La Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y su Departamento de Derechos Humanos realizaron, el pasado martes 27 de noviembre en el Auditorio Principal, el conversatorio “El Aborto en embarazos avanzados: perspectivas jurídicas y científicas”. El encuentro contó con la participación de los conferencistas María del Rosario Guerra, senadora en el Congreso de la República; Cristina Pardo, magistrada de la Corte Constitucional; Luis Andrés Fajardo, auxiliar magistrado de la misma y Director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda; Carlos Parra Dussan, director del INCI (Instituto Nacional para Ciegos); Giovani Castro, médico especialista en Obstetricia y Edgardo Peña, Consejero para la libertad religiosa de la Alcaldía de Bogotá.

El evento se desarrolló a partir de la discusión sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional, el pasado 17 de octubre, de aprobar el aborto en una madre de 33 años con 26 semanas de gestación, quien sustentó que el embarazo le generaba ansiedad depresiva y que el feto presentaba ciertas discapacidades visuales. Sin embargo, esta enfermedad no fue debidamente diagnosticada, sino un síntoma señalado en una valoración médica, y las malformaciones presentadas en el feto no demostraban que su vida fuera inviable.

Este caso fue aprobado por la Corte bajo el concepto de medida provisional ya que, según esta institución, el embarazo representaba peligro para la vida de la madre. El fallo fue cuestionado por los conferencistas debido a que dicha condición no estaba debidamente comprobada y una medida provisional se aplica solo en caso de que un acto se pueda revertir, lo cual es imposible en la interrupción voluntaria del embarazo.

En cuanto a las complicaciones visuales que tenía el feto, el Dr. Carlos Parra afirmó “el hecho de tener una discapacidad no quiere decir que no podamos vivir dignamente y disfrutar de cada cosa de la existencia, sin mencionar que también podemos aportar a la sociedad”.

El conversatorio dejó como conclusión la necesidad de establecer en Colombia un límite en las semanas de gestación para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, debido a que no es lo mismo abortar un feto de 8 semanas a uno de 38, realidad que sí tiene restricciones en otros países en los que también se despenaliza el aborto.

Al finalizar el evento, se aludió al hecho de que las naciones deberían enfocarse más en los métodos de planificación con el fin de disminuir las altas cifras de aborto que se presentan en la actualidad. Y por último, Edgardo Peña afirmó que “los aspectos a discutir en cuanto al aborto no deben ser solo en términos jurídicos y biológicos, también es necesario contemplar la dimensión espiritual en defensa de la vida del niño no nacido”.

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