En un país multicultural, afligido por la violencia de grupos armados, delitos de lesa humanidad desangran a sus habitantes y destruyen lazos familiares. La desaparición forzada, un delito que obligó a dirigentes sindicales a esconderse bajo la protección de entidades internacionales.

“Lo queremos vivo, porque vivo se lo llevaron”, fueron las palabras expresadas por los integrantes de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), aquel abril de 2008 cuando Guillermo Rivera Fúquene desapareció, después de haber dejado a su hija menor en el bus del colegio.

Un hombre deportista, entregado a su familia y con la ilusión de ver a sus dos hijas grandes y profesionales, “fue interceptado por dos patrullas y cuatro motos de la Policía, fue esposado y subido a la fuerza a una de ellas”, es el relato del único testigo de lo sucedido la mañana del 22 de abril de 2008 en la esquina de un parque en el barrio El Tunal.

Así comenzó la vivencia de un crimen, violación de los derechos humanos, acción que produce más dolor que la muerte y la incertidumbre de un secuestro. Una desaparición forzada ese privar de la libertad a una persona sin reconocer habérsela quitado o dar pista de su paradero, negándole recursos vitales y garantías legales.

Sonia Betancour, esposa de Rivera, el Presidente del Sindicato de Servidores Públicos en ese entonces, dice “ese día eran las siete y media de la mañana, hora en que habitualmente él llegaba al gimnasio, cuando llegaron las ocho le marqué al celular, al no contestarme supe que algo andaba mal”. Desde ese momento, Guillermo Rivera pasó a ser un desaparecido más en Colombia.

ANTES DE ESTABLECERSE LA CONSTITUCIÓN DE 1991, QUE RIGE ACTUALMENTE, LA DESAPARICIÓN FORZADA EN COLOMBIA PASABA DESAPERCIBIDA ANTE LOS OJOS DEL ESTADO Y DE LAS ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Estas eran tratadas como casos de secuestro y los medios desviaban su atención debido al desconocimiento del fenómeno, presente en el país desde la década de los 70.

A pesar de ser un fenómeno recurrente en Colombia, las acciones que se tomaban en ese entonces eran de tipo disciplinario, comúnmente órdenes derivadas de organismos internacionales como la ONU y la OEA, por lo cual la penalización de casos de desaparición forzada no indicó disminuciones del delito.

“Sin embargo, aún no hay un censo sobre las cifras de las víctimas directas de la desaparición forzada en Colombia, debido a que ese crimen solo comenzó a contabilizarse de manera sistemática a partir del año 2000. Eso implica que muchas desapariciones ocurridas antes puedan haberse catalogado como otros delitos”, según el último informe entregado por el Centro de Memoria Histórica.

Miguel Morantes, actual presidente del CTC opina que “es muy preocupante y muy triste esa situación, porque cuando a un dirigente sindical lo desparecen habitualmente es para torturarlo, debido a que se sospecha que este conoce algunos secretos de importancia, pero lastimosamente algunas desapariciones no son para obtener información si no por pura sevicia o solo por tener el título de dirigente sindical”.

Guillermo Rivera y Sonia Betancour se conocieron 13 años antes de que él desapareciera. Ella vivía en ese entonces en La Habana, él tenía 38 mientras ella 21, su pasión más grande la causa socialista. Con la mano en la frente, ella repetía consignas relacionadas con el Che y él no paraba de hablar sobre el personaje que unía su ideología: el comunismo. Dos revolucionarios se encontraron en Cuba donde contrajeron matrimonio para luego volver a Colombia, donde nació Gabrielita, la última persona que vio a Guillermo el día en que despareció.

Pasaron varios días recorriendo los lugares más frecuentados por Guillermo, el mismo barrio donde vivían, el centro y la Contraloría, dejando a su paso un afiche con su foto y grandes letras que decían: “desaparecido”. Ese fue el comienzo de la investigación “que correría por cuenta de nosotros, porque ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el Gaula, se detuvieron a mirar el caso”, dice Sonia Betancour.

Por su parte, Morantes resalta la labor que hace el sindicato, “pues se hace necesario que la organización se acerque mucho a sus familiares y ayude a conseguir los apoyos psicológicos, legales y morales necesarios para suplir su ausencia y llegar al fondo de lo sucedido”.

Sin embargo, Sonia Betancour seguía reclamando por la indiferencia de los entes de seguridad que tenían a cargo el caso de su esposo. “¡Cómo es posible que el fiscal me llame a preguntar si sé algo de mi marido, cuando él debería darme los resultados de su investigación!”.

Es por eso que actualmente, en el gobierno de Juan Manuel Santos, la Escuela Nacional Sindical ha estado dialogando para establecer una propuesta que tiene como principal objetivo la reparación de las victimas (familiares), así como el sindicato al que pertenecía la persona desaparecida o asesinada.

La ley 1448, artículo 3, puesta en vigencia desde el 2011 establece: “También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de éstas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente”.

“Actualmente hay casi 700 sindicatos que han sido víctimas de por lo menos un hecho violatorio de la vida, libertad o integridad de alguno de sus afiliados y de estos 332 han visto morir o desaparecer a alguno de sus miembros”, muestra un informe revelado por la Escuela Nacional sindical.

Después de haber liderado marchas, de haber colocado el cartel con su foto en variados sectores de la ciudad, a Sonia Betancour le informan desde el Gaula que una llamada recibida tiempo atrás, en la que le informaban únicamente que Guillermo se encontraba bien, provenía de un pueblo llamado San Martin, en el Meta, que en ese entonces se encontraba bajo la influencia del grupo disidente comandado por Pedro Oliverio Guerrero, más conocido como “Cuchillo”.

DE GUILLERMO RIVERA NO SE SUPO NADA DURANTE SEIS MESES, AUN NO SE SABE QUIÉNES REALMENTE FUERON LOS RESPONSABLES DE SU DESAPARICIÓN, QUÉ BUSCABAN O QUÉ SECRETO TENÍA EN SU PODER.

Fue hasta finales de ese mismo año cuando, en un cementerio de la ciudad de Ibagué, reconocieron sus restos.

El caso de Rivera, fue el último considerado desaparición forzada dentro del CTC. Desde entonces no se han registrado casos que hayan sido efectuados, simplemente se han conocido amenazas que atentan contra la vida de varios dirigentes. “Amenazas que han incrementado “, dice Nohora Tovar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), entidad encargada de encender las alarmas correspondientes.