No se puede repetir la historia
por: Valentina Martínez López
El actual Gobierno tiene en sus manos la paz, pero si no la manejan correctamente es probable que nuevos grupos se rearmen como ocurrió con las Bacrim. En este caso debe haber una dejación de armas exitosa y definitiva.
El camino de la búsqueda de paz está cada vez más lejos, sin embargo, el anhelo de encontrarla es cada vez más cercano. Ahora, el Gobierno está dialogando en el limbo y en el centro de la injusticia e impunidad. Así lo afirma Alfredo Rangel quién hoy es senador del Centro Democrático.
Hace ocho años se vivió la historia por la que hoy similarmente está pasando el país. El gobierno de Álvaro Uribe inició un proceso de paz con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. A finales de 2006, los integrantes de este grupo dialogaron para una posible desmovilización, algunos de ellos lo hicieron satisfactoriamente, pero otros se rearmaron y como bandas emergentes comenzaron una nueva época de delincuencia común.
Para Rangel la sociedad está sumergida en la injusticia y no en el perdón cómo debería ser. “El gobierno actual no tiene en cuenta a las víctimas sino solo crear una buena imagen y una reelección. La impunidad está en esa mesa de diálogos”.
Un descuido del ex mandatario Uribe Vélez en el dialogo con las AUC dejó cómo consecuencia la generación de las Bandas emergentes, Bacrim, pues así lo han afirmado varios senadores, entre ellos, Antonio Navarro. “Uribe hizo una Ley que solo funcionó para que algunas cabezas del paramilitarismo se perdieran o fueran extraditadas sin pagar penas aquí, ni siquiera sabemos dónde están”
Sin embargo, para el ex senador Juan Carlos Vélez Uribe, es mentira el ‘mito’ de que la herencia que dejó Uribe en su gobierno fue la creación de las Bacrim.
Actualmente, el gobierno de Juan Manuel Santos está enfocado en el proceso de paz con las Farc, en la Habana Cuba. Algo parecido a lo que hizo Uribe con los paramilitares. Hasta el momento, los delegados del gobierno han acordado varios puntos de la agenda, cómo el desarrollo del agro y el tema de las tierras, la participación política de las Farc y las drogas ilícitas. Sin embargo, el 23 de marzo de 2016, fecha que había sido acordada para firmar la paz tuvo que ser pospuesta debido a que la guerrilla no dejó las armas para acceder al beneficio de los puntos pactados en la mesa.
Ahora, ¿qué pasaría si los integrantes de este grupo guerrillero se desmovilizan? Para el ex senador Juan Carlos Vélez “lo más seguro es que si las Farc se desmoviliza, cosa que dudamos mucho, la mayoría de esos guerrilleros seguirán en el negocio del narcotráfico, y es imposible evitar porque en este país este tipo de negocio es muy fuerte”.
Para algunos está el temor de que no ocurra una desmovilización y este fracaso pueda generar un nuevo grupo de delincuentes y narcotraficantes cómo sucedió con las AUC que algunos ahora pertenecen a las Bacrim.
El analista Vicente Torrijos argumenta que en el gobierno de Uribe si hubo algo de culpabilidad y falencias en la administración que generó una nueva oleada de delincuencia, pero el narcotráfico no ha existido desde ahí. “La existencia de circuitos rentables de economía ilegal y la posibilidad de control sobre los mismos es un factor a tener en cuenta en el asunto. Este fenómeno se ha marcado fuertemente en las áreas rurales, periféricas y fronterizas, lo cual ha implicado que las guerrillas, las Bacrim u organizaciones delictivas, puedan formar una base política-económica”.
Cuándo se crearon las Bacrim, los diálogos con los integrantes de esta banda estuvieron acogidos a la Ley de Justicia y Paz. Algunos creen que el manejo de esta ley les facilitó a los paramilitares reorganizarse nuevamente.
El ex senador Vélez Uribe fue el ponente para la prórroga de la Ley de Justicia y Paz y lo que buscaba con ella era que estuviera vigente para que funcionara con las actuales negociaciones con las Farc, pero la propuesta no fue aceptada porque creyeron que Vélez “iba a hacer alguna trampa”, afirmó.
“Actualmente, los guerrilleros solo cuentan con esta Ley para desmovilizarse siempre y cuando las conductas las hubiesen cometido antes del 25 de junio de 2005 y así poderlas incorporar a la ley de Justicia y Paz. Yo había propuesto que esta pudiera aplicarse para conductas posteriores, pero como había tanta prevención conmigo por ser uribista, pensaron que yo estaba tratando de hacer una trampa. Ahora el Gobierno se lamenta y tienen un escollo sin resolver”, dijo Vélez Uribe.
Para el analista León Valencia, el gobierno de Uribe no supo atacar el problema de fondo con los paramilitares y no hubo una verdadera desmovilización ni desarme, sin embargo, plantea que la ley de Justicia y Paz no fue la culpable. “El Gobierno se sentó a la mesa con ejércitos y aun sabiendo que las AUC eran apenas los pistoleros, la punta de un iceberg de una violencia más compleja, se conformó con recibir las armas e iniciar un proceso jurídico, el proceso de para-política no ha sido la consecuencia lógica de la Ley de Justicia y Paz”.
El ex senador Juan Lozano ha sido uno de los principales opositores de que el Estado gaste dinero en un proceso de desmovilización, pues el concepto de reinserción lo entiende solo como una oportunidad para recibir beneficios y una fuente de gastos por parte del Gobierno. “Hay que tener en cuenta que aquí hay doble vía, no solo que el gobierno gaste recursos, sino también que los reinsertados tengan obligaciones con la sociedad”.
Según Lucas Uribe, asesor de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, un desmovilizado le cuesta al país aproximadamente 7 millones de pesos al año. Mientras que mantener una persona en la cárcel le cuesta al Gobierno 13 millones de pesos anualmente. “Esta cifra incluye que el desmovilizado tenga acceso a salud y educación. Nosotros damos 4 millones y el Estado da el resto. Pero vale la pena porque cada vez tenemos más reinsertados que dejan las armas ya que cerca del 80 % de los combatientes se han desmovilizado”.
El proceso de desmovilización para un combatiente comienza con la dejación de armas que se maneja con el Ministerio de Defensa, quien avala y certifica que la persona ya puede empezar un proceso de reinserción en la sociedad, a través de talleres y actividades, esto puede tardar dos años. Tanto para Lucas Uribe como para Vicente Torrijos, los ciudadanos tienen algo de culpabilidad al poner barreras sociales con los desmovilizados, porque si quieren la paz pero así mismo no están dispuestos a convivir con alguna persona que haya sido combatiente.
Regis, exintegrante del frente 52 de las Farc, dice que es muy difícil que la sociedad acepte a una persona cómo él, las ofertas laborales son muy pocas y la convivencia no es nada fácil. “Uno se siente como otro tipo de persona en la sociedad. Yo acepto que maté y casi me matan, pensé que el Estado era mi enemigo, pero luego me entregué y estoy arrepentido”.
Este hombre de 40 años ha vivido la muerte tan cerca que pareciera algo intrínseco a él. Las AUC estuvieron atentando contra su vida constantemente, tanto que Regis decidió refugiarse en las filas de las Farc. Dejó su familia en Barranquilla y se fue al monte. Su vida como guerrillero duró cerca de ocho años y reintegrarse fue un proceso con muchos obstáculos. La sociedad no lo aceptó tan fácilmente y su situación económica no fue la mejor después de dejar el grupo armado.
En todo caso, sea cual sea la razón de la conformación de las Bacrim, estos grupos, siguen delinquiendo en más de 20 departamentos, en el que Antioquia ha sido el más afectado del país. Un informe de la Policía muestra que hasta 2012 se capturaron 69 líderes de las Bacrim y el 47% eran ex integrantes de las Auc. El conflicto armado de Colombia está conformado por las Farc, ELN, y otros agentes, teniendo en cuenta también los desplazamientos forzados, las desapariciones, las minas, y masacres. (Ver gráficos).
El departamento de Antioquia es uno de los lugares donde más operan y delinquen las Bacrim, pero en 2012 en el Valle del Cauca se registraron 7 mil desplazados de los cuales el 90 por ciento fue autoridad de las Bacrim.
María Teresa Ronderos, en su libro Guerras Recicladas, hace un análisis profundo del paramilitarismo en Colombia, y deduce que esto no ha empezado desde hace poco. “Colombia desde los años setenta ha tenido una guerra civil constante, ha sido la capital mundial del asesinato y se convirtió en la sede de la droga”.
Haciendo un recorrido sobre las Bacrim, tratando de buscar culpables, no hay una verdad absoluta. Solo queda una pregunta agobiante ¿y si se firma la paz qué sucederá?
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