En Colombia, miembros de partidos como la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo son víctimas de ‘cruzadas’ con bandas criminales y Gobierno.

La historia política de Colombia está bañada en sangre. Desde las guerras independistas hasta el ejercicio de guerrillas, autodefensas y fuerzas militares, el país ha observado que la violencia es protagonista dentro de los hechos políticos del acontecer diario. Las amenazas contra líderes de oposición por parte de bandas criminales es uno de ellos. Un problema que da inicio a una batalla campal entre Gobierno y víctimas en la que ninguno de los dos alcanza la victoria.

Noviembre de 2013. Tras 17 años de exilio, la líder de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, regresa al país para continuar con la vida política que en 1995 había abandonado por razones de seguridad, pues su presencia era ‘carne de cañón’ de grupos paramilitares. No obstante, hoy, meses después de su retorno, las amenazas no cesan. Con panfletos, cartas y correos, bandas criminales, emergentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), encienden de nuevo el pánico.

“El tema de la seguridad es una norma constante contra los sectores de izquierda. Sin embargo, este no es un problema de escoltas, sino de políticas de Estado”, expresa la dirigente socialista, quien enfatiza en que el gobierno colombiano no ha determinado una regla clara para el estudio de dichos casos.

Por su parte, la presidenta del Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López, acusa al Gobierno de un “ineficaz” tratamiento judicial de las amenazas, pues según ella, esta ha sido la razón por la que el Estado no ha logrado desmantelar “los grupos intolerantes” que están detrás de las intimidaciones.

En Colombia, cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de la coordinación y ejecución de medidas de seguridad para los ciudadanos a quienes su vida está en situación de riesgo, muestran que actualmente existen cerca de 7.500 casos de amenazas, de los cuales el 60 por ciento corresponde a líderes políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos de ideología izquierdista.

Para Juan Camilo Restrepo, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, quien habló en representación de la UNP, el programa de la Unidad es “ejemplo en el mundo entero”, destacando que desde su fundación en el 2011, “el Gobierno, por medio de comités de evaluación, ha hecho un enorme esfuerzo por el estudio de los casos, con el objetivo de garantizar la debida seguridad de los amenazados”.

No obstante, Iván Cepeda, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, considera que en el país hay una “concepción errónea” en materia del tratamiento que se le dan a los casos. Según expone, “en Colombia el problema se ha estandarizado. Por lo tanto, el Gobierno hace una administración del riesgo, de lo superficial; más no ataca las causas ni las estructuras que hay detrás de cada amenaza”, concluyendo en que esta es una de las principales razones por la que hoy día los autores de tales intimidaciones siguen libres.

Para el exviceministro de Justicia, Miguel Ceballos, el problema radica en que la justicia colombiana está en crisis, debido a la congestión que existe de procesos en instituciones como la Fiscalía. Además, manifiesta que para el tema de amenazas contra líderes de oposición no existe quien le haga seguimiento a los casos. “Ante la problemática, el país necesita crear una unidad de protección o investigación especializada en asuntos netamente políticos. Esto garantizará mayor efectividad”, dijo.

Estatuto: retrato de un cuerpo sin pies
Según establece el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia, “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”.

Dicha ley es el estatuto de la oposición. En efecto, un tema que ha desencadenado una serie de opiniones y críticas en el ámbito político, pues hasta la fecha se trata de un proyecto de ley en borrador que no ha tenido ningún éxito en su paso por el Legislativo.

El viceministro Restrepo asegura que en la administración de Santos se ha hecho un esfuerzo para concretar dicho tema. “Este es un Gobierno que ha abierto espacios de interlocución con movimientos étnicos, campesinos, sindicales, y partidos políticos como la Unión Patriótica y el Polo Democrático. Sin embargo, la propuesta no ha tenido su suerte en el Congreso”, manifestó.

Por su parte, Federico García, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, expone que no se ha llegado a ningún acuerdo, debido a que la historia de Colombia está marcada por la construcción de una sociedad jerárquica, donde, en sus palabras, “existe una cultura política tradicional, caracterizada por el autoritarismo”. Esa forma de pensamiento es la que, según dice, “fortalece la intolerancia secular del Gobierno con la izquierda y evita que se puedan dar unas plenas garantías a la oposición”.

No obstante, existen críticas como las del hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez, quien desde una de sus columnas del diario Portafolio en el año 2013, expresa que dicho estatuto no es necesario, debido a que, para él, en el artículo 112 de la Constitución están explicitas las reglas del juego y que de no darle su cumplimiento el Gobierno, el sector de oposición puede acudir al Código Penal.

En septiembre del año pasado, las conversaciones entre el Estado y los partidos políticos como el Polo Democrático y el Partido Verde se suspendieron. Hoy día, después de 23 años de ser promulgada la Carta Magna del 91, no hay estatuto. Sólo existe la discusión política.

Centro Democrático, ¿nueva oposición?
A finales de enero de 2013 nace el Centro Democrático, un partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en compañía de líderes políticos como Carlos Holmes Trujillo, Oscar Iván Zuluaga y Francisco Santos, quienes acusan al Gobierno actual de un deterioro en materia de seguridad en el país. Así comienza la rivalidad entre uribistas y santistas, los dos protagonistas de esta nueva ‘faena’ de la política colombiana.

Según Ricardo Sánchez, director de Posgrados del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, en la política existen dos categorías de oposición: la de discrepancia con el sistema y la de disputa con el Gobierno. Es decir, mientras una ataca el modelo socioeconómico que rige al país, la otra tiene un disenso con el mandato de su gobernante. “En el caso del uribismo, hay una oposición clara contra el gobierno de Santos. Sin embargo, a la vez no es tan fuerte por la característica de ideas capitalistas compartidas”, expuso.

Para Rafael Gómez, analista político y columnista del diario El Nuevo Siglo, “el tema de la oposición en un país como Colombia está definido por el debate político, más no por la línea programática”, enfatizando en que el Centro Democrático, aunque comparta estrategias del Gobierno actual, pasa por un momento en el que su principal distintivo es el de “oposición fuerte”.

No obstante, Iván Cepeda afirma que “el uribismo ha logrado con la creación del Centro Democrático materializar un sector de ultraderecha, que comparte en su visión los principios fundamentales del neoliberalismo implantado por Santos”. Por tanto, su concepción de la oposición está políticamente arraigada a las raíces de la izquierda colombiana, esa misma parte del país que en el espectro de la historia se expresa en medios como la lucha armada o la vía democrática.