En su más reciente columna en el diario El Colombiano, del 14 de agosto de 2017, el Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, Fernando Velásquez Velásquez, aborda uno de los casos judiciales que más polémica han generado en el país en los últimos días por los hechos ocurridos en el Espinal (Tolima), en donde por primera vez, fue aplicado el “procedimiento penal especial abreviado” (creado por la Ley 1826 de 2017), a dos hermanos que fueron sorprendidos en flagrancia, cuando intentaban hurtar una teja.

Los procedimientos abreviados han sido objeto de diversas críticas, y el creado por la Ley 1826 no es la excepción, pues, “suprime toda la etapa de la investigación con los evidentes recortes que ello conlleva para el derecho de defensa, máxime si se trata de las llamadas delincuencias menores. Y, desde luego, más nociva es la introducción de estas herramientas cuando van ligadas a otras figuras como las negociaciones y las aceptaciones de cargos que, con el pretexto de jugosas gabelas punitivas, se prestan para que las personas terminen en manos de algunos fiscales indelicados que las presionan para intervenir en forzados “acuerdos” con los cuales se busca poner fin, a como dé lugar, a las actuaciones procesales”, cuestiona el columnista.