Los dignatarios de las juntas de acción comunal del sur de Bogotá son, al mismo tiempo, defensores de derechos humanos y víctimas de amenazas y asesinatos.

“¿Usted qué prefiere: hacer su denuncia o cuidar a su familia?”, se pregunta un líder de una junta de acción comunal (JAC) del sur de Bogotá, que pidió mantener en reserva su identidad. “Yo quiero mucho a mi comunidad, pero hasta allá tampoco llego”, agrega. Como muchos de sus colegas, le teme a las represalias que puedan tomar en su contra quienes manejan el negocio del microtráfico de drogas en la capital.

Motivos no le faltan. Sabe que a un expresidente de la junta del sector Rincón del Valle, en el extremo oriental del barrio Diana Turbay, lo mataron por denunciar centros de expendio u ‘ollas’, como les dicen popularmente. Se llamaba Pedro Martínez Arévalo y durante dos décadas fue un destacado líder comunal. Consiguió, entre otras cosas, la construcción del salón comunal, un jardín infantil y un centro médico.

El 30 de mayo de 2011, con 58 años, se convirtió en el primer nombre de la lista de seis dignatarios de JAC asesinados hasta marzo de 2014 en Bogotá, según registros de la ONG Somos Defensores, que vela por la protección de los líderes de derechos humanos en todo el país. Cuatro de los casos fueron en Ciudad Bolívar; dos, en Rafael Uribe.

NUEVE SÍ ES MUCHO

En conjunto, suman dos terceras partes de los homicidios de defensores de derechos humanos que ocurrieron en la capital desde 2009. El tercio faltante lo componen un joven militante del movimiento Progresistas y una madre comunitaria de San Cristóbal, así como un promotor del fútbol en paz entre barristas de Ciudad Bolívar.

En una ciudad que celebró en 2013 su tasa más baja de homicidios en 30 años, que ‘solo’ fue de 16,4 por cada cien mil habitantes –más de 1.200 en total–, nueve asesinatos pueden parecer pocos. Pero por tratarse de defensores de derechos humanos, ese solo dígito ubica a Bogotá de tercera en la lista de los lugares de Colombia donde más matan a estos líderes, solo por debajo de Medellín y Caloto (Cauca).

Los miembros de los organismos de acción comunal entran en esa categoría porque la ley 743 de 2002, que regula su funcionamiento, establece que uno de sus objetivos debe ser el de “divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos”. Pero las razones trascienden del papel a la práctica.

Ser líder comunal, por lo menos en el sur de Bogotá, implica parar en cada cuadra a recibir las quejas de algún vecino: la señora que está peleando un cupo para su hija en un colegio distrital, el señor que quiere que le quiten de la puerta la basura que baja con la lluvia por la calle-escalera que pasa frente a su casa, la joven que vive en una casucha de invasión al borde de lo que fue una cantera, la sordomuda embarazada que aspira a un subsidio y a la atención médica adecuada…

Estos casos recorren la Declaración Universal de los Derechos Humanos: educación, medio ambiente sano, vivienda digna, salud. “Aquí se vulneran todos los derechos. Uno ve mucha necesidad de la gente”, señala indignado José Tibaquirá, presidente de una de las tres JAC del barrio Bella Flor, donde termina la zona urbana de Ciudad Bolívar por el sur occidente.

BELLA FLOR, CIUDAD BOLÍVAR

Para llegar hasta allá en Transmilenio, hay que ir hasta el portal de El Tunal y tomar el alimentador Paraíso. Este tardará media hora en subir por las estrechas y empinadas calles, pitando en las curvas cerradas o haciendo caso a un improvisado paletero local, para saber cuándo avanzar sin encontrarse de frente con los que vienen en sentido contrario.

Durante el recorrido, van aumentando las casas en bloque desnudo y los perros callejeros, mientras por la otra ventana se divisa un mar de techos que termina en los cerros. Los más cercanos son casi todos de zinc, después está el parche verde del parque El Tunal y a lo lejos se divisa una minúscula torre Colpatria, la más alta de Bogotá. El bus no llega hasta las casas de invasión que coronan la montaña y descienden por detrás.

En la calle 71 P Sur con carrera 27 B, en el valle de la quebrada Limas, detrás del cerro, está elparque Illimaní, punto de referencia obligado para quien no conoce. En las tardes está poblado de niños, algunos sin padres a la vista. Los sábados hay entrenamiento en la cancha de tierra que queda detrás, porque nadie está dispuesto a pagar los 100.000 pesos por equipo que cobra el distrito por usar la de gramilla.

El parque no existía hace 10 años. Por esa época, al barrio apenas empezaban a llegar los servicios públicos, como parte del proceso de legalización. Más tarde vino la construcción del colegio distrital José María Vargas Vila y el salón comunal, que también está adecuado para dictar las clases de un programa de validación de bachillerato y, además, para el funcionamiento de un comedor comunitario que le da el almuerzo diario a 350 personas.

El último avance fueron las escaleras públicas, esenciales para un barrio de ladera. Son unos 200 escalones que conectan el parque Illimaní con la parte alta de Bella Flor, a la que solo se puede llegar por ahí o pagando un transporte adicional por la ruta más larga; puede ser una buseta, un camión de vallas o incluso un Jeep antiguo similar a los del Eje Cafetero, pero con menos adornos.

Todo lo anterior ha sido gestionado por las juntas. Son derechos fundamentales, “pero si uno no está ahí, presionando, nos dejan a un lado y nunca lo hacen”, insiste José. Pero el campo de acción de la junta no termina ahí y, por esa razón, él y varios de sus compañeros han visto amenazada su vida. Bella Flor es el único barrio que aparece dos veces en el listado de líderes asesinados de Somos Defensores.

CELSO Y LA LIMPIEZA

Jesús Arturo Rivera era el presidente de otra de las juntas del barrio, la del sector conocido como La Torre. De su muerte nadie habla mucho porque, al parecer, se debió a un asunto personal. Fue baleado por sicarios el 4 de julio de 2012, cerca de su casa. En cambio, José recuerda con detalles el caso de Celso García, un anciano de 70 años al que le abrieron el cráneo con un hacha, en algún lote baldío de la localidad, exactamente dos meses después.

Celso era parte del comité conciliador de la junta, un órgano cuya función es mediar en los conflictos de convivencia que surjan entre vecinos. “En las asambleas era muy insistente en que había que acabar con las ‘ollas’. Yo le decía que se cuidara, que fuera más prudente, que no dijera eso en público. Pero él igual lo hacía. Decía que había que lograrlo, fuera como fuera”, relata José.

En su afán por acabar con ese fenómeno, Celso, que venía de una zona del país dominada por los paramilitares, apoyaba abiertamente a un grupo de mal llamada ‘limpieza social’ del que, además, formaban parte sus hijos. El líder del movimiento era conocido como ‘Cepillo’ y murió acribillado 11 meses antes que el señor García.

Después de eso, se supone que los grandes grupos armados dejaron de hacer presencia en Bella Flor, pero las ‘ollas’ no han desaparecido. A media cuadra de la casa materna de José, hay una. Él sabe que lo tienen en la mira hace mucho tiempo porque, discreto y sin acceder a las invitaciones que ha recibido para revivir la ‘limpieza’, sigue luchando contra el microtráfico.

JOSÉ, EN LA MIRA

El año pasado le hicieron un atentado. A las tres de la mañana, tres tiros fueron disparados contra la fachada de su casa y entraron rompiendo la ventana de la sala y atravesando las cortinas, hasta chocar con la pared del fondo. Patricia, la esposa de José, fue la primera en salir a averiguar por qué había sido el tiroteo. “Solo caí en cuenta de que había sido en nuestra casa, cuando vi las ventanas rotas”, recuerda.

Por fortuna, ellos y sus tres hijos salieron ilesos. Para José, eso no fue casualidad. “Si hubieran querido matarme, lo habrían hecho hace rato. Pero me hicieron sentir miedo. Lo que estaban esperando era que yo cogiera mis maletas y me fuera”, afirma. Desde entonces tiene a su disposición un escolta, un chaleco antibalas y un Avantel, que solo utiliza cuando los considera estrictamente necesarios.

Pero las amenazas no cesan. En el último año, José ha recibido mensajes a través de sus vecinos, en los que “la señora de la ‘olla’ le manda a decir que a usted va a tocar matarlo”. Él sigue confiando en que, si fueran a atreverse, ya lo habrían hecho durante cualquiera de sus recorridos casi diario por el barrio, a pie y sin protección.

LA SEGURIDAD Y LA POLICÍA

El caso está siendo investigado por la Fiscalía y los detalles son reservados. Pero la versión de José y Patricia es que “todo fue porque vino al barrio un agente de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional) y los de la ‘olla’ vieron que mi hermano iba con ellos en la camioneta, dando información”.

Pero además, José y su familia manejan la hipótesis de una posible complicidad de algunos policías del cuadrante. “A ese Tovar lo trasladaron. Lo enfrentamos delante del comandante de Ciudad Bolívar y el tipo decía que era mi culpa por no tener la lengua quieta. Y además hay varios vecinos que vieron a los policías reunidos en la ‘olla’ ese día”, señala Patricia.

El coronel Luis Hernando Benavides fue nombrado comandante de la localidad hace cuatro meses, por lo que no conoce el caso en profundidad, pero advierte que “la institución está conformada por personas comunes y corrientes, no por superhéroes. Nosotros ejercemos mucho control, pero antes de tomar cualquier decisión, hay que recordar que toda persona tiene derecho a una investigación y un juicio”.

Otros líderes comunales también sospechan de la relación de miembros de la Policía con el microtráfico. “Ellos tienen una lista con todas las ‘ollas’ que hay en la localidad y no hacen nada”, se queja Octavio Pineda, presidente de la tercera junta de Bella Flor, la del sector C. El coronel Benavides confirma que tiene esos datos y que los ha compartido con los líderes de las juntas en comités de seguridad.

Pero afirma que eso no basta para que los delincuentes sean judicializados. “No contamos con los testigos que exige el proceso judicial. Nos dan información que ya tenemos, pero no los soportes. Las personas no quieren denunciar porque no quieren verse comprometidas, porque les da miedo que el delincuente los reconozca en el juicio”.

Pero esa no es la única razón. “Los líderes dicen que no denuncian porque le temen a la corrupción que, según ellos, puede haber dentro de la Policía”, explica Ángela Hernández, una de las funcionarias que más interacción tiene con ellos, pues se desempeña como profesional delegada del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC) para la localidad.

El coronel Benavides reconoce que hay fallas en la institución, pero que los inconvenientes de seguridad también tienen que ver con falta de prudencia de los líderes comunales. “En las reuniones, hay personas que lanzan información delante de otras 50, sin darse cuenta de lo que puede haber en su entorno. Por eso les decimos que esos temas delicados no los toquen ahí, sino que separen citas privadas posteriores”.

¿DENUNCIAR O NO?

“Yo no me voy a hacer matar por eso”, reconoce Octavio. Él prefiere seguir trabajando por la comunidad en otros campos: la construcción de más escaleras, la pavimentación de vías, la gratuidad del parque Illimaní. De hecho, expresa deseo de ceder la presidencia en las próximas elecciones de dignatarios, que serán en abril de 2016. Le ha tocado quedarse ya dos periodos por falta de candidatos que se atrevan remplazarlo.

José, en cambio, está pensando en retirarse de la JAC, pero para lanzarse a la política, ya que está prohibido hacer las dos cosas al tiempo. “Me han propuesto ser candidato a edil de Ciudad Bolívar. Lo estoy pensando. La idea es jalonar proyectos hacia la parte alta de la localidad porque, si usted ve, todos los ediles son de la parte de abajo, porque aquí la gente se deja comprar el voto por un tamal o 20.000 pesos”

Además es vicepresidente del Comité Local de Derechos Humanos, aunque dice que es muy poco lo que se puede hacer desde allí, porque “las entidades se burlan de uno”. Una de las que más descontento le genera es la Personería, que tramita las denuncias hacia la autoridad competente, pero tiene pocos dientes.

El formato que se llena allí tiene la misma fuerza que un derecho de petición y es el mismo para cualquier tipo de consulta: desde una inquietud sobre un subsidio cualquiera, hasta denuncias de violaciones de derechos humanos. “Si la entidad contra la que se interpone no responde, se le informa a los órganos disciplinarios correspondientes”, explica una funcionaria de la entidad.

Pero esto puede no ser suficiente cuando lo que está en juego es la vida de una persona, pues los resultados concretos suelen llegar demasiado tarde. “Así nos está pasando con una compañera del comité, que ha sido agredida y amenazada varias veces”, cuenta José, que en seguida continúa con sus denuncias contra la Policía, por abusar de su autoridad para maltratar a los jóvenes y distraerse de su trabajo para coquetear en la panadería.

Ángela es consciente de la complejidad de la situación de seguridad en la localidad para los líderes de acción comunal. Por eso el acompañamiento del IDPAC a las juntas no ha estado ausente en estos temas. “Hemos sido un puente para que estas personas puedan entrar en programas de derechos humanos con la Secretaría de Gobierno. Estamos muy pendientes de ellos”, afirma.

Cuenta, por ejemplo, que “el año pasado teníamos un programa en el que ellos (los líderes comunales) nos entregaban sus denuncias, con toda la documentación y las pruebas, y nosotros poníamos en discusión esos temas en una mesa de trabajo conjunta con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Es más, con don José Tibaquirá se logró todo el tema de seguridad”.

‘TIERREROS’ Y OTROS MALES

Pero Ángela también advierte que Ciudad Bolívar, y en particular Bella Flor, tienen muchos otros problemas, adicionales al del microtráfico. Otro de los grandes es el de los ‘tierreros’,las personas que se dedican a vender lotes que no les pertenecen a quienes los quieren para invadir. Un negocio rentable en un barrio al que solo le sigue la vereda Quima Alta, antes de llegar a zona rural de Soacha.

Nadie lo sostiene a viva voz, pero esa es otra hipótesis sobre la muerte del señor García que, al parecer, estaba haciendo negocios de ese tipo. El coronel Benavides no da nombres pero asegura que “uno va a ver y muchos de los líderes comunales están metidos en eso”.

Se comenta, por ejemplo, que José patrocina una invasión frente al colegio Vargas Vila, la misma donde más de uno lo saluda y que queda, literalmente, al borde de un abismo que hace años fue una cantera y hoy se ha convertido, además, en botadero de basura. “Lo que pasa es que los organismos que deben controlar eso no hacen nada. Y uno también ve la necesidad de la gente de tener su casa”, se defiende él.

Y es que muchos de los que llegan allí son desplazados. Pero la versión de la Policía es que invadir también genera ganancias. “Invaden, hacen legalizar y venden. Luego se van y hacen lo mismo en otro lado”, aclara el coronel Benavides y agrega que muchos de los invasores tienen el certificado de desplazamiento forzado emitido por la Alcaldía de Bogotá, pero no por la del sitio del que llegaron.

A eso hay que sumarle la violencia intrafamiliar, los embarazos prematuros y las venganzas por problemas económicos. “Acá los vecinos por cualquier cosa se van es matando”, dice Octavio. Para Ángela, se trata de “una sociedad tan malsana, que la vida pierde un enorme valor por cualquier cosa”. El coronel Benavides cuenta que solo cuando llegó a Ciudad Bolívar le halló sentido la Canción para un niño en la calle del español Patxi Andión:

Hoy, rigurosamente hoy,
ha nacido un nuevo muerto,
ha nacido un nuevo niño en la calle.

Una prueba de que “aquí se vulneran los derechos humanos todo el tiempo”, como asevera Ángela. Los dignatarios de las JAC, como líderes defensores, trabajan para cambiar esa situación en sus comunidades.

LOS PROYECTOS

Octavio quiere sus escaleras. Otros han financiado jóvenes deportistas de sus sectores o proyectos artísticos para la tercera edad. José quiere que su barrio tenga un teleférico, “que sea de la comunidad y no se quede para las empresas privadas”, e insiste en que cada uno de los 6.000 habitantes del barrio en su casa tenga una planta que florezca y pinte su fachada, “para que de verdad sea una bella flor y no solo pobreza”.

No en vano, el líder anónimo citado al inicio de este reportaje asegura también que “la gente tiene la idea errónea de que seguridad es solo mandar más policías al barrio. Todo eso va de la mano con la seguridad social: la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el deporte, etcétera; para prevenir la violencia y sacar a los jóvenes de problemas como el de la droga”.

Eso es defender los derechos humanos. Voluntariamente y sin remuneración económica, es lo que hacen él, José, Octavio y 3.500 dignatarios más en las JAC de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe. Aunque les pueda costar la vida.