Las Pymes: Vitales
para la recuperación del crecimiento económico
Patricia Cárdenas Santa María,
Presidenta de ASOBANCARIA, COLOMBIA
Quiero agradecer a Infopyme y a la doctora Gloria Esse de Niño la
organización de este importante y oportuno foro, así como la invitación
que me extendieron para participar en la sesión de instalación. No fue
difícil aceptarla, los temas que hoy se debatirán forman también parte de
la agenda del sector financiero y constituyen para nosotros un serio
compromiso con el desarrollo empresarial del país.
Los felicito, además, por crear este escenario en el que los banqueros,
tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo, y los
empresarios de la pyme tendrán oportunidad de intercambiar opiniones, de
conocer problemáticas y de esbozar soluciones que permitan a la economía
colombiana salir del letargo de los últimos años.
Las micro, pequeñas y medianas empresas están llamadas a jugar un papel
crucial en la recuperación de la senda del crecimiento económico del país.
Esta es una realidad. Basta con mirar algunos indicadores conocidos por
todos los presentes: representan alrededor del 96% del total de empresas
del país, generan cerca del 63% del empleo, y aportan el 25% del PIB.
Según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras,
ANIF, publicado en octubre de 2001, existen dos elementos que han
propiciado el gran dinamismo de las Pyme en los últimos años: su mayor
vocación de exportación en la industria manufacturera y el manejo flexible
de los costos, en especial los laborales.
Sin embargo, a pesar de su gran importancia económica y social, este es el
grupo de empresas que enfrenta más obstáculos para su desarrollo:
problemas de acceso a los mercados, barreras tecnológicas, dificultades
para obtener recursos de crédito del sector financiero y baja oferta de
mano de obra de tecnólogos y técnicos.
A pesar de no ser el más decisivo, el problema del crédito es el que
aparece con más persistencia en los debates públicos. Esto se debe a la
necesidad diaria de obtención de recursos por parte de estas empresas.
No deberíamos sorprendernos. Situación similar se registra en los países
de la Unión Europea en los cuales, según el Sexto Informe del Observatorio
Europeo para las Pymes, una de las principales limitaciones que enfrentan
en el acceso al crédito que se ve restringido aún más en cuanto menor es
el tamaño de la empresa.
En los Estados Unidos la situación no es diferente, la percepción que
tiene el sector privado acerca de la financiación de las empresas pequeñas
es de alto riesgo y gran incertidumbre.
Curiosamente, compartimos esta parte del diagnóstico con los países
desarrollados; y no es para menos, teniendo en cuenta que en ellos la
mipyme también representa una porción notable de sus agregados. En la
Unión Europea, por ejemplo, las mipyme constituyen alrededor del 95% del
universo empresarial y generan el 53% del empleo. En Estados Unidos
existen aproximadamente 25 millones de empresas pequeñas que proveen cada
año cerca del 75% de los nuevos empleos de la economía.
Las diferencias entre países surgen de la forma de respuesta no sólo al
problema de financiación sino a los diversos obstáculos antes mencionados.
En los países desarrollados se ha implementado, desde hace varias décadas,
un amplio espectro de políticas de apoyo a las empresas y se han orientado
ingentes recursos hacia la diversificación de las fuentes de financiación.
En el caso de la Unión Europea, el principio rector del apoyo al
desarrollo empresarial es que “Una política de empresa es fundamental para
lograr un desarrollo sostenible”; en el de los Estados Unidos múltiples
documentos del gobierno hacen referencia a que “La pequeña empresa es la
base que soporta la capacidad productiva de la Nación, estimula la
innovación y genera empleos”.
Para la Comisión de las Comunidades Europeas, que da a este tema un lugar
preponderante dentro de la economía del conocimiento, cada vez es más
palpable el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas en la
creación de empleo. Ello significa plena conciencia de la asunción del
riesgo, un entorno empresarial que permita su desarrollo e innovación y el
acceso mercados nacionales e internacionales.
Como vemos, la importancia otorgada por dicha Comisión al tema del
financiamiento de las empresas es ampliamente superada por la concepción
basada en la visión integral de la problemática de las empresas.
En Colombia hace apenas dos años se aprobó una normatividad que busca
enfrentar el problema de manera integral. En la Ley 590 de 2000, o Ley de
Mipymes, se establecieron mecanismos para apoyar y facilitar el acceso a
la tecnología, la ampliación de la oferta de mano de obra calificada, la
penetración de mercados internos e internacionales, la financiación, las
fuentes de información y la capacitación. Adicionalmente, se creó un marco
institucional que velará por el diseño e implementación de planes de
desarrollo para la mipyme, así como el seguimiento y la medición del
impacto de las políticas adoptadas.
Sin duda, la Ley de Mipymes es un hito en la política de desarrollo del
país y es imperioso el apoyo de toda la sociedad para garantizar su
aplicación global, para afinar continuamente sus instrumentos y para
superar los inconvenientes que vayan surgiendo. Emulando a los países
desarrollados, debemos dar a la política de empresa un pedestal propio que
la convierta en el principio rector de la política de empleo y de
crecimiento económico de Colombia.
Partiendo de la base de que la problemática de las mipyme tiene múltiples
aristas, retomemos el tema de la financiación.
En Colombia, como en otras economías de la región, el problema del acceso
al crédito es más agudo porque la mayor parte de la demanda se canaliza
hacia el sector intermediado, es decir, los establecimientos de crédito
(bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento
comercial).
Una proporción muy pequeña de la demanda de crédito logra tener acceso a
recursos del sistema financiero no intermediado, es decir, el mercado de
acciones, el mercado de derivados y el de renta fija; estos son
actualmente mercados de reducido tamaño, baja liquidez y poca profundidad.
Este hecho le resta flexibilidad y dinamismo a la consecución de fondos
por parte de los agentes deficitarios y torna muy rígida su estructura de
capital.
La percepción del mercado sobre el alto riesgo que existe en las empresas
nacientes o en sus primeras etapas de desarrollo hace que sea muy escasa
la oferta de recursos por parte de agentes especializados, dispuestos a
asumir este tipo de riesgos. Una de las razones más importantes por las
cuales las empresas nacientes reciben menos recursos de crédito que las
maduras, tiene que ver con sus altos niveles de mortalidad: en Colombia
desaparecen cerca del 50% de las microempresas en el primer año y del 75%
durante el segundo.
La consecuencia, por lo tanto, es que la presión relativa sobre las
entidades financieras es mucho mayor que en países desarrollados. En éstos
la financiación de las empresas en las primeras etapas de crecimiento
generalmente es atendida por los llamados Angel Investor y los Fondos de
Capital de Riesgo. Las empresas más prometedoras son apoyadas por este
tipo de agentes que aportan hasta el 50% del patrimonio y permanecen como
socios hasta un plazo máximo de 10 años. Durante ese periodo apoyan la
adopción de tecnologías, la excelencia en el manejo gerencial, la
provisión de información transparente a los mercados y, consecuencia de
ello, la valorización de las empresas, pues ahí radica su posibilidad de
obtener elevadas tasas de ganancia o el riesgo de perder el capital
invertido. Cuando estos agentes logran salir realizando sus ganancias,
dejan en la economía una empresa en sólido proceso de crecimiento y con
una estructura de capital más diversificada. Por lo general, además de los
aportes de nuevos accionistas, las empresas ya han logrado financiación
bancaria de corto y mediano plazo.
El vertiginoso incremento en los desembolsos de capital de riesgo en
Estados Unidos en la última década ha dejado enormes beneficios para esa
economía, así como lecciones sobre las bondades de este instrumento de
financiamiento. Entre ellas cabe destacar el incremento de la
participación de los hogares en el mercado de capitales, la orientación de
recursos financieros hacia proyectos de investigación y desarrollo
–especialmente hacia empresas con un alto contenido tecnológico- y un
mayor acceso de las empresas al sector bancario una vez éstas empiezan a
revelar al mercado información de calidad.
En estas primeras etapas, algunas empresas también cuentan con el apoyo de
incubadoras, que reducen la alta mortalidad típica de sus primeros años de
vida, y de fondos de garantías, bien sea públicos o privados, que
comparten los riesgos de crédito con las entidades financieras.
En el caso de las empresas maduras, es ampliamente conocido que el acceso
a los diversos instrumentos que ofrecen los mercados de capitales en los
países desarrollados les permite optimizar su estructura de capital y
reducir el uso de recursos del sector financiero.
El contraste de esta realidad de los países desarrollados con la que
enfrentan nuestros empresarios es muy marcado. La incursión de los Fondos
de Capital de Riesgo en nuestro país ha sido tímida; se ha concentrado en
la conformación de unos pocos fondos privados y de un fondo público creado
bajo la Ley 590.
La presencia de estos Fondos con capital extranjero en América Latina en
la última década y hasta el año 2000, significó recursos por un total de
$15.000 millones de dólares, con un tamaño promedio de los fondos que
oscilaba entre los US$ 25 y los US$ 1.000 millones. Estos fondos
orientaron sus inversiones hacia los sectores de telecomunicaciones, T.V.
en cable, alimentos, productos agroindustriales y comercio,
principalmente.
Infortunadamente la inversión de los Fondos de Capital de Riesgo
extranjeros en Colombia ha sido muy limitada por la falta de incentivos
fiscales por parte del Estado para su conformación, por falta de socios
locales y por la incertidumbre macroeconómica que caracterizó a nuestra
economía en la segunda parte de los años noventa. Por estas razones los
fondos con recursos extranjeros alcanzaron apenas el 2% del total de los
recursos que ingresaron a Latinoamérica. La mayor participación dentro del
total de recursos externos la han tenido Brasil, Argentina y México.
Las incubadoras de empresas han hecho su aparición, pero en términos
generales hasta ahora tres o cuatro están cumpliendo con relativo éxito su
función.
En materia de riesgos compartidos sí se ha tenido una experiencia
positiva. Desde los años ochenta existe en Colombia el Fondo Nacional de
Garantías, que es una entidad de carácter público. Hace unos años el Fondo
fue sometido a una reestructuración que le ha dado una gran dinámica y sin
duda está cumpliendo un importante papel para el acceso al crédito de la
pequeña empresa.
La información disponible del Fondo Nacional de Garantías a marzo pasado,
muestra que el crédito movilizado para el programa empresarial pasó de
tener un total de 4.135 beneficiarios en el año 2001, a 7.389 en el primer
trimestre de 2002. En términos de desembolsos de crédito, éstos se han
incrementado en un 211%, hasta alcanzar la suma de $142 millones de pesos
en el primer trimestre del año. Estos datos permiten ilustrar el dinamismo
que ha tenido la movilización de crédito a empresas pequeñas con garantías
públicas, que cuentan con menos de $4 mil millones en activos.
Por fortuna, el país empieza a entender la necesidad de dar impulso a
nuevas opciones de financiación de las empresas y la importancia de
reducir su mortalidad. Ello se refleja tanto en las políticas del gobierno
como en diversas iniciativas privadas.
Una labor conjunta de gobierno, sector financiero y entidades
especializadas en las microfinanzas ha permitido cambios regulatorios que
el sistema financiero venía reclamando de tiempo atrás. Me refiero
específicamente a la identificación del crédito para la microempresa como
un nuevo tipo de cartera y la clasificación del crédito a las pyme como
crédito comercial. Antes eran clasificados como crédito de consumo, con un
régimen de provisiones que lo tornaba más oneroso. La incidencia de esta
medida es enorme, pues no sólo alivia un factor de costos, sino que el
mercado intermediado va a comenzar a generar información sobre este
segmento de industria, lo cual permitirá evaluar su comportamiento y su
potencial crecimiento.
Así mismo, se ha venido trabajando sobre programas de fomento de
exportaciones para mipyme a través de instituciones como Proexport y
Bancoldex. Además, se ha dado paso a la conversión del IFI en banco de
segundo piso con énfasis en la mipyme. Sus resultados entre enero y julio
de 2001 muestran que 9.653 mipymes han sido beneficiadas.
Como consecuencia de la profunda crisis económica de 1999, las empresas
del sector real vieron menguado su patrimonio y, con ello, se redujo su
capacidad de adquisición de nuevas deudas. En el año 2000, en el marco de
la Asamblea de Acopi, la Asobancaria lanzó la propuesta de un Fondo de
Capitalización Empresarial. Esta idea, que contó con el acompañamiento del
gremio de los pequeños y medianos empresarios, fue acogida e impulsada por
el Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros de Desarrollo y de
Hacienda. En noviembre del año pasado se estableció el Fondo, como una
línea de redescuento del IFI, con un monto de recursos de $300 mil
millones de pesos.
Pese al poco tiempo de operación que lleva el Fondo de Capitalización, ya
se hacen evidentes los resultados. La información disponible del IFI
muestra que hasta el pasado mes de marzo se han redescontado cerca de $48
mil millones por parte de 610 empresas. Más significativo aún, es que
cerca del 42% de esos recursos se desembolsaron en el último mes. Con toda
seguridad, antes de concluir el año se habrá colocado el total de recursos
del Fondo y un número importante de empresas habrá retornado a la ruta de
la expansión.
Por su parte, el sector financiero ha mostrado un creciente interés en la
financiación de las pymes y en algunos casos de las microempresas. De
tiempo atrás, algunas entidades incursionaron en el campo de las
microfinanzas, al punto que se constituyeron en un ejemplo a seguir por
otras economías emergentes; basta con citar a Finansol, hoy Finamérica, y
al Banco Caja Social, que son tomados como modelos de estudio en el campo
de la financiación de las empresas pequeñas.
Las experiencias de Finansol y de la Caja Social marcaron una senda por la
cual han empezado a caminar otras entidades financieras; algunas, que
tenían experiencia en pymes, incursionando en la financiación de
microempresas y otras, tradicionalmente orientadas a los segmentos de
empresas medianas y grandes, entrando con gran entusiasmo a la
financiación de empresas pequeñas.
Estoy segura de que muchos de los empresarios que hoy nos acompañan son
testigos del creciente número de entidades financieras que ofrecen crédito
al segmento de las pymes. Varias de ellas, como Megabanco, Bancolombia,
Banco de Bogotá y Bancafé están incluidas en la agenda del seminario, por
lo que tendrán la oportunidad de brindarles una amplia información sobre
sus líneas de crédito.
Al interior de otras entidades financieras se está llevando a cabo un
cambio organizacional y se le está prestando toda la atención al nuevo
destino de la cartera, a través de la creación de áreas especializadas en
la evaluación financiera del microcrédito y del crédito a la pyme, su
seguimiento y su inherente evaluación del riesgo asociado.
El papel de la Asobancaria en este proceso ha sido el de apoyar
decididamente el desarrollo de mecanismos para aprovechar al máximo la
atención que se le está prestando a la mipyme. Con ese fin, la Asociación
conformó un comité técnico especializado en el microcrédito y el crédito a
la pyme. En él se estudia la problemática de este tipo de crédito, se
difunden experiencias exitosas y se realiza una labor de divulgación del
conocimiento en la materia.
Por otra parte, como resultado de los “Encuentros Nacionales de
Competitividad y Productividad”, impulsados por el Ministerio de Comercio
Exterior, en el año 2001 fue creada la Red de Finanzas con el propósito de
estudiar los obstáculos de la financiación para el desarrollo productivo
de las empresas y proponer soluciones para lograr mejoras en
competitividad. La Asobancaria, es la entidad coordinadora del sector
privado en la Red, en tanto que la Superbancaria es la contraparte de
coordinación del sector público.
En coherencia con la visión planteada, respecto a la importancia de crear
mecanismos para la diversificación de la estructura de capital de las
empresas en sus primeras etapas de crecimiento, la Red ha venido
trabajando sobre el tema de los Fondos de Capital de Riesgo como
alternativa de financiamiento y mecanismo para contribuir a la
profundización y democratización del mercado de capitales. El objetivo
último es elaborar una propuesta al gobierno para impulsar el
florecimiento de esta actividad de riesgo en el país. En esta materia es
necesario encontrar mecanismos para canalizar los excedentes de ahorro de
la economía hacia este tipo de fondos. Facilitar el acceso de los
inversionistas institucionales les permitiría diversificar mejor su
portafolio bajo claras normas de regulación prudencial. A su vez, se crea
la opción de establecer alianzas estratégicas con fondos internacionales.
Para terminar, quiero refererirme brevemente a un tema que resulta crucial
al momento de estudiar la financiación de la mipyme y es el de la
información. Cuando un empresario se acerca a una entidad financiera a
solicitar un crédito, se plantean para la entidad dos tipos de problemas:
de un lado, la ausencia de información contable ordenada o la baja calidad
de ella en los casos en que existe; de otro, la ausencia casi total de
información sobre microempresas y pymes, que permita realizar un buen
estudio de riesgo sectorial. En estos dos campos hay que avanzar de forma
significativa; esos no son sólo requisitos de los bancos sino también de
los fondos de capital de riesgo.
En algunos casos, el manejo serio de la información contable no se hace
porque es muy oneroso con respecto al tamaño de la empresa. Así como
muchas facultades de derecho cuentan con un consultorio jurídico que
permite la realización de prácticas a los estudiantes y el acceso a la
justicia a personas de escasos recursos, debería pensarse en algo similar
para que las universidades puedan brindar asesoría contable a las empresas
a las que les resulta costoso disponer de una contabilidad ordenada.
En materia de información sectorial es imperativo que el DANE aborde el
estudio periódico de las mipymes, mediante encuestas mensuales que
permitan obtener mediciones de diversa índole en todos los segmentos de la
actividad económica. Actualmente sólo se cuenta con información periódica
de empresas medianas y algunas pequeñas de la industria; pero es
prácticamente desconocido lo que está ocurriendo en la mipyme de los demás
sectores.
Este es el panorama sobre el cual tenemos que trabajar y desarrollar ideas
que permitan que ustedes cuenten con una gama más amplia de mecanismos de
financiación, pero también con acceso a todos los otros aspectos
contemplados en la Ley Mipyme para superar los múltiples obstáculos que
enfrentan las empresas. No me cabe duda de que su impacto en la generación
de empleo y sus aportes a la creación de valor agregado serán definitivos
para mejorar los niveles de bienestar de un elevado porcentaje de nuestra
población.
Bogotá, abril 9 de 2002
