La Fiscalía General de la Nación está cambiando su estrategia de judicialización para poder condenar a la mayor cantidad de exparamilitares posible, antes de que éstos queden libres a partir de julio de este año sin haber sido condenados.

El proceso de Justicia y Paz está herido de muerte. Si la Fiscalía no logra su objetivo con su nueva estrategia de priorización, cuatro mil exparamilitares estarían en dos años caminando libremente por las calles del país sin haberse hecho justicia, ni dicho la verdad, ni tampoco reparado a las víctimas de masacres como la de El Salado, en la que fueron asesinadas más de 200 personas, luego de haberlas torturado, mutilado y violado.

El proceso de Justicia y Paz busca reintegrar a la vida civil a exparamilitares con el objetivo de que éstos confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas, y se haga justicia, a cambio de pagar penas de máximo ocho años y cuatro más de libertad vigilada; pero es tal la cantidad de delitos cometidos que la “Fiscalía General de la Nación no tiene la capacidad de investigar cada uno de los crímenes”, según afirmó Andrés Felipe Ortega, politólogo y experto en resolución de conflictos; tanto así que desde que se inició el proceso en 2006, sólo se han dictado 12 sentencias a exmiembros de las autodefensas y no por todos los delitos.

“En Colombia no hay un solo condenado por la totalidad de delitos que cometió”, aseguró Carlos Otero Granados, abogado defensor de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien añadió que de 35 mil exparamilitares que se desmovilizaron, sólo cuatro mil se incorporaron al proceso de Justicia y Paz; de los otros 31 mil, unos entregaron las armas y nunca se presentaron ante la justicia, varios se fueron a formar parte de las bandas criminales, otros trabajan honradamente y algunos están dentro de la ley 1424 que se creó para quienes, estando en las autodefensas, no cometieron delitos de sangre, pero sí concierto para delinquir.

La estrategia de priorización, creada por el fiscal general, Eduardo Montealegre, consiste en hacer un enfoque diferencial y en tratar de abarcar con varias etapas la mayor cantidad de delitos posibles, dejando de lado otros y haciendo énfasis en los que la Fiscalía alcance a investigar y considere más relevantes, con lo que los demás sencillamente se olvidarán.

El proceso de investigar los crímenes uno por uno requiere que cada exmiembro paramilitar confiese los delitos que perpetró durante 26 años de violencia. “Se necesitarían 250 años para que la Fiscalía pueda investigar y juzgar todos los delitos que se cometieron por parte de las autodefensas”, afirmó Granados, pero la ambición del nuevo fiscal general con la estrategia de ´priorización, es tener al menos 50 sentencias a final de este año, con esto se logaría que más exparamilitares sean sentenciados al menos por uno de sus delitos.

Cabe anotar que dentro de esos delitos graves no se judicializarán el genocidio ni las masacres porque no están tipificados dentro de la ley colombiana, lo que sí está contemplado es el asesinato, la tortura y el terrorismo. Según la ley, los exparamilitares no cometieron delitos de lesa humanidad ni masacres.

Apenas hasta ahora la Fiscalía está presentando patrones de criminalidad ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia, para demostrar que efectivamente hubo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y eso va a permitir que en un futuro los jueces condenen a los paramilitares por crímenes contra la población. Aunque con esto no se lograría que variaran las penas, sí se cumple ante la comunidad internacional el requisito de condenar por delitos de lesa humanidad.

Debido a las bajas penas aplicadas a los exparamilitares, a que no se van a tener en cuenta la totalidad de los delitos que cometieron y a que dentro de poco van a quedar en libertad los victimarios de miles de personas, queda en la opinión pública la duda de si el proceso de Justicia y Paz lleva a la impunidad.

Vladimir Rodríguez, fiscal delegado ante los jueces del circuito de apoyo ante el tribunal de Justicia y Paz de la Fiscalía 21, considera que en este proceso no hay impunidad, porque éste ha servido para condenar senadores, alcaldes, diputados y concejales por parapolítica, además ha indemnizado y devuelto la tierra a campesinos y víctimas del conflicto. Además, los miembros de las autodefensas en este momento están presos y, para él, aunque sólo se hayan imputado cargos a doce implicados, pagarán cárcel por ocho años, aunque parezca poco tiempo. “Mil años de prisión no es sinónimo de efectividad de la justicia”, asegura el fiscal.

Por otra parte, habría que considerar si los presos en Colombia piensan que es lo mismo purgar ocho años por una masacre que 60 años por un solo asesinato, e incluso si los sobrevivientes de estas masacres creerían justo que asesinos públicamente reconocidos, con el tiempo pretendan alcanzar el poder a través de cargos públicos. ¿Y qué piensan los militares y sus familiares por las bajas penas al enemigo, cuando a ellos se les ha aplicado todo el peso de la ley? “Debe haber una igualdad de penas entre los agentes del conflicto para que no haya impunidad, así se haya violado la ley para cumplir la ley”, expresó Rodríguez.

Fabio Olmedo Palacio, exviceministro de Trabajo y miembro negociador en el proceso de paz del Caguán, considera el proceso de Justicia y Paz como un fracaso porque el Estado no tiene la infraestructura para hacer las adecuadas investigaciones y sentenciar. “Hablar de paz y olvido no es más que una expresión con la que se pretende tapar la ineficiencia del Estado”, argumenta.

Es una realidad que el gobierno tendría que poner mayores recursos, la Fiscalía tendría que aumentar su planta de personal para agilizar los procesos de sentencias tan retrasados hoy en día, además el trabajo del ente acusador no se limita sólo a investigar los homicidios de Justicia y Paz, sino que también tiene que afrontar problemas como el de las Bacrim o bandas especializadas.

La Fiscalía tiene el mismo número de funcionarios desde hace cuatro años, y 38 mil nuevos homicidios confesados que debe investigar, con los mismos recursos. Hay 452 víctimas registradas en el proceso, pero cada una de ellas reporta más de un delito, en ocasiones cometidos sobre más de una persona, lo que dificulta aún más la tarea de la Fiscalía.

Los asesinos deben confesar y pedir perdón por sus crímenes a los familiares de las personas que fueron brutalmente asesinadas. Algunas víctimas consideran que los miembros de las autodefensas no están arrepentidos, y creen injusto que paguen penas tan bajas; en cambio hay otros, como en el caso de la señora Amparo, madre de tres hijos brutamente asesinados por el bloque Centauros de las autodefensas, que sólo quieren que “les devuelvan los huesitos de sus hijos” para darles cristiana sepultura. Lo demás les es indiferente.

Andrés Felipe Ortega, experto en conflicto armado, opina que en todos lo procesos de paz el Estado debe ceder y la justicia es la gran cercenada, si se quiere acabar con la guerra. El costo de alcanzar la paz es, en la mayoría de los casos, la impunidad.

Es evidente que el ente acusador está en apuros, que no tiene la infraestructura ni el tiempo necesario para investigar todos los crímenes que se cometieron por parte de las autodefensas. Ahora, si a este problema se le suma un posible tratado de paz en La Habana con las Farc, “la Fiscalía colapsaría porque no tiene el personal para acoger a ocho mil guerrilleros de las Farc”, afirmó Rodríguez al admitir que no están preparados para otra desmovilización.

No obstante, la gravedad del proceso de paz en La Habana no radica en la falta de recursos de la Fiscalía, sino de las condiciones que las Farc imponen para dejar las armas.

Si el proceso de Justicia y Paz y la estrategia de priorización con los exparamilitares han permitido la impunidad con penas tan irrisorias, el proceso en La Habana podría serlo aún más. Las Farc piden no pagar ni un solo año de cárcel, ya que consideran que ellas han sido “las primeras víctimas del conflicto al ser civiles obligados a tomar las armas”, como lo afirmó Rodrigo Granda, uno de los negociadores del grupo guerrillero en Cuba, a los medios de comunicación.

Pretenden que se olviden las masacres como la de Bojayá o los pueblos destruidos por los cilindros bomba, las minas quiebrapatas, los collares bomba y otra serie de bárbaras formas de ataque a los civiles; porque ellos dicen que no son victimarios, sino víctimas del conflicto, y que, por lo tanto, ni siquiera están obligados a pedir perdón al país.

Sin embargo, la solución no es parar los procesos de paz, es aceptar que la impunidad estará presente y ese es el precio que hay que pagar si se quiere terminar el conflicto.

Cuando lo que se busca es que a través de la justicia transicional se tenga en cuenta la reparación, la justicia y la verdad, y esta no se logra por los mismos tratos que se deben celebrar con los grupos para que se desmovilicen, la sensación que queda en la opinión pública es de fracaso e impunidad. Sería muy conveniente tener en cuenta las palabras del exviceministro Olmedo cuando dice que “es preferible ver a los guerrilleros vestidos de congresistas que de camuflado”.