En su más reciente columna en el diario El Colombiano, de 22 de enero de 2017, el Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, Fernando Velásquez Velásquez, reflexiona sobre la expedición y sanción de la Ley 1826 de 2017, la cual tiene como fin perseguir dos objetivos; el primero, facultar a los propios afectados de una conducta punible para que lleven a los presuntos delincuentes ante los jueces, mediante la figura del ‘acusador privado’, y segundo, implementar un “procedimiento rápido para juzgar a los autores de delincuencia menores”.

Afirma el columnista, que la producción legislativa de estas leyes suscita múltiples consideraciones en torno a su dirección; primero, esta normativa solo está dirigida a las personas que ostentan la capacidad económica para ser representadas por profesionales del Derecho, aunque si bien, la norma establece la posibilidad de acudir a los estudiantes de los consultorios jurídicos o a otros funcionarios públicos no nombrados, considera el autor, que esta previsión “es puro papel mojado”. Al hilo de lo anterior, como segunda consideración, estima el columnista que la introducción de un procedimiento “breve y sumario para juzgar a esas pequeñas transgresiones” son un atentado al sistema penal acusatorio, vulnerando las garantías penales de los más desprotegidos. Así las cosas, concluye el autor, es necesario discutir la conveniencia político-criminal de las normas antes de “impulsar  reformas mal concebidas y descontextualizadas”.

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