Representante analiza séptima ronda
del TLC
Este
documento es un análisis del representante por Bogotá, Wilson Borja,
sobre la séptima ronda del Tratado del Libre Comercio con Estados
Unidos. Borja expone y evalúa tres temas: ¿hacia donde van las
negociaciones? Perspectivas y consultas sobre el TLC al país.
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La perspectiva
La expectativa de lograr un acuerdo de libre
comercio con los Estados Unidos antes del 1º de enero, meta
inicial con la que inició la negociación tuvo un cambio
importante en la medida en que se consolida la victoria de
George Bush en las elecciones presidenciales del año pasado.
Ante la incertidumbre del proceso, y el anuncio del candidato
demócrata John Kerry de revisar la estructura del acuerdo, las
rondas de Tucson y Guayaquil avanzaron a marchas forzadas para
lograr una definición lo más amplia posible del acuerdo final.
La premisa de los negociadores de Colombia “nada está firmado,
hasta que todo esté firmado” parece haber quedado en el olvido
al haberse alcanzado acuerdos que parecen definitivos en
sectores como acceso a mercados, telecomunicaciones, propiedad
intelectual, compras del sector público, entre otros.
Elementos de menos importancia han salido a la luz pública, y
han cubierto el verdadero eje de las negociaciones, la propuesta
norteamericana de que ingrese a los países andinos ropa
norteamericana usada, así como manufacturas y partes de segunda
para vehículos, fueron los elementos más sonados de la
negociación, aparte de ello los puntos álgidos como el de
agricultura, y propiedad intelectual que son los de mayor
impacto para nuestra economía se manejan en la mayor reserva.
En el campo de propiedad intelectual los países andinos
concedieron mayores ventajas en el otorgamiento y uso de
patentes, a cambio de que Estados Unidos renuncie a las patentes
de segundo uso, patentes sobre procedimientos terapéuticos de
diagnóstico y quirúrgicos y a las patentes sobre especies
vegetales y animales así como la renuncia a las importaciones
paralelas y la oposición de terceros a solicitudes de patentes.
Sin embargo, dicha propuesta es de esperar que no prospere por
parte de los Estados Unidos, porque en ella se centra su
política respecto a la propiedad intelectual, por tanto se
espera una contraoferta, exigiendo de los países andinos un
mayor sacrificio, lo que es cierto es que los norteamericanos
mantienen la exigencia de que los andinos se acojan al protocolo
de Madrid que implica el sometimiento del registro de marcas
nacionales a los acuerdos logrados por los países
industrializados, cosa que obstaculizaría el comercio nacional
con el exterior; esta cláusula también se le propuso a Chile y a
los países centroamericanos sin éxito.
Sin embargo las concesiones colombianas y de los otros dos
países en la materia, son excesivamente dadivosas por cuanto la
extensión de las patentes por demoras injustificadas tiene un
costo de varios millones de dólares para el mercado nacional de
acuerdo a un estudio realizado por la Organización Panamericana
de la Salud ante la dificultad generada para acceder al mercado
de genéricos, y no es un secreto que en cuestión de medicamentos
el gobierno nacional está del lado de las multinacionales
farmacéuticas y no de la industria farmacéutica nacional.
En cuestión agrícola, las cosas siguen sin claridad puesto que
la política agropecuaria en ambos países sigue siendo ambigua,
porque mientras las partes acuerdan un tratado de liberación
comercial sobre los productos agrícolas, los Norteamericanos
insisten en que la eliminación de los subsidios a la producción
agrícola no es un tema a tratar en el TLC sino en el marco de la
OMC, y Colombia debe recurrir a medidas transitorias de
protección ante el malestar social que genera un mercado
agrícola nacional que inmediatamente se llena con productos
norteamericanos, y que significa una pérdida masiva de empleos y
la quiebra de medianos y pequeños agricultores.
El hecho central es que hasta el momento, Estados Unidos no cede
en su política proteccionista y exige a los andinos la
eliminación de las franjas de precios que son el único
instrumento con el que se cuenta para defender la producción
nacional ante la producción agrícola subvencionada. La respuesta
de los negociadores colombianos es ambigua, prometen que Estados
Unidos cederá en el desmonte de ciertas subvenciones, y
flexibilizará las normas sanitarias y fitosanitarias, asegurando
un acceso real de los productos colombianos al mercado
norteamericano, pero negocia en la mesa producto por producto,
lo cual es una forma “discreta” de acogerse a la eliminación de
las franjas de precios, al tiempo que no logra ninguna concesión
de los norteamericanos en la materia. Se espera que el avance en
el tema agrícola sea álgido y que la presión norteamericana para
lograr concesiones de los andinos sea fuerte.
Pero las concesiones norteamericanas como respuesta a las
pretensiones colombianas han sido por decir lo menos
insignificantes, ni en la mesa de acceso a compras públicas, ni
en acceso a bienes industriales ha habido avances y por el
contrario lo que ha habido es un mundo de concesiones
colombianas, incluso por encima de lo previsto en la famosa
matriz de intereses que fijaba los aspectos a negociar.
Es decir, que el balance de lo hasta ahora negociado, y las
perspectivas de la negociación en Cartagena nos llevan al mismo
terreno: Estados Unidos mantiene su punto inicial de obtener a
cambio de nada una posición ventajosa para su economía, para por
medio de pequeños tratados comerciales revertir la tendencia
comercial deficitaria que ostenta, consolidar su poder
geopolítico en América Latina y estrechar el cerco económico
sobre los “rebeldes” países de MERCOSUR cuya posición dio al
traste con la iniciativa ALCA, lo cual quedó confirmado con la
frase que hace algunos meses el secretario de comercio de los
Estados Unidos comentó a la prensa ante el evidente fracaso de
la iniciativa ALCA “quien no entre a ALCA tendrá que comerciar
con la Antartida”.
Sin embargo, las decisiones norteamericanas elevadas a la
categoría de acuerdos tienen fuertes opositores en el país,
diferentes organizaciones gremiales de productores, empresarios,
organizaciones sociales y sindicatos han mostrado su oposición a
las condiciones en que se negocia el tratado, la indignidad con
que es tratado el país -incluso en materia protocolaria como
quedó evidente en la ronda de Tucson- y es de esperar que el
panorama político se vea alterado en perjuicio del gobierno
Uribe por cuenta de las deshonrosas posiciones asumidas por los
negociadores nacionales en las diferentes mesas y la arrogancia
de los norteamericanos que se saben dueños de la negociación.
Para donde van las negociaciones
La amplitud de lo abordado en el TLC implica una
transformación profunda de nuestras instituciones, la exigencia
de que los intereses de las empresas norteamericanas sean
protegidos de cualquier amenaza, la vulnerabilidad de las
instituciones del Estado para defender el interés público se
convierten en amenazas de facto al Estado Social de Derecho que
es la estructura sobre la cual se cimenta la Constitución
Nacional. Si a esto se le suman las cada vez más frecuentes
movilizaciones en contra del TLC, la evidente imposibilidad de
alcanzar un acuerdo justo sobre las bases de la reciprocidad
entre los países, y a una mayor radicalización de las posturas
de los norteamericanos y finalmente la concientización de que
tal como va, el acuerdo solamente logrará la destrucción de la
economía nacional, ya de por si desmantelada por las políticas
de liberación comercial impuestas desde finales de los 80 y
profundizadas bajo la administración Gaviria.
Y esto porque el gobierno nacional sigue con la intención de
negociar a espaldas del país, e incluso del Congreso del cual se
vanagloria de haber convertido en un “acompañante” de la
negociación, aparentemente la popularidad uribista no le alcanza
para convencer al país que acordar con Estados Unidos la ruina
del país es un objetivo bueno.
Consultar el TLC al país
El gobierno colombiano ha ignorado y seguirá
ignorando la necesidad de ratificar el TLC con el pueblo
colombiano, quedó demostrado en el referendo que no basta con la
popularidad mediática de un presidente para aprobar un acuerdo
que lesiona los intereses de la Nación entera, incluso es muy
dudoso que en el Congreso se logren las mayorías necesarias para
aprobar el tratado en la medida en que el juego político ha
desgastado las supuestas mayorías uribistas.
Pero la verdadera lección es que el pueblo entero sea llamado a
aprobar o no el TLC con los Estados Unidos, allí es donde se
podría ver de una vez por toda que este no es un asunto de
técnicos sino una realidad de millones de colombianos que luchan
por sobrevivir en condiciones cada vez más precarias. El TLC es
recibido con buen ambiente en sectores cada vez más pequeños del
país, que son precisamente los que se benefician del acuerdo y
los que ponen presión sobre el gobierno para que sus intereses
no se vean afectados.
La convocatoria a referendo para aprobar el TLC es una
herramienta contemplada en la Constitución ante un asunto de tan
complejas consecuencias, lo que se espera es que la oposición a
dicha convocatoria sea rechazada por parte del gobierno porque
evidentemente perdería y las relaciones con su aliado del norte
se complicarían. Por eso en los últimos días defensores
acérrimos del gobierno han salido a atacar a quienes se oponen
al tratado tildándolos de antipatriotas, o apátridas e incluso
de terroristas, palabra que nuevamente se usa para descalificar
a cualquier opositor y que pone una nueva dinámica en la
sociedad colombiana. ¿Será que los indígenas del Cauca son
terroristas, será que la oposición en el Congreso es terrorista,
o los empresarios y gremios de la producción y los servicios lo
son, será que los trabajadores acaso?
Así que la presión de un referendo para definir la suerte del
TLC es una opción política viable y que debe unir a los diversos
sectores del país para oponerse, ya se ha visto que los
negociadores del país no representan los intereses de la nación,
y que los mecanismos como el cuarto de al lado, son solamente
para una minoría que muy seguramente está logrando beneficios
sustanciosos a costa de la precarización en las condiciones de
vida de la inmensa mayoría de colombianos.
Wilson Alfonso Borja Díaz
Representante a la Cámara por Bogotá
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