Las cartas están echadas, los diálogos de paz con las Farc son una realidad. El Gobierno, la guerrilla y, por supuesto, los colombianos han escogido la salida negociada al conflicto y se convencieron de que, como dijo Mahatma Gandhi, “no hay camino para la paz, la paz es el camino”. Sin embargo, experiencias similares evidencian que el proceso tiene más incertidumbre que esperanza. ¿Habrá paz?

Según una encuesta de la firma Gallup, 63% de los colombianos afirma estar de acuerdo con un proceso de negociación con las Farc. A esto se suman las voces de expertos y académicos, como el caso de Antanas Mockus, quien aseguró que este es un proceso que “hay que ver con esperanza, pues la pre-negociación, que es la tarea más compleja, ya está hecha”.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, entre ellas la más dura ha sido la del expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó que este nuevo intento de poner fin al conflicto de más de 50 años es una “bofetada” a los colombianos y “podría crear un clima de impunidad”.

“Los colombianos ya escarmentamos: sabemos que nuestra constante histórica es el fracaso de la mayoría de los procesos de paz”, comentó el columnista Héctor Abad Faciolince. Desde la época de Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, se ha intentado reintegrar las guerrillas a la sociedad, pero han sido los gobiernos de Belisario Betancourt, César Gaviria y Andrés Pastrana quienes han buscado seriamente procesos de paz, todos con una cosa en común: han fracasado.

¿Esta vez será diferente? “Es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, y lo vamos a demostrar”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos el día del anuncio del acuerdo preliminar con las Farc, y agregó que el objetivo de su gobierno es ponerle fin al conflicto en el país a través de un acuerdo y de un diálogo, sin que se vuelvan a repetir los errores del pasado.

Pero gústele a quien le guste, esta no es una política improvisada. De acuerdo con un artículo del pasado 29 de agosto de la Corporación Nuevo Arco Iris, el Gobierno y las Farc iniciaron las sesiones de trabajo desde por lo menos el 23 de febrero de este año, pero informes no oficiales demostrarían que los diálogos vienen de antes. Incluso el presidente Santos, desde el mismo día de su posesión, afirmó que “la puerta de dialogo no está cerrada con llave”.

A esto se suma el hecho de que el Congreso ya había aprobado en mayo de este año el Marco Jurídico para la Paz que, según indicó el presidente del Senado, Roy Barreas, busca crear un escenario jurídico favorable a los miembros de grupos armados ilegales que se desmovilicen dentro de un proceso de paz que permita terminar el conflicto armado interno, disminuyendo sanciones penales a cambio de no violencia, verdad y no repetición. Es decir, al parecer todo estaba fríamente calculado.

Otro aspecto que juega a favor del Gobierno es lo debilitadas que pueden llegar las Farc a la mesa de diálogos, “basta repasar los sucesivos golpes de las fuerzas del Estado contra la guerrilla, incluidas las bajas de sus connotados comandantes”, afirmó el columnista del periódico El Tiempo Eduardo Posada Carbó.

Además, la cúpula mayor de la guerrilla no tiene recambio. “Lo que se conformó como una nueva generación de cuadros revolucionarios están ahora en una perspectiva de conversaciones y de diálogos, porque se iban a morir de viejos todos en el monte”, manifestó el concejal de Bogotá Roberto Sáenz, hermano del abatido líder de las Farc alias ‘Alfonso Cano’.

El cambio del discurso tipo marxista de alias ‘Timockenko’ para hablar ahora de la búsqueda de un “equilibrio democrático” da muestra también de la aparente decisión de la guerrilla de dejar las armas. Además, nunca antes en la historia del país el grupo armado ilegal había aceptado hablar dentro de los puntos de la agenda de dejación de armas y tampoco de la “solución al problema de drogas ilícitas”.

Pero si hay algo que demuestra la viabilidad de un proceso de paz exitoso es la muerte en combate de alias ‘Alfonso Cano’ durante la etapa de diálogos exploratorios entre el Gobierno y las Farc. En otro momento, este hecho provocaría la ruptura inmediata de las conversaciones, sin embargo esto no ocurrió y en cambio fue tomado, según aseguró en una reciente de rueda de prensa en Cuba el líder guerrillero Sergio Jaramillo alias ‘el médico’, como “un hecho de guerra”.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ponerle fin al conflicto armado más longevo de Latinoamérica no es tarea fácil y más cuando se mueven intereses poderosos detrás de él. “No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”, dijo en su momento la defensora de Derechos Humano Eleonor Rosevelt.

Un ejemplo claro de lo anterior son los anuncios del grupo guerrillero que aún crean gran controversia. Por ejemplo, las Farc aseguran que hasta la fecha no tienen secuestrados en su poder, además, «en Colombia secuestran los órganos de seguridad del Estado colombiano, secuestran los paramilitares, secuestra la delincuencia común, y todo quien lo hace imputa esos secuestrados a las Farc», manifestó alias ‘el médico’.

Sin embargo, Según cifras de País Libre, consolidadas hasta junio del 2012, se conocieron 81 casos de secuestro simple por parte del grupo subversivo durante el primer trimestre del año, ocho más que en el mismo periodo de 2011.

El pedido del grupo armado ilegal de tener a alias ‘Simón Trinidad’ en la mesa de diálogos es otro de los aspectos que causó gran controversia. Al respecto, el presidente Santos afirmó que “eso no depende de Colombia”, pues hay que recordar que el guerrillero se encuentra preso en Estados Unidos con una condena de 60 años.

No obstante, según afirmó Juan Carlos Palau, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, la situación no está tan clara. “A Simón Trinidad lo condenaron por el secuestro de los tres norteamericanos, porque no pudieron demostrarle el delito de narcotráfico. Eso en estricto derecho es una irregularidad porque el secuestro se cometió íntegramente en Colombia”. “Ese delito no se contempla en el tratado de extradición”, agregó Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). De ser esto cierto se abriría una puerta para que el guerrillero estuviera en la mesa de diálogos de forma presencial o virtual.

Por otro lado, las contradicciones entre los discursos tanto del Gobierno como de las Farc dejan ver ciertas diferencias todavía entre las dos partes. Así por ejemplo, el presidente afirmó que el proceso de paz “se medirá en meses, no en años», mientras que las FARC aseguran que «no se puede poner un tiempo fatal para los diálogos».

En cuanto a los puntos de la agenda, algunos expertos aún mantienen dudas, en especial sobre la pertinencia de discutir políticas estatales con el grupo guerrillero. “A la reforma agraria o al afianzamiento de la propiedad de la tierra tal como está, se llega por los votos, no por acuerdos en Oslo (…) para hacer esto realidad tendrían que ganar unas elecciones, cambiar la Constitución, hacer nuevas leyes, y que la gran mayoría del pueblo los apoyara. Si no, no. Porque lo que se negocia es la paz, no el gobierno ni las leyes”, afirmó Abad Faciolince.

Por su parte, Antanas Mockus aseguró: “El ideal es que las Farc negocien únicamente las condiciones de su reinserción y su seguridad, pero seguramente parte de ellos desearán participar en política. Esto podría ser posible  siempre y cuando no hayan cometido crímenes de lesa  humanidad”.

Parece que por fin hay atisbos de una dejación de armas por parte de as Farc, sin embargo, como dice el mismo acuerdo preliminar firmado entre el Gobierno y la guerrilla, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

 ¿Qué más se necesita para que haya paz?
“La garantía de una paz duradera radica en la capacidad del Estado de luchar sin tregua contra la corrupción, el narcotráfico, y todas las formas de violencia, sobre todo las generadas por las bandas criminales, pues nada sacamos con llegar a un acuerdo con los grupos armados si no se lucha por erradicar los otros factores generadores de violencia”, manifestó Henry Cabría, líder indígena.

De lograr que las Farc dejen las armas, al país todavía le restaría un camino bastante largo para lograr una paz larga, verdadera y que garantice fortalecer las instituciones sociales, pues hay que tener en cuenta que con una hipotética desmovilización “se pueden acrecentar los demás problemas del país”, indicó Mockus.

A lo anterior se suma el hecho que “los problemas estructurales de nuestra sociedad, una de las más desiguales del mundo, van a seguir siendo fuentes de conflicto social por muchos años más. De eso no hay duda”, dijo Antonio Navarro Wolff, exsecretario de Gobierno de Bogotá, en su columna en el medio digital La Silla Vacía.

Hacer presencia en zonas de violencia, optimizar hospitales y centros de atención en salud y aumentar la inversión social son algunos de los puntos que debe tener en cuenta el Estado si quiere brindarle una paz verdadera al país.

Otro aspecto al que debe prestarse atención, y quizá el más evidente, es el de la desigualdad, tratándose este del segundo país más desigual del mundo. “Ni las desigualdades entre las regiones ni explotar el territorio de forma irresponsable contribuyen a la paz”, expresó José Camilo Córdoba, líder afro y politólogo.

“La paz se construye en el tablero”, aseguró el rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas Sáenz. La educación debe convertirse en uno de los pilares fundamentales si se quiere poner fin a la violencia. “Una educación incluyente y de calidad en todos los niveles es condición ineludible para reducir las inequidades que existen y que, como se sabe, han alimentado décadas de conflicto”, concluyó Sáenz.

Aunque suene a frase de cajón, verdad, justicia y reparación son otra de las claves para lograr un verdadero posconflicto. “Se necesita una combinación adecuada de justicia, paz y verdad, que deje a mucha  gente satisfecha, pero es imposible que todo mundo quede satisfecho”, expresó Mockus. El Gobierno deberá dar respuesta a gran parte de los familiares de las más de 15 mil personas víctimas de desaparición forzada en los últimos 30 años, de los cuales muchos pertenecen a las Farc. Lo mismo debería ocurrir con los más de dos mil muertos y 7 mil 900 heridos por minas antipersonales desde 1990.

Pero tal vez el problema que más urge solucionar, porque contribuye en gran parte a la violencia es el del narcotráfico. “La guerra contra las drogas ha fracasado a nivel global”, manifestó el expresidente César Gaviria en un informe especial para el periódico El Tiempo.  Según explicó el exmandatario, el inconveniente está en el apetito insaciable por la droga de Estados unidos, el país más consumidor,  no en los países productores, que son los más afectados. Por ello, se debe avanzar hacia una política que trate “el consumo de drogas como un problema de salud y no como un tema criminal”, prestando más atención al consumo que a la producción.

Las cifras de la paz
De a acuerdo a estimativos hechos por la firma Raddar y la Corporación Bienestar, con el apoyo del Cesa y la Corporación Siglo XXI, se calcula que el gasto militar actual, que para 2013 será de 26 billones de pesos, debe mantenerse en el tiempo por lo menos 20 años más, o de lo contrario se perderá lo logrado en el proceso, por el surgimiento de grupos delincuenciales que afecten la seguridad ciudadana.

El mismo estudio indica también que cada guerrillero reinsertado costará alrededor de 15,8 millones de pesos, cifra bastante grande si se tiene en cuenta que actualmente las Farc tienen alrededor de 9 mil 200 combatientes.  A lo anterior se suman las cifras reveladas por Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que indican que en 2012 la inversión en reparación a las víctimas más lo adicional de restitución de tierras se presupuestó sobre 6,1 billones de pesos.

Otro aspecto que seguramente saldrá costoso para el país es solucionar el tema de los desplazados, pues este constituye uno de los mayores factores de inestabilidad social. Según estudios de la ONU, Colombia tiene actualmente más de 3,7 millones de desplazados internos.

Adicional a todo, y de ponerse fin al conflicto armado, el Estado deberá restituir gran parte de las más de 660 mil hectáreas que son reclamadas por los campesinos, que denuncian haberlas abandonado por la presencia o coacción de las Farc.

Pero no todas las cifras son desalentadoras. Según datos revelados por la revista Dinero, varios estudios indican que la economía recuperará dos puntos del PIB y las empresas podrían aumentar su productividad 1%. “Todo el gasto que se va para la guerra podría aprovecharse para infraestructura e inversión social”, indica el informe del medio de comunicación.

Así mismo, de lograrse poner fin al conflicto armado, el país podría crecer 2,2 puntos más de lo que lo hace normalmente, además que una nación relativamente segura favorecería la inversión extranjera, que en 2011 alcanzó los 13 mil millones de dólares. “Ninguna inversión es tan rentable como la paz”, afirmó Juan José Echavarría, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, en un artículo del periódico El Tiempo.

Eso sí, aunque parezca extraño, en un hipotético fin del conflicto armado,  muy posiblemente sería necesario aumentar los 431.100  integrantes de las fuerzas militares, pues se migraría “de una política de combate a una de aseguramiento y consolidación del territorio, es decir, menos aviones y helicópteros y más pie de fuerza policial”, aseguró el presidente de Raddar, Camilo Herrera. Lo anterior justificaría el por qué se debe mantener el gasto militar, ya que, según cifras del periódico El Tiempo, cada soldado profesional le cuesta al país alrededor de 29 millones de pesos anuales.

El país se ilusiona con que por fin se acabe el conflicto armado, pero sobre todo, como indicó el exministro Rudolf Hommes en su columna de El Tiempo, “el anhelo de los colombianos no es la seguridad, sino la paz”. El interrogante que queda es: ¿Se debe alcanzar la paz para solucionar los problemas del país o se deben solucionar los problemas del país para alcanzar la paz?