Por: David Escobar Moreno

En la Plaza de Bolívar el jueves 15 de mayo de 2003, Diego Carreño y Alejandro Parra se declararon públicamente objetores de conciencia (OC) a prestar servicio militar. En ese entonces ellos eran un par de jóvenes imberbes, delgados y con ganas de devorarse el mundo.

Aún hoy conservan ese espíritu joven y tienen su propia organización en contra del militarismo y, sobre todo, para promover el derecho en Colombia de rehuirle a la incorporación en el ejército.

Siendo jóvenes tuvieron que andar con sigilo por la ciudad en los años más activos de la vida, para no toparse con algún retén castrense. Además, eran conscientes de los problemas que les acarreaba su declaración para graduarse de sus estudios universitarios o, en dado caso que les solicitaran la libreta militar para aspirar a trabajos formales.

Sin embargo, Diego es el primer colombiano que se beneficia de la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014 que eliminó el documento castrense como requisito para graduarse de estudios universitarios. En febrero de 2015 fue su ceremonia de graduación.

Cuando conocí a Carreño, él presidía una reunión de hombres y mujeres en contra de la militarización de la sociedad en el Centro Cultural el Rehúso, ubicado en el barrio Teusaquillo de Bogotá. Era viernes por la tarde y algunos de los que se habían declarado objetores de conciencia se encontraban allí, por lo menos seis y entre ellos también Alejandro.

Parra fue quien me abrió la puerta y me dio la bienvenida al Rehúso. En ese momento tenía un overol y hacía trabajos de mantenimiento en el centro cultural, compuesto por una casa blanca de dos plantas y visos naranjas. Él todavía conserva su cabellera larga, como la que lucía en los años más convulsos de su juventud.

En el Rehúso, año 2006, nació la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de conciencia (Acooc) con el fin de defender el derecho a la objeción de conciencia, consistente en la capacidad que tienen los individuos de no acatar, rechazar o rehusarse a mandatos que entran en contradicción con sus creencias, por considerarlas contrarias a su conciencia. Por supuesto, Diego y Alejandro han estado al pie del cañón para cimentar el proyecto.

Ese rechazo a la guerra que tiene Diego se remonta al año de 1999. Él y su hermano se acercaron a la Asociación Justa Paz con el propósito de engancharse con la Objeción de Conciencia (OC), el antimilitarismo y la no violencia. La Fundación promovía unos talleres denominados “Hacedores de Paz”, en los que los hermanos Carreño duraron tres años antes de que Diego tuviese la iniciativa de crear Acooc.

Carreño terminó las materias de la carrera de filosofía en la Universidad Libre hace cinco años. Para ese entonces la libreta militar era un requisito de grado y, en vez de solucionar su situación militar en los distritos castrenses, le entregó una carta a la facultad contando por qué había objetado conciencia al servicio militar obligatorio y solicitando que no le pidiera la libreta para otorgarle el título.

A partir de ahí Diego se enfrascaría en una pugna jurídica de 17 años, peregrinando por diferentes instancias judiciales del país. Cuando su derecho de petición fue denegado por la Dirección de Reclutamiento, primer paso para declararse OC, Carreño hizo uso de los recursos de ley. En primera instancia el juez distrital del circuito denegó la tutela que había impuesto contra el Estado y, en particular contra el Ejército colombiano, por ir en contra del artículo 18 de la Constitución que hace referencia a la OC.

En ese momento el ánimo de Diego no era el mejor, sin embargo, el apoyo de su familia durante el largo camino hacia el reconocimiento, ha sido fundamental. El soporte moral que recibió fue vital para los momentos en los que veía que el proceso se dilataba y se encontraba con el callejón sin salida que tenía nombre propio: la Ley colombiana.

La esperanza volvió a Carreño en octubre de 2009 -dos años después de que hubiese acabado materias-. La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-728, falló a favor, reconoció la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como un derecho fundamental y solicitó al Congreso que la regulara, mediante una ley, en la que se definieran las condiciones en las que puede hacerse efectivo este derecho.

Abriendo caminos para la objeción

Diego trabaja en un pequeño cuarto en el segundo piso de Acooc junto con dos mujeres suecas, estudiantes de la Universidad Nacional que son pasantes allí. Él advierte mi presencia por el crujir del piso de madera de la casa, de manera que cuando me asomo al cuarto, su cabeza ya está en dirección a la puerta. “Hoy estoy muy ocupado, pero ahí le saco media hora para la entrevista”, me dice.

La actividad en la casa empieza después del mediodía, incluso más tarde. Hay días en que la casa llega albergar 25 personas. Mientras espero a Diego, el tráfico de personas es movido, en ocasiones soy yo el que tengo que abrir la puerta para que la gente entre. Allá arriba es tanta la ocupación que asumo el papel de portero.

El lugar donde hacemos la entrevista, ubicado en la primera planta, es una barra donde se intuye que funciona una cafetería improvisada cuando hay grandes eventos. El mostrador ofrece panfletos afines a Acooc e instituciones como el Movimiento Carcelario Nacional.

La objeción de conciencia en los últimos dos años se ha impuesto como manifestación de rechazo a participar en la guerra. La organización de varios combos objetores de conciencia, quienes también denuncian las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento -popularmente llamadas ‘batidas’-, junto con el caso de Carreño, han visibilizado la causa.

Carreño reconoce el apoyo de la alcaldía de Gustavo Petro a los movimientos de OC, noviolencia y antimilitaristas. Programas de Integración Social del Distrito como “Tejuntas” y “Sin Kuartel” en los colegios públicos, han puesto sobre la mesa la objeción de conciencia, papel que, según mandato de la Corte Constitucional, se le confirió al Ejército colombiano. Diego junto con miembros del Distrito va a los colegios públicos a hacer la labor pedagógica sobre la OC, debido a que, según un estudio de la Defensoría del Pueblo, las personas que más prestan servicio en el país son aquellas que vienen de los estratos más bajos.

Si bien es cierto que el caso de Diego marcó un hito en la objeción de conciencia, para muchos miembros de este grupo, como para Carreño mismo, el caso más emblemático de la lucha contra el Servicio Militar Obligatorio es el de Luis Gabriel Caldas León, estudiante del INEM del Tunal, en Bogotá.

El sábado 10 de junio de 1994,  Luis Gabriel  fue capturado por la policía y conducido a la cárcel de Facatativá, donde pasó recluido seis meses. El joven de 18 años decidió no hacer parte del Ejército colombiano y fue declarado por el Estado como desertor.

Caldas optó por ser objetor de conciencia ofreciendo hacer un servicio civil alternativo, permitido por la ley 99 de 1993. El gobierno no le concedió esta opción y en vez de eso, mediante una corte marcial lo condenó por deserción, a pesar de que nunca se incorporó a las Fuerzas Armadas. Amnistía Internacional y distintas organizaciones de Derechos Humanos lo apoyaron y lo reconocieron como preso político. La movilización social y estudiantil permitió que Caldas saliera de reclusión y fuera exonerado, hecho que marcó un precedente fundamental en la historia de la OC.

En el Rehúso también conocí el caso de Nicolás Rodríguez que muestra cómo se puede renunciar a la libreta militar así la situación castrense ya haya sido definida. El fin: renunciar a ser parte de la reserva del Ejército. En caso de que Colombia entre en confrontación con otro país, el Estado no contaría con las personas que hayan devuelto la libreta militar.

Nicolás es psicólogo de la Universidad Javeriana y es el encargado de las comunicaciones en Acooc. Hace dos años llegó a la dirección de Reclutamiento con su habitual estilo: pantalón, camiseta, botas, gafas y pelo hasta los hombros. En sus manos llevaba un derecho de petición en el cuál exponía su condición como OC. “Esa gente me miró como un bicho”, me dice entre risas.

“Muchas personas creen que la objeción de conciencia tiene una periodicidad y eso no es cierto. Además esto tiene tanto el valor simbólico de devolver la libreta, como el mensaje de que jamás estaré interesado en hacer parte de la guerra”, me cuenta Nicolás mientras me ofrece algo de tomar. Rodríguez cuenta que su proceso no ha finalizado y está esperando la decisión del juez de segunda instancia.

¿Cómo se hace un objetor?

Cuando quise iniciar mi proceso como OC, al igual que Carreño y Rodríguez, tuve que organizar mis argumentos para declararme objetor ante la Dirección de Reclutamiento. Las razones con las que uno sustenta su objeción deben ser lo suficientemente sólidas para que el Ejército las considere válidas.

Todas las razones por las que no estoy de acuerdo con la lucha armada – más los hechos de corrupción y violación de los Derechos Humanos que suceden dentro de las milicias, ya sea en grupos legales o ilegales-, no son lo suficientemente fuertes para que pueda ser objetor, según la asesoría jurídica que recibí en Acooc.

Maricely Parada es asesora jurídica en el Rehúso, graduada en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bogotá y es quien se ha encargado de mi proceso para declararme OC. Ella me recomendó que buscara acciones en mi vida diaria que demostraran que en realidad, en mi cotidianidad, yo era una persona que rechazaba fácticamente la violencia. “El ejército buscará todas la maneras para demostrar que eres igual de violento a ellos”, me dice ella, con su usual tono conciliador.

Muchos aspirantes llegan a la disyuntiva en la que me encuentro: “¿En realidad  soy alguien que repudia la violencia en todas sus facetas?”. Muchos creemos que el hecho de no portar un arma nos hace exentos de ser violentos. ¿Qué finalidad tiene ser OC si en nuestro día a día tenemos acciones instigadoras con los demás y que hacen apología al odio?

Maricely hace una pausa para darme su tarjeta personal y decirme: “La OC es una cuestión muy seria, no todo el mundo está en las condiciones de serlo. La mayoría de hechos de violencia no los perpetran las guerrillas o el Ejército. Las ciudades son los lugares donde más se presentan agresiones contra la integridad del otro. La sociedad se ha militarizado, es decir, se impone el más fuerte”.

El Rehúso brinda charlas explicativas de la objeción de conciencia aproximadamente cada quincena. En una de las tres conferencias a las que asistí, a mediados de agosto de 2015, nos reunimos cerca de ocho personas. Durante los primeros treinta minutos, Nicolás, con sus características  gafas, cabello largo y discurso ecuánime, tomó el mando del grupo y preguntó a cada uno de los asistentes por su interés y la expectativa al finalizar el evento.

“Uno de los problemas fundamentales que hay en Colombia sobre la OC es que muy poca gente sabe de su existencia y, mucho menos, de cómo y cuándo usarla”, son las palabras con las que Nicolás suele iniciar las charlas.

Después, Nicolás, a través de un juego de palabras plasmado en fichas bibliográficas, nos pidió que organizáramos, según nuestro criterio, cómo sería el debido proceso para ser incorporados al Ejército colombiano y, en qué momento la figura de la objeción de conciencia puede ser utilizada, en caso de optar por ella. Por supuesto, erramos en la organización de los pasos del procedimiento.

Nicolás nos hizo caer en cuenta de la cantidad de veces que el ejército había violado el debido proceso de reclutamiento de muchos de los presentes,  familiares, amigos y casos que llegan a los medios de comunicación. La satisfacción en los rostros de los asistentes era evidente. La información que habíamos recibido demostró el mecanismo ilegal con que enlistan a los jóvenes colombianos, por ejemplo, por el simple hecho de no saber el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional C-879 de 2011 que demuestra que las retenciones físicas son ilegales.

El proceso de reclutamiento indica que no puede durar menos de tres meses a partir de la inscripción en algún distrito militar y, mucho menos, podrán obviarse los exámenes físicos y psicológicos. Además, ser víctima del conflicto, padre de familia, cursar carrera religiosa, ser hijo de militar herido en combate, hijo único, desplazado o miembro de comunidad indígena, hace que la persona quede exenta de prestar el servicio militar.

Varios de los asistentes clasificaban dentro de estas condiciones. Por ejemplo, Roger Ramírez, víctima de despojo de tierras en Montería, no estaba obligado a sumarse a las Fuerzas Armadas y sin embargo el Ejército lo quiere dentro de sus filas. Terminada la charla grupal, intercambiamos números para programar una entrevista.

Cuando me acerqué a su trabajo, encontré a Roger amasando harina para pizza. Sus corpulentos brazos negros me acercaron una pizza con gaseosa y me dijo: “Yo invito, compa”. Ramírez me contó que, como en muchos pueblos colombianos, la incidencia de guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública hacen que la posesión de tierras sea imposible para la gente del común.

Durante el año 2000, en Montería, su despertador era el cacareo de las gallinas, los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros o su abuela “Márgara”-como él la llama- que echa de menos todos los días. Roger y su familia tuvieron que aventurar en la capital al siguiente año, pero doña Márgara no quiso venir por motivos que prefirió reservarse. Un nudo en la garganta se lo impidió.

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Dentro de esas siete personas estaba una joven. Su nombre es Marcela, tiene 17 años, estudia ingeniería química y quiere objetar. Lo que no sabíamos algunos hombres es que las mujeres también pueden declararse objetoras de conciencia. En este caso ella quería abastecerse de información y poder ayudar a familiares y amigos que eran víctimas de las ‘batidas’.

Históricamente han sido las mujeres quienes se han pronunciado para que sus familiares y amigos no participen en conflictos bélicos. Se dice que la primera persona que objetó en la historia de la humanidad, nacida de la pluma de Sófocles, fue una mujer: Antígona. Ella, al rebelarse contra las costumbres instituidas por el patriarcado, atreverse a hablar y actuar contra los patrones morales de su época, es recurrentemente mencionada como pionera de la objeción.

En el caso colombiano la primera manifestación de rechazo al servicio militar también la comandó una mujer. Ocurrió cuando Carlota Rúa, dirigente del Sindicato Obrero de La Dorada (Caldas), manifestó su rechazo al alistamiento de obreros y campesinos en el Primer Congreso Obrero de 1924.

Años más tarde, durante la guerra con Perú (1932-1933), un grupo de mujeres rechazó el que sus esposos e hijos fueran reclutados. Hasta la madre de Diego, una defensora de Derechos Humanos –especializada en casos de reclutamiento forzoso y vinculada a lucha sindical en Bogotá-, fue quién lo acercó a los talleres de Justa Paz y lo ha apoyado en su camino como objetor de conciencia.

Marcela hace parte de un grupo de jóvenes antifascistas del norte de Bogotá y vive con sus dos hermanos y sus padres. Muchos de sus amigos del grupo no tenían conocimiento de la OC y mediante este acercamiento que Marcela hizo con Acooc se está coordinando un evento para que los jóvenes del norte de Bogotá se informen más.

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Durante la hora y media que estuve en la barra del café entrevistando a Carreño, no supo darme una cifra exacta de objetores de conciencia en Colombia.  Reconocidos por el estado actualmente son solo cinco. Hay otros casos en los que jóvenes se autodenominan OC pero el estado no los reconoce. Ellos son el grueso del gremio.

En un procedimiento bastante kafkiano e infructuoso, intenté saber cuántos colombianos hombres se han presentado como OC en el Dirección de Reclutamiento del Ejército. Llamadas, correos y visita presencial; de todas las formas posibles intenté conseguir el dato. Admito que fui algo inocente al pensar que lo tuviesen, y si lo tuviesen, que me lo darían.

Cuando me acerqué a la Dirección de reclutamiento y le mencioné al primer uniformado: “objeción de conciencia”, fue como si lo hubiese insultado o algo por el estilo. Pasé de una dependencia a otra esperando que mi inquietud fuera solucionada y cuando colmaron mi paciencia y redacté los párrafos anteriores en mi cabeza, volví a casa por los pasillos que recorren todos los objetores de conciencia que inician su periplo judicial.

Tanto a nivel internacional como en el marco nacional hay un reconocimiento de la OC. Quienes aspiran a objetar se enfrentan a la dificultad de que no existe una ley que lo regule. Por su parte, el Ejército seguirá amparándose en que no tiene sustento legal para funcionar al respecto. Este vacío legal permite que el sistema judicial colombiano dilate la cuestión, “porque es una papa caliente para ellos”, según Carreño.

Han pasado 12 años, 3 meses, y 14 días desde que aquella mañana en la que Diego y Alejandro le dijeron “no” a la guerra frente al Congreso y el Estado aun no los reconoce como objetores. Seis años han pasado después del pronunciamiento de la Corte Constitucional reconociendo la OC, y los congresistas han hundido más de ocho proyectos de ley para reglamentarla.

El debate sobre el servicio militar está abierto e incluso en el Congreso ya cursa una propuesta para reformularlo. Una iniciativa liderada por la bancada del Polo Democrático, de la mano de Iván Cepeda, y por la Acooc se viene gestando desde hace más de un año y consiste en que quienes no deseen el servicio militar tengan la alternativa de prestar un servicio social para la paz. El proyecto fue expuesto en abril de 2015 ante las comisiones de Paz de Cámara y Senado, lo cual hace más cercana la idea de la abolición del servicio militar obligatorio.

En octubre del 2015, el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, abrió esta posibilidad en un debate de control político al que fue citado para responder por supuestas irregularidades en el reclutamiento por parte de las Fuerzas Militares. Pinzón dijo que era hora de renovar esta norma, abriendo la posibilidad de que jóvenes que no se sientan cómodos con la las actividades armadas, optaran por un servicio social.

Nos extendimos más de lo acordado en la entrevista. Diego tiene que volver a su pequeño despacho a seguir tecleando y solo se percata de los noventa minutos que transcurrieron cuando mira el reloj de mi grabadora y, a modo de reflexión me mira y dice: El Estado está reclutando muchachos en contra de su voluntad con un cinismo total e indiferencia de la sociedad. Yo escucho a la gente y a los medios indignarse con el reclutamiento de menores que hace la guerrilla; así que dígame: ¿Qué diferencia hay entre esos dos casos de reclutamiento irregular?”.
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*Crónica para prensa ganadora de Los Premios Globo de Comunicación 2016, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda