Cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual en Colombia. Solo dos de cada cien casos son susceptibles de generar una condena. Los avances por parte del Estado son insuficientes. Testimonios de dos víctimas que siguen empeñadas en hacer valer sus derechos.

“¿Quién la manda haber sido tan perra y tan puta y haber tenido esa hija?” Esa fue la respuesta que Olga Lucía Castillo escuchó luego de increpar a César Ruiz, un militar estadounidense retirado, por violar a Paola, su hija de doce años. “Yo no sabía que había que pedirle permiso a un extranjero para tener hijos”, dice Olga cuando recuerda la escena. Michel J. Coen, Sargento activo del ejército de Estados Unidos, que en un año recibirá su pensión y quien también abusó de la menor, la miraba indiferente, con cinismo. Nunca dijo una palabra. Ella amenazó con demandarlos y Ruiz le contestó: “¡Demándeme! Acá en Colombia no me hacen nada…”.

Cesar Ruiz tiene razón. Según el informe Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y Proceso de Paz solo dos de cada cien casos de violencia sexual son susceptibles de dar lugar a una condena en el país. Colombia tiene una tasa de impunidad en crímenes de esta naturaleza de más de 98 por ciento, la misma de República Democrática del Congo, un país que también ha sido destrozado por la guerra y en donde cerca de 200 mil mujeres fueron abusadas sexualmente. Sin embargo, la impunidad no es el único problema que Colombia enfrenta: los funcionarios que reciben las denuncias no están capacitados para tratar las víctimas y tienden a verlas como un problema que obstaculiza su trabajo; asimismo, no hay interconexión entre los organismos del Estado para hacer un seguimiento adecuado de los casos, lo cual favorece la revictimización.

El caso de Nubia Castro** también es un reflejo de la inoperancia de las instituciones gubernamentales: luego de haber sido violada por seis hombres en un terreno baldío cercano a un río, el funcionario de Medicina Legal que la examinó no solo no siguió el protocolo para atenderla correctamente, sino que mintió en el informe que diligenció, pues Nubia estaba muy alterada para que le practicaran un examen que corroborara que fue abusada sexualmente y el médico optó por anotar que no se encontraron evidencias del crimen. Incluso, al ver la negativa de ella, le dijo: “ni que fuera virgen”.

Estos son solo dos de los 1,754 casos de violencia sexual que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado entre 1985 y 2012, una cifra que se queda corta pues solo 18 por ciento de las mujeres que son víctimas de estos delitos denuncian por temor a la estigmatización, la persecución y la vergüenza, entre otros factores. No obstante, un estudio más certero que hizo parte de la campaña “Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra” encontró que un promedio de 54.410 mujeres sufrieron violencia sexual por año entre 2001 y 2009.

El origen de la demencia

Aunque los abusos en contra del género femenino en el marco del conflicto son una estrategia por parte de actores armados para generar miedo en las poblaciones en donde están presentes, la violencia contra la mujer tiene origen en la noción de que el hombre es superior a esta, según afirma Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer. Debido a esta concepción errónea, la violencia es vista como un instrumento válido para ejercer control. Esta situación se agrava cuando se trata de afrodescendientes o indígenas, poblaciones históricamente marginadas y vulneradas. De hecho, la Corte Constitucional declaró en riesgo de extinción física o cultural a 34 comunidades indígenas en 2011.

Por otra parte, la violencia sexual también tiene su origen en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la agroindustria. Según el informe citado en un comienzo, varias empresas que se lucran con la prostitución operan cerca de compañías mineras y son administradas por paramilitares. Muchas funcionan con el consentimiento del Ejército y la Policía, lo cual plantea otro problema: la complicidad del Estado en estos crímenes, un fenómeno que también se ve reflejado en políticas como la clasificación de los delincuentes asociados al paramilitarismo como Bacrim (bandas criminales). Esto representa un obstáculo para las víctimas de estos insurgentes, pues son vistas como víctimas del crimen organizado y no como víctimas del conflicto interno, lo cual no garantiza el derecho a la verdad, la reparación y la no repetición. Asimismo, la falta de iniciativas para investigar a los altos mandos de la cadena promueve la impunidad y exime a muchos de las condenas que tiene contemplada la ley.

Víctimas del Estado

Cuando Olga fue con su hija a la Comisaría de Familia para denunciar lo sucedido, el recibimiento por parte de la psicóloga fue devastador: esta le dijo a Paola que si decía mentiras, la metería a la cárcel. La psicóloga de la Fiscalía fue aún más allá: ordenó hacer varios exámenes para corroborar que Paola no tuviera delirios sexuales con los militares implicados. “Una niña de doce años teniendo delirios sexuales con un par de gringos que no conoce…”, afirma Olga con consternación.

Desde entonces, ha recibido amenazas constantes, ha tenido que huir con sus dos hijas y dejar atrás las microempresas que había construido en Melgar. Una vez un sujeto se presentó frente a ella con unos documentos escritos en inglés y le dijo que los firmara mientras se llevaba la mano al cinto y dejaba ver la funda de su pistola. Ella no aceptó y, tiempo después, se enteró de que se trataba de una absolución a los militares que le confesaron su crimen. Episodios como este se repiten frecuentemente y les quitan la tranquilidad a Olga y su familia. Hace pocos días notó que estaban tomando fotos cerca de su casa, y sabe que se han dado reuniones entre delegados estadounidenses y funcionarios colombianos en donde ella no ha sido tenida en cuenta.

Hasta el momento, la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, es una de las pocas figuras del Estado que le ha ofrecido algún tipo de ayuda, además del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien prestó atención al caso cuando era senador. Plazas le ofreció garantías para que sus dos hijas puedan tener acceso a la educación. Paola se inscribió el año pasado en un curso de maquillaje y belleza, pero espera recuperar el tiempo perdido y emprender otros proyectos.

De hecho, solo hasta comienzos de 2015 comenzó a mostrar mejoría después sufrir varios cuadros de depresión y tres intentos de suicidio: «El otro día la vi leyendo una entrevista que me hicieron; ella antes no permitía que nadie le hablara de lo que pasó. Ahora está revisando los papeles de la Fiscalía y me dice: “‘Ma’, esto no fue lo que yo dije”. Hasta ahora está cayendo en la cuenta de la manipulación a la que la sometieron. A mi niña le hicieron mucho daño», dice Olga.

Nubia, por otra parte, fue abusada sexualmente de nuevo en dos ocasiones. Tuvo que abortar una vez y ha tenido que huir de los municipios donde residía por amenazas de sus victimarios. Actualmente vive cerca de la costa, una región en donde el miedo aún la persigue por cuenta de las preguntas sospechosas sobre su pasado que varios lugareños le han hecho. “A raíz del paro de hace poco las cosas se alborotaron”, afirma con la voz entrecortada por teléfono mientras se escuchan las novelas que tiene sintonizadas en su televisor. Ahora, lo único que quiere, es que el Gobierno le dé el subsidio que afirma que le prometieron para adquirir una vivienda o, de otra forma, salir del país. “Yo no he podido realizarme ni salir adelante por todo lo que me ha pasado”, dice.

¿Qué está haciendo el Gobierno?

Jineth Bedoya, periodista y víctima de la violencia sexual, organizó el Festival por la vida de las mujeres, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de mayo de 2015 con apoyo del Ministerio de Defensa. El domingo 24 más de 500 mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas se reunieron para formar un corazón gigante en la plaza del centro comercial Gran Estación junto con varias víctimas de abuso sexual. Al cierre del evento, altas oficiales presentaron una cartilla en la que se establece el protocolo que debe seguir la Fuerza Pública para responder a estos crímenes y se enfatizó el compromiso de todos los miembros que la integran. Así, se mejoran algunos puntos críticos señalados en el informe por varias organizaciones en contra del maltrato a la mujer.

Por otra parte, el 25 también fue declarado por el presidente Juan Manuel Santos como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. En el marco del festival hubo conversatorios y talleres de empoderamiento, en donde las mujeres que han sufrido abusos sexuales conocieron herramientas para lidiar con sus casos y transformar su dolor en algo positivo

El Distrito también está haciendo lo suyo: hace cuatro años creó la Secretaría de la Mujer, en donde se ha implementado una estrategia para dar respuesta oportuna a los requerimientos de las víctimas. Se trata de Sofía. Según Adriana Ramírez Duplat, antropóloga de esta institución, este plan permite brindar atención especializada a las víctimas de desplazamiento forzado o de violación sexual. “Lo que se procura en este sistema es evitar la revictimización al máximo y llevar a la víctima a través de una ruta integral en donde podamos resolver sus problemas. Sin embargo, somos la segunda ciudad más receptora de desplazados, de modo que es complicado atender todas las solicitudes que nos hacen. La Fiscalía y la Procuraduría deberían dar respuesta a muchos casos pero es allí donde hay muchas fallas y de eso no nos podemos encargar”, señala Ramírez.

Sin embargo, aún quedan muchos asuntos pendientes: el Auto 092 de 2008 estableció que se debe dar prioridad a 191 casos de abuso sexual por parte de la Procuraduría. Sin embargo, según información del Ministerio Público, solo se han proferido 17 sentencias condenatorias, 88 casos siguen archivados y 50 están en investigación previa.

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“Yo me crié en la calle y por eso tengo este carácter y por eso voy a seguir luchando para que se haga justicia”, señala Olga. Ese temple es el que la ha llevado a encadenarse en la Plaza de Bolívar por varios días. Solo esa presión hizo que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, accediera a entrevistarse con Paola.

“A mí a estas alturas no me importa que me indemnicen, cosa que deberían hacer porque mis dos microempresas no estaban pintadas en la pared, pero lo que más quiero es que haya justicia, que pase algo con estos tipos”.

La situación de Nubia, sin embargo, es mucho más compleja, pues su caso no ha sido atendido por las autoridades ni tampoco es conocido por los medios de comunicación. Actualmente tiene dos hijos bajo su cuidado y el dinero siempre escasea. Las jornadas laborales apenas le dan tiempo para estar con ellos y para limpiar de afán la residencia donde viven.

Mientras tanto, el tiempo avanza con inclemencia, el papel del Gobierno sigue siendo insuficiente y el dolor de las víctimas está latente, entumecido en ocasiones por el afán de la cotidianeidad y por la resignación que nace del cansancio de insistir sin obtener respuestas, pero siempre presente y listo para aparecer en cualquier momento: en la noche, cuando la rutina acaba y las dudas y tristezas empiezan a vagar por la mente, o en el día, cuando una palabra, un lugar o un sonido bastan para revivir el horror.

Solo cuando haya igualdad, dice Claudia Mejía, se podrá construir una paz duradera, y dejará de haber violencia contra el género femenino dentro y fuera del conflicto armado.

*Nombre cambiado por petición de la víctima.

*Reportaje para prensa ganador de Los Premios Globo de Comunicación 2016, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda