COLOMBIA, LIBERTAD DE PRENSA EN RIESGO

Por: Julieth Andrea Quiroga
Bien decía el filósofo y periodista Albert Camus que una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Su reflexión sigue teniendo cabida en los días que corren; sin libertad, la prensa no puede aspirar a la sublimidad, mucho menos cumplir con su cometido principal: promover la deliberación democrática sobre asuntos públicos, es decir, que nos incumben a todos como parte de la ciudadanía.
Cabe preguntarse en qué estado se encuentra el panorama de la libertad de prensa en Colombia. Innumerables son los casos en los que la justicia se ha retrasado en la defensa del periodismo. Rememoremos algunos de los más sonados, aquellos que recuerdan a Jaime Garzón (crítico humorista asesinado el 13 de agosto de 1999 cerca a los estudios de la emisora Radionet), Guillermo Cano (fundador de El Espectador asesinado el 17 de diciembre de 1986 por el narcotráfico), Orlando Sierra (subdirector de La Patria -diario de Manizales- asesinado en enero de 2002) y Jineth Bedoya (periodista secuestrada, abusaba sexualmente y torturada en el año 2000 y posteriormente en 2003 por grupos paramilitares).
Lentos han sido los avances de las autoridades en crímenes que atentan directamente a la libertad de expresión y de prensa en el país. Destaquemos el homicidio de Orlando Sierra. Han pasado quince años desde su asesinato y la justicia nacional continúa desentrañando la cadena criminal que acabó con la vida del periodista: el exdiputado liberal Ferney Tapasco fue condenado en 2015 y este año, 2017, fue capturado uno de los coautores del asesinato, Fabio López Escobar. Siguen faltando fichas por jugar en el ajedrez y asegurar la no impunidad, sin embargo, las investigaciones dieron resultados. Cuestión que no ha ocurrido con Guillermo Cano, casi 31 años después de su muerte.
Estos casos encarnan la lucha que desde hace más de una década se disputa en Colombia -Latinoamérica y alrededor del mundo- por ejercer las denuncias periodísticas e investigaciones de gran trascendencia social sin riesgo, con protección estatal y a salvo de coacciones.
La libertad de prensa es la premisa esencial y necesaria para que la sociedad tenga conocimiento veraz, oportuno y completo de lo que ocurre en su país, de la realidad que afronta. A la vez, es “el derecho de las personas a tomar la voz pública y hacer conocer a los demás lo que piensan y la información que poseen”, como lo afirma Damián Loreti, experto en derecho de la comunicación. Es por ello que ha de garantizarse que gocemos plenamente de esta libertad y que, al ejercer el oficio de servir con la verdad al pueblo, no seamos silenciados -en los casos más intrincados- por figuras del Gobierno que buscan mantener en desconocimiento temas de interés colectivo, de denuncia.
No es un mito que seamos uno de los países más riesgosos para dedicarse al periodismo. En 2016, se contabilizaron 216 violaciones a periodistas y se registraron 262 víctimas en ejercicio de la profesión, lo que involucra no sólo asesinatos sino agresiones, amenazas, atentados contra la infraestructura, desplazamiento, detenciones ilegales, estigmatización, exilio, heridas en cubrimiento, obstrucción al trabajo, secuestro, tentativa de homicidio, trato degradante y violencia sexual. Los casos van en aumento, cifras alarmantes de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que dejan un sinsabor y una pregunta difícil rondando en la cabeza, ¿Cómo puede cambiarse esta situación? La perspectiva más desalentadora consiste en la gran cantidad de los mencionados casos que ya prescribieron o están a punto de hacerlo. Es decir, que quedaron o pronto quedarán en la impunidad.
Así, me atrevo a afirmar que el deteriorado estado de la libertad de prensa en Colombia tiene su origen en la corrupción de las élites políticas, el crimen organizado que se codea con figuras públicas, los intereses privados de los monopolios económicos y la irreverencia frente a los derechos humanos. Son estas cuestiones las que hacen de nuestro país, uno marcado fuertemente por el aumento de la violencia y la impunidad, por la obstrucción del buen desarrollo de la reportería.
Somos “el segundo país más mortífero para los informadores en el continente”, según Reporteros sin Fronteras. ¿El primero? Venezuela, con la ley de la censura. Le siguen Cuba, con un acaparamiento informativo que no da lugar a voces independientes; Guatemala, en el que la impunidad es pan de cada día, y Ecuador, que a través de un decreto prohíbe la libertad de prensa y controla la información.
Así, resta concluir que América Latina es un continente golpeado por las intimidaciones, por fallas en la justicia y por la repetición de violaciones, año tras año.
Ahora bien, las agresiones y homicidios no son las únicas razones del lamentable estado de la libertad de prensa. También lo son el escaso acceso a la red, la concentración de información, la distribución de las frecuencias de difusión y el poco pluralismo en los medios.
Sobre estos aspectos, nuestra nación debe aceptar que aún requiere de infraestructura para que, por ejemplo, el 100 por ciento de las cabeceras municipales cuente con acceso público a Internet, tenga derecho a la información y -sobre todo- a la opinión. No obstante, es de admirar la gran cantidad de plataformas de periodismo independiente que son consultadas masivamente. En este punto he de precisar que, aunque son espacios abiertos a diversas voces, la información allí consignada no es verificada y puede conducir a la desinformación. Hay libertad, pero ¿a qué costo?
Loreti y Lozano consignan en El derecho a comunicar. Los conflictos entorno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas (2014), estos temas de la agenda clásica y ampliada que amenazan a la libertad de expresión. De igual modo, recogen una teoría oportuna en la reflexión de la libertad de prensa en Colombia. La teoría del foro parlamentario.
Esta teoría muestra con gran crudeza los efectos nocivos que supone para una sociedad no asegurar la libertad en la labor periodística, no respaldar la soberanía popular y la participación democrática. Es decir, las secuelas para la autonomía, autorrealización y aporte cultural de los ciudadanos a la sociedad, las campañas políticas financiadas ilegalmente, la tergiversación de discursos, el sensacionalismo y el poder sobre la información y quien puede intervenir en el debate público.
Las reflexiones de esta teoría es una mirada de nuestra realidad, la realidad de Colombia, realidad que solo podrá transformarse con justicia y garantías de protección y no repetición.
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