El director del Centro de Estudios sobre Justicia Transicional, Víctimas y Restitución de Tierras de la Universidad Sergio Arboleda critica duramente el proceso de paz que el gobierno adelanta con las FARC en Cuba

A raíz de la aprobación, en 2011, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, al rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón, se le ocurrió crear un espacio académico que se adentrara en el estudio de su aplicación y contexto.

Le encomendó la tarea a su esposa, Zaida Barrera, quien de inmediato se puso manos a la obra con la colaboración de Orlando Gallo Suárez. Ambos tenían experiencia en el tema, pues habían trabajado juntos en la Superintendencia Delegada para el Registro, donde participaron en la aprobación de varios documentos sobre restitución entre 2010 y 2011.

En 2012, el Centro de Estudios sobre Justicia Transicional, Víctimas y Restitución de Tierras, finalmente vio la luz. Gallo, quien es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, fue nombrado como director.

Este abogado de 64 años ha trabajado en entidades como la Registraduría Nacional, la Fiscalía General y el Ministerio de Comunicaciones. También fue personero de Bogotá y, más recientemente, candidato del Consejo de Estado para la Procuraduría General de la Nación en el periodo 2012 – 2016, que hoy ocupa el reelecto Alejandro Ordóñez.

En entrevista con Altus en Línea, defiende la importancia de buscar la paz a través de vías no violentas, pero hace fuertes cuestionamientos al proceso que se adelanta con las FARC en La Habana y al lento avance de la restitución de tierras en el país.

¿Cómo vio el encuentro en La Habana entre víctimas y victimarios?
El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, está basado en el hecho de que las víctimas participen. Además, ese derecho quedó plasmado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

No se trataba solo de darles la mano, llorar y pedirles perdón. No es ir y que simplemente las escuchen. Es que puedan participar directamente en las decisiones, que tengan voz y voto. Y de que les respondan. Lo otro es un paseo, una falta de respeto con ellas.

Además, hay mucha discusión sobre cómo fueron escogidas esas víctimas que viajaron, sobre los porcentajes que realmente corresponden a las FARC…

¿Cree que no hay representatividad?
Aquí no se está negociando ni con grupos paramilitares ni con el ELN, sino con las FARC. Pero revolvieron un pocotón de problemáticas para decir que son menos las víctimas de ellos que las de otros grupos. Inclusive víctimas de delincuencia común han podido ir.

No se trata de llevar a La Habana a 60 personas que dicen que representan a 6 millones y medio. Es que las víctimas somos todos los colombianos. Que a algunos les ha tocado en carne propia, en su piel, sí. Pero víctimas hemos sido todos, de la violencia que ellos han producido: drogadicción por cuenta del infernal narcotráfico, daños a la ecología y la economía por sus atentados contra los oleoductos, puentes volados, violaciones a niñas, órdenes de abortos… ¿Cómo van a reparar todo eso?

¿Cuál sería el mínimo aceptable de reparación?
Cuando hay unas negociaciones de este orden –o conversaciones, porque las FARC dicen que ellos no están negociando, sino conversando–, todo el mundo sabe que la justicia tiene que pagar su precio. Hay que ceder de lado y lado.

La mayoría de la sociedad colombiana espera que los señores paguen un precio con su libertad. Nadie está esperando que paguen todo lo que deberían. Ya tuvimos una experiencia, la Ley de Justicia y Paz, que le dio a las Autodefensas un máximo de ocho años de pena. De pronto no repararon a sus víctimas. Pero en algo se alivió la carga social al sentir que pagaron con su libertad.

La condena no pueden ser actos sociales, como están pensando ciertos sectores de la sociedad. Supongamos que los condenan a arreglar parques: no los vamos a ver ni cortando pasto, porque van a llegar es como empresarios. Eso no es pena. Sería un pésimo ejemplo para la sociedad. Pero a eso es a lo que aspiran.

La sociedad colombiana sí tiene que tener una inmensa dosis de perdón. Pero se da en la medida en que ellos tengan voluntad de enmendar sus errores. Pero es muy difícil pensar eso, cuando se están enseñoreando, dando órdenes, hablando de igual a igual como si fueran otro estado, cambiando el lenguaje para humillarnos.

¡Ya las víctimas son ellos y no nosotros! Vamos a terminar pagando los platos rotos, con nuestros impuestos, para repararlos porque hablan de un estado terrorista que los victimizó. Y el gobierno está permitiendo eso.

Bienvenidos sean los diálogos, porque son mejores que terminar este conflicto por medio de la guerra y la sangre. Al fin y al cabo, son vidas humanas las que se pierden: las de la población civil, las de nuestros soldados y las de los mismos guerrilleros. Pero hay muchos factores todavía por analizar.

Independientemente de todo lo que ha hecho la guerrilla, es importante reconocer que el estado ha tenido excesos. ¿Cómo debe reparar a sus víctimas? ¿Cómo deben pagar los soldados y policías culpables?
Es innegable que ha habido excesos. Pero no se han dado en forma organizada sino esporádica, por grupúsculos muy aislados o personas individuales que pertenecen o han pertenecido a la Fuerza Pública. Entonces, hay una connotación muy distinta. No podemos igualarla. Las FARC sí son una organización completa dedicada al terrorismo.

Simplemente, quienes se han excedido en el uso de la fuerza o se han unido para hacer acciones contrarias a la institucionalidad, deben ser capturados y juzgados dentro de nuestro estado de derecho. Pero no podemos ponernos a la par. Eso sería reconocer lo que no podemos reconocer, porque nunca ha existido: que las Fuerzas Armadas han estado organizadas sistemáticamente para cometer delitos.

¿Y los políticos y empresarios que se aliaron con grupos armados al margen de la ley? ¿Se les puede aplicar el mismo rasero de justicia transicional?
Las personas que están dentro del marco estatal deben ser sometidas a las normas legales. La justicia transicional es para los grupos armados al margen de la ley.

En el momento en que empezamos a considerar estas situaciones irregulares en igualdad de condiciones, estamos hablando de estado a estado, dándoles una gabela inmensa para que busquen lo que han querido desde hace mucho: un estatus de beligerancia para, finalmente, dar un grito de independencia.

¿Dónde está Yugoslavia? Ya no existe. Eso es lo que quieren hacer con Colombia. Tendremos el país de Catatumbo, de Santrich, de Iván Márquez, de Timochenko… cada uno con su paisito. Y estados como Venezuela y Cuba, que cohonestan con sus doctrinas, están dispuestos a darles el reconocimiento internacional.

Estamos jugando con candela. Y eso está plasmado en el Código Penal: “el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de la República (…) incurrirá en prisión de 20 a 30 años” (cita de memoria el artículo 111). Eso se llama traición a la patria. Puede haber expertos en derecho penal que hagan un análisis sobre ese “tiendan a”.

Hay una frontera invisible allí, para poder discernir si los actos, la fe y la forma como se está gestionando el proceso sí están encaminados a “buscar la paz y la reconciliación nacional”, que es nuestro deseo profundo y de corazón, o si, por ser terriblemente flexible, el gobierno está permitiendo que se realicen actos que “tiendan a menoscabar la integridad territorial de la República”. Ese es un punto muy delicado.

¿Se les puede dar mayores beneficios a quienes solo tienen condenas por delitos políticos y no por crímenes de lesa humanidad?
Ese es el punto del Marco Jurídico para la Paz. En vista de que son tantas las personas que han participado en la realización de delitos de lesa humanidad, han decidido que más bien se hable de los máximos responsables.

Si nos vamos por ahí, es posible que nos llevemos muchas sorpresas y que esos máximos responsables sean exclusivamente los que ya están muertos: Tirofijo, Jojoy, Alfonso Cano. ¿Dónde están para que paguen? Y los demás van a decir que no, así tengan condenas. Es osado pensar que solo los muertos van a pagar por las violaciones, los desplazamientos… ¡Es que estamos hablando de 6 millones y medio, mal contados!

Hay que reconocer que existe una incapacidad para judicializar a no sé cuántos miles de personas. Pero no podemos permitir que los autores intelectuales de todos estos actos se queden sin ningún castigo. Esos son términos inteligentemente establecidos en la norma para exonerarse de toda responsabilidad.

Y además, ahora dicen que los delitos de lesa humanidad y los crímenes atroces y de guerra, tienen que ser sistemáticos. Eso quiere decir que si no se han cometido en forma consecutiva, no cuentan. Con ese cambio de lenguaje, ellos van a terminar con todos los derechos y serán los hombres más ricos del país. Luis Carlos Sarmiento será un pobre banquerito.

Hablemos de los desplazados, ¿cómo ve el avance de la restitución de tierras?
Que se le restituya la tierra a una familia, es un avance inmenso. Pero cuando se habla de 6 millones despojadas y 60.000 o 70.000 solicitudes no tramitadas, el proceso se vuelve una burla para la víctima de desplazamiento.

La misma ley puso una cortapisa: que tiene que haber suficiente seguridad en la zona para adelantar los estudios de georreferenciación de los predios. Y bien sabemos que hay muchos sitios donde eso no es posible. Entonces la solicitud queda en turno y no empiezan a contarse los términos, que son de 60 días.

Existe también el Rupta (Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por Causa de la Violencia), que lo manejan el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro. Pero se están dando unos resultados ínfimos. Se van volviendo inocuos todo el esfuerzo y el andamiaje estatal montado.

Y hay que contar otra cosa: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está hecha para 10 años. Ya está corriendo el cuarto y no llegamos siquiera al dos por ciento de restitución de las solicitudes. En tres años y pico, no se ha restituido ni a una centena de familias. Bienvenidos sean los pírricos resultados. Pero hay que agilizar el proceso.

Usted me estaba diciendo que buena parte de ese retraso se debe a la falta de seguridad en las zonas donde se despojó la tierra. Eso, a su vez, es por cuenta de la presencia de las bacrim y grupos relacionados con el narcotráfico, que van a seguir ahí aunque las FARC se desmovilicen. ¿Usted cree que también vamos terminar negociando con ellos en unos años?

Usted, con esa pregunta, me hace recordar la posición de Pablo Escobar. Cuando él le dijo al gobierno que estaba dispuesto a pagar la deuda externa, la sola propuesta indignó profundamente al país, porque nos iban a comparar con unos narcotraficantes y este se iba a volver un país paria, una cueva de Rolando donde ellos iban a estar amparados. Todavía teníamos un poquito de moral.

Hoy, los mayores narcotraficantes del mundo con ejército propio ni siquiera nos ofrecen eso y nosotros estamos hablando con ellos de tú a tú. Eso es como la dignidad de la señora: depende del precio. Ya perdimos esa dignidad. Nos prostituimos. Ya nos exigen que las Fuerzas Militares vayan a rendir cuentas “técnicamente”. Tenemos una mácula, una mancha en el honor en la patria.

Ya que toca el tema de la comisión militar, ¿qué piensa exactamente de eso?
Inicialmente, se le dijo al pueblo colombiano que, para que hubiese una representación del estamento militar, se designaba dentro del equipo de gobierno al general Mora, excomandante de las Fuerzas Armadas, y al general Naranjo, exdirector de la Policía Nacional. No eran dos personitas pequeñas. No eran altos, sino altísimos mandos, los que fueron a representar a nuestra Fuerza Pública. Ya era suficiente.

Obviamente, cuando ya se va a firmar, tienen que aparecer las partes. Pero no hay nada firmado. Ellos no se han comprometido a nada. Si ya se hubiesen comprometido con la firma de una paz, quizás tendríamos una lectura distinta. Estamos soltando la cuerda y esta cometa está volando sin rumbo.

No tiene mucha presentación que hayan llevado a los militares allá, a sentarse de tú a tú, y les permitan a los señores alzados en armas al margen de la ley hablar como si tuviéramos ejércitos iguales.

¿Y de la comisión histórica, que también viajó a La Habana?
Esa es otra comisión bien interesante. Es que el país va a organizar tres memorias, no una memoria histórica. Digamos que, como hay una representación del gobierno, van a buscar que esa versión histórica sea lo más afín con sus deseos: con un equiparamiento mal concebido entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla. Esa sería una historia.

Otra podría ser la que organice nuestra Fuerza Pública. Pero tampoco va a ser real porque, al fin y al cabo, el comandante en jefe es el presidente de la República y ninguno quiere que le quiten sus soles y lo manden para la casa. Pero sería otra historia porque tienen otra tendencia, otra voluntad. Los militares no van a reconocer sus errores.

Y hay una tercera historia, la real, que está tan embolatada. ¿Quién se atreve a escribirla para que la cuenten sus nietos? No sabemos. Porque estamos en un estado un poco complicado en seguridad para muchas personas. A futuro, los colombianos y el mundo tendrán que dilucidarla.

¿Para cuándo cree que va a estar el acuerdo definitivo, si lo hay?
Timochenko –que ahora un columnista por ahí (se refiere a Antonio Caballero) le dice el doctor Londoño– ya dijo que no va a ser este año. Uno tiene que obedecerle a él, porque ya él no le obedeció a Santos. Si ese señor no tiene voluntad, ya sabemos que este año no es. Y a lo mejor tampoco el próximo. ¿Por qué? Porque dilatar es una estrategia que le permite maniobrar a los grupos armados ilegales.

El problema de la prórroga de las negociaciones de paz no es de este año y que pasemos al otro. Esto hay que revisarlo desde la época de Belisario Betancur. Llevamos 32 años tratando de buscar, en distintos gobiernos, la paz con ellos. Hay que hacer historia.

Aquí nos están metiendo en publicidad televisiva y por todos los medios, que ya estamos viviendo un posconflicto. Eso no es cierto. Posconflicto es cuando se firme todo y empecemos a ver si tratamos de convivir. Yo eso lo veo muy lejano.

En todo caso, si se llega a un acuerdo, se ha dicho que la última palabra va a estar en un mecanismo de refrendación. ¿Cuál sería el más adecuado?
El sexto punto del Acuerdo General tiene dos subpuntos antes de hablar de la refrendación. Se habla de la implementación, la verificación y, finalmente, la refrendación.

Lo que hacen los cinco primeros puntos es determinar una labor a realizar. Cuando en el Acuerdo General de La Habana se habla de implementación, es que hay que implementar todo lo que se haya acordado. Por ejemplo, el desarrollo rural integral. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién tiene ese dinero?

Pero digamos que sí lo logramos. Después de hacer las obras, se crean comisiones de verificación. Y ahí van a decir: “No, no estamos conformes”. Entonces, ¿qué vamos a refrendar? Porque la refrendación es de lo que está implementado y verificado.

Y la joya de la corona es la frasecita de que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”. ¿Entonces por qué hablamos de que ya tenemos tres puntos acordados? ¿Sí ve como hay de incongruencias en esto? Nada está acordado hasta que esté implementado y verificado para poder refrendarlo.

Y ellos se nos adelantaron y lo que están imponiendo es una constituyente. Porque desde el principio se les dijo que no y siguen diciendo que sí. Eso es como el niño que quiere una paleta y se bota al piso, llora y patalea, hasta que la mamá se cansa y se la da. Hasta que nos digan: “si no hacen eso, no hay paz”, y quién les dice que no, si van a estar armados todavía, porque no quieren entregar las armas.

Lo que se necesita es que haya voluntad. Y la expresión de esa voluntad todavía no asoma en el panorama.

Para terminar, ¿cuál es el aporte que busca hacer desde la academia el Centro de Estudios sobre Justicia Transicional, Víctimas y Restitución de Tierras?
Dar a conocer esta normatividad: el Acuerdo General, la Ley de Víctimas, el Marco para la Paz… Rumiarla. Racionalizarla para que el intelecto se engorde conociendo estas normas, para que todos podamos contribuir a la verdadera y real consecución de la reconciliación nacional y la paz.

Se trata de tener una óptica crítica constructiva. Que todos sepamos cómo se está manejando la búsqueda de esa paz anhelada, que es un derecho para nosotros y una obligación para el estado. Lo más importante es que los estudiantes de todas las carreras visualicen qué es lo que estamos pensando en el país y recapaciten.

Tienen, imperiosamente, que meterse a conocer de estos temas, porque les van a pisar sus vidas el día de mañana. Que dejen un poco la dispersión –porque la juventud es así– y dejen de actuar como si estuvieran en un Titanic, que se hunde mientras ellos siguen bailando. Que estén preparados para lo que viene. Sea para bien o para mal.

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Centro de Estudios sobre Justicia Transicional, Víctimas y Restitución de Tierras
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