfrentan los jóvenes para comprometerse activamente en los asuntos públicos, es decir, el no reconocimiento de su condición de ciudadanos y por consiguiente, su capacidad y legitimidad para influir en los procesos sociopolíticos que los afectan directa e indirectamente. Como señalan Benedicto y Morán (2003), es importante reconocer a los jóvenes como miembros plenos de sus comunidades sociopolíticas, sin por ello dejar de atender a las peculiaridades de su propia condición juvenil. Desde esta perspectiva, los funcionarios y responsables públicos pueden desempeñar un papel clave en la construcción normativa de una nueva ciudadanía, la cual ha de definirse como una forma colectiva de pertenencia activa a una comunidad sociopolítica más que como un simple estatus individual vinculado al disfrute de determinados derechos. De igual forma, pueden potenciar la construcción de una nueva legitimad y consenso en torno a lo público, dado que dicha noción de ciudadanía permite desarrollar identidades y sentimientos de pertenencia favorables a la participación en la esfera pública, a través de los diferentes esquemas de la gobernanza democrática (Benedicto y Morán: 2003).

En el nivel de las políticas públicas es necesario trabajar sobre dos aspectos básicos de la ciudadanía de los jóvenes: la presencia y el protagonismo. La presencia se refiere a las políticas necesarias para que los recursos de ciudadanía (en el marco gobernanza) puedan ser puestos práctica. Concretamente, los referentes a la existencia de un entorno socioeconómico que permita el acceso y el ejercicio de la ciudadanía al mayor número posible de jóvenes, así como los diseños institucionales y políticas sectoriales específicas para la juventud. El protagonismo se refiere al hecho de dotar a los jóvenes de una voz eficaz y de las capacidades necesarias para el cambio social. De acuerdo con los autores anteriormente citados, en este caso el ciclo de las políticas debería orientarse hacia dos aspectos: en primer lugar, aumentar la influencia de los jóvenes en la definición de la agenda de políticas (y su respectivo debate sobre los asuntos públicos) y en segundo lugar, facilitar la participación de los jóvenes en un conjunto más amplio de procesos de toma de decisiones (políticas de empleo, vivienda, ambiental, etc.) evitando así la habitual reducción del ámbito de la participación juvenil a temas relacionados con el ocio y el tiempo libre.

Por último, en el nivel de la gestión pública es importante que no sólo se mantengan los procesos de modernización de la NGP, sino que también se establezcan estrategias de comunicación y marketing público que realmente lleguen a los jóvenes, les sensibilicen y les hagan sentir que su experiencia cívica se materializa en la cotidianidad de las actividades de la Administración.

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http://www.clad.org.ve/siare/biblo/biblo_l.html

* Politólogo Universidad Javeriana Bogotá. Maestría y candidato a Doctorado Universidad Complutense de Madrid, España.