Por: Daniela Tuaty

En​​medio​​ de​​ enfrentamientos,​​ la​​ Alcaldía​​ y​​ los​​ vendedores​​ quieren​​ llegar​​ a un​​ acuerdo​​ por ​​medio​​ de ​​la​​ educación.

 La recuperación del espacio público se ha convertido en un calvario para las Alcaldías de Bogotá. Entre las disputas generadas por parte de la Policía, el ESMAD y los vendedores ambulantes, los Alcaldes locales quieren​​hallar​​una​​solución ​​en​​ medio​​ de ​​todo ​​el​​ caos.

El 26 de enero de 2016 se realizó un operativo de desalojo a los vendedores ambulantes que se situaban por la Calle 72 y otros lugares de la localidad de Chapinero, su Alcaldía propuso soluciones educativas a dicha problemática, porque después de año y medio, la situación continúa igual.

Por principio constitucional, el interés general deberá prevalecer por encima del particular.

El deber de los Alcaldes es proteger los derechos de los ciudadanos y velar por el bien colectivo. Pero, siempre serán un punto de choque entre los afectados y quienes deben hacer cumplir la Ley. Esto se genera por los cambios repentinos​​ que ​​afectan​​ ​​la​​economía​​de​​ sus ​​hogares.

El asesor legal de la Alcaldía de Chapinero, Pedro Pablo Castillo, aseguró que la Defensoría del Espacio Público, el IPES (Instituto Para la Economía Social) y en alianza con las universidades de la Localidad, iniciaron  capacitaciones sobre mercadeo, comercio, contabilidad y atención al cliente dirigidas a los vendedores informales, quienes  se han visto afectados por la incautación de sus productos y los nuevos comparendos que se imponen, por Código de Policía, para ​recuperar ​​dichos ​​espacios.

A pesar de la buena planeación del Distrito, la información no llegó a los vendedores ambulantes, quienes manifestaron no haber recibido ningún comunicado. Tal es el caso de Cecilia Blanco, quien mantiene a sus tres hijas con la venta de papas, dulces y bebidas en su improvisado puesto sobre la Carrera 13 en la plaza de Lourdes.

La Alcaldía por medio de pruebas contundentes responde que, en la primera sesión asistieron 15 de 90 personas, quienes confirmaron su asistencia, lo que evidencia la falta de compromiso por el mejoramiento de su propia estabilidad económica. La idea no es legalizar los puestos informales, lo primordial es incentivarlos a que lleguen a ser a microempresarios para mejorar su calidad de vida ​​y ​​la ​​de ​​ ​​los ​​bogotanos.

“Los bogotanos estamos cansados de transitar por el pequeño espacio que queda entre los carritos de ventas y los carriles de la cicloruta; las bicicletas que se dirigen en ambos sentidos a toda velocidad nos ponen en un riesgo inminente”, dijo Castillo, quien añadió que las empresas de telefonía móvil usan el espacio público disponiendo de vendedores que se desplazan por toda la ciudad promocionando sus servicios en tiendas, casas, empresas y en carpas corporativas, las cuales se ubican en las esquinas.

El punto clave para la solución del problema está en encontrarle un balance general a la discordia. Se deben implementar más diálogos con los vendedores ambulantes, para que participen y propongan ideas, con el  ánimo de generar nuevos espacios y con mejores condiciones para su trabajo.