Por: Jorge Maldonado y Valeria Velandia

Así lo han mostrado tanto hombres y mujeres que, con el único recurso de la tenacidad y el valor, lucharon y vencieron a las sangrientas tiranías de nuestro continente.

Ernesto Sabato

21 de noviembre de 2019 a las 6:00 pm, me encuentro acompañado por aproximadamente 150 personas en un bus de Transmilenio por una de las vías de la ciudad de Bogotá el cual, como es corriente, está a punto de colapsar, no solo por la cantidad de personas en él sino por la suma absurda de sentimientos en común, entre los pasajeros del atestado transporte: ira, impotencia y odio, depresión, inseguridad, cansancio, temor, ignorancia. Es completamente comprensible ya que llevamos aproximadamente dos horas sin poder llegar a nuestros destinos, nos encontramos hacinados en los famosos “trancones de TransMilenios” (la pesadilla de cualquier bogotano que usa frecuentemente este servicio de transporte) y lo único que queremos es poder llegar a nuestros hogares, respirar hondo, quitarnos los zapatos y descansar de otro día agotador, olvidarnos del mundo.

Pero no, el origen de esta situación yace en una protesta que bloquea la calle 100 donde hay un enfrentamiento violento entre muchos jóvenes y las fuerzas policiales del Estado. Después de un rato de espera, una señora muy bien vestida y sumamente agotada exclama- ¡Otra vez estos vándalos haciendo de las suyas, déjennos llegar a nuestras casas, estamos ya cansados! otros apoyan su idea y replican –  Estos vagos no dejan trabajar ni descansar –  o preguntándose en voz alta – ¿Para qué lo hacen? solo quieren fastidiar a los verdaderos trabajadores – Por otro lado, unos pocos nos mantenemos callados y en calma, esperamos pacientemente hasta que termine el conflicto y nos preguntamos ¿Estas personas realmente conocen el por qué de este enfrentamiento? ¿Por qué una persona decide salir a la calle, enfrentar a la policía a costa de su propia seguridad?  ¿Acaso estos enfrentamientos no son el origen de que nuestro país sea democrático, acaso no son parte de nuestra historia? 30 minutos

después la guerra termina, el pueblo una vez más ha sido derrotado y callado, la misma señora de antes exclama con emoción – ¡Gracias a Dios se ha terminado! –

Para comprender el por qué un gran conjunto de personas decide alejarse de la rutina para salir a las calles a protestar, arriesgando su integridad física e incluso sus vidas al enfrentar al Estado, solo hace falta mirar hacia atrás, echar un vistazo a la historia de Colombia la cual ha sido marcada y moldeada por bastantes eventos de protesta social. Este artículo tiene como objetivo enlazar aquella visión de la protesta social con la historia colombiana, historia cifrada en el maltrato, la inequidad y la violencia.

 

¿Derecho a la protesta social?

 

El término manifestación o protesta social hace referencia a una exhibición pública de una opinión por parte de una reunión de personas en el mismo lugar temporalmente, teniendo como principal objetivo funcionar como rol para presionar y exigir al Estado respuestas a demandas concretas siendo esta actividad una forma de hacer evidente la democracia. Aunque no esté enunciado literalmente el derecho a la protesta social, no puede ser interrumpida ya que incluye la manifestación de derechos de primeros generación (Derechos Fundamentales) tales como el derecho a la libre expresión y a la reunión los cuales han sido incluidos en tratados de derechos humanos de índole internacional y son de gran utilidad para comprender los principios de la manifestación. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión: este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”. Dentro del contexto de la protesta social, este derecho funciona a la hora de hacer evidente aquellas demandas que se exigen al Estado, además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión REPE, menciona la importancia de las manifestaciones como ejercicio de la participación ciudadana, esencial en un Estado democrático como Colombia, sin embargo, de acuerdo con el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia se menciona la responsabilidad social en el ejercicio. Respecto al derecho de reunión, el PIDCP lo reconoce como un derecho de reunión pacífica que solo estará sujeta por las leyes internas de cada país que cumplan con los principios de la democracia, en la legislación colombiana la Constitución

anuncia “Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”

 

La protesta social moldeando la historia desde 1909.

 

Una vez conocidos los principios de la protesta social tanto en el contexto nacional como internacional es importante comprender cómo este movimiento ha sido de gran importancia para la historia de Colombia, se ha encargado de moldearla de una u otra forma por el grito de rebelión de una sociedad cansada de la sumisión por parte de sus dirigentes, de las injusticias, políticas absurdas, violación de derechos fundamentales donde el pueblo decidió reunirse para luchar por su dignidad, encaminando a Colombia a lo que es actualmente además lo ocurrido en el pasado es una guía para las protestas del futuro y se conservan las mismos ideales y objetivos: el bienestar de la sociedad.  La protesta del 13 de marzo de 1909 fue una prueba viviente del poder que posee el pueblo a la hora de confrontar a sus dirigentes, siendo esta una de los inicios de la democracia en Colombia forzando al Presidente de la República de ese entonces el General Rafael Reyes, el cual había iniciado una época de persecución política e intento de dictadura, los estudiantes fueron la voz del pueblo durando día y noche en la ciudad de Bogotá, persistiendo ante las detenciones arbitrarias y suspensión de libertades (aún presentes en marchas actuales) buscando la revocación de Reyes, ante la insistencia y presión por parte de la comunidad el presidente no tuvo más remedio que dejar su cargo ¿Quién hubiese podido imaginar que un grupo de vándalos y vagos hubiese podido evitar una posible dictadura y otra época de violencia en Colombia?

En 1928 sucedió la más grande masacre de personas que exigían el bien para su gremio, la masacre de las bananeras. Los trabajadores de la empresa United Fruit Company, encargada de la exportación de frutas, estaban ya agotados de las exigentes condiciones laborales que se les exigían, un bajo salario e inseguridad en el trabajo, siendo esta las principales causas de que más de mil trabajadores se reunieran en sindicatos para hacer pública su inconformidad y pedir a la compañía mejores condiciones de trabajo (Semana, 2019) ¿Acaso esto no es una de las razones por las cuales los “vagos” de FECODE están protestando? Lamentablemente, el Estado creyó que esta manifestación se trataba de una revolución comunista entonces militarizó la zona y abrió fuego contra estas personas, aún no se conoce exactamente el número de personas asesinadas ¿Cuántos muertos han sido desde la actuación del ESMAD? ¿Es normal que haya

tantos militares en la ciudad cuando hay protestas?  Por último, la protesta más grande de que ha vivido Colombia, el Paro Cívico de 1977, ha sido una de las más importantes y una de las más violentas de la historia, donde miles de personas de todos los gremios de trabajadores, estudiantes, militantes y los partidarios de los partidos liberales y conservadores estuvieron en contra de las propuestas de aumento del costo de vida y disminución del salario a trabajadores del entonces Presidente de la República López Michelsen, esta manifestación generó múltiples daños a locales, carros incendiados, 20 muertos y 500 heridos, e incluso un gran número de detenidos los cuales fueron retenidos en el Campín y la Plaza de Toros de Bogotá, a pesar de esto, se logró el aumento del salario a los trabajadores, siendo la protesta un éxito. ¿Acaso la única forma de que ejercer presión al Estado es a partir de la violencia? ¿Es posible que se realicen manifestaciones pacíficas y el Estado realmente escuche?

Desde el pasado hasta el día de hoy se ha tenido el objetivo de realizar protestas para el beneficio no pocas personas sino de miles de personas. Gracias a las valientes acciones del pasado Colombia ha avanzado a ser un Estado democrático donde la voz del pueblo es escuchada tal como vimos en los ejemplos anteriores. Actualmente, podemos ver en los acuerdos que han sugerido el Comité del Paro del 2019 nos interesan a todos, ya que tratan temas para muchos gremios, como mejores condiciones de trabajo y de educación, el aumento del salario mínimo, etc. Es este el porqué de muchas personas, como aquellas del pasado, luchan contra la represión, contra la militarización de las ciudades, haciendo caos social para ejercer presión al gobierno, arriesgando su integridad e incluso sus vidas para pelear por los que no podemos, por aquellos conformistas que no saben que su situación puede ser mejor. Y sin importar el qué dirán estos luchadores se volverán a reunir y las manifestaciones seguirán hasta que el pueblo sea escuchado y el Estado actúe, porque la protesta social es la esencia de la democracia. Y si se ha tenido éxito en el pasado, hay que mantener la esperanza de que sucederá en el presente.

El miedo a la democracia, el inicio de la estigmatización actual de la protesta social. 

 

A partir de los éxitos del pasado, el poder del pueblo y la presión social hacen que el gobierno haya adoptado una defensiva en contra de la integridad humana simplemente porque nos tienen miedo, a que despertemos de esa sumisión en la que hemos estado desde hace ya un tiempo y nos tornemos en contra de ellos. El Estado se ha encargado de aumentar la represión

desde el paro cívico de 1977, militarizando ciudades, realizando capturas aleatorias, pero la más significativa para el derecho de reunión es poner en contra a los unos con los otros a partir del uso de medios comunicación polarizados, con noticias y rumores falsos en muchos casos.  Durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos (2010-2014) se observó un aumento en la cantidad de protestas sociales (reunión de más de 10 personas) de aproximadamente 2.027, entre ellas una que llamó la atención; el paro nacional de estudiantes de octubre y noviembre del 2011 el cual implicó un alto número de personas, presencia en la gran mayoría del territorio nacional, pero lo más preocupante fue el alto grado de aceptación por parte de la sociedad además se su éxito logrando desmantelar el sistema de educación superior. Esto definitivamente representaría una caída en la buena imagen del gobierno Santos y para el partido de la U (quienes ya estaban replanteando su elección), por lo que para el siguiente Paro Agrario del 2013 el Ministerio de Defensa optó por usar a los medios de comunicación para informar de posibles infiltraciones de miembros de grupos paramilitares y de la guerrilla de las FARC en las organizaciones líderes del paro, lo cual dificultó la reunión del comité con el Estado, además de reportar muertes en “extrañas condiciones” de campesinos durante la dispersión de manifestaciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) (esto también ocurrió en el paro estudiantil), el uso de helicópteros y armas no convencionales para esta misma tarea. Tal fue la magnitud de la violencia usada en la represión que la Comisión Internacional de Derechos Humanos solicitó una reunión con el gobierno para conversar sobre el tema.

 

La otra cara de la moneda: vulneración los derechos individuales

 

La protesta social en sí es uno de los debates más controversiales que hay, ya que, la posición a favor puede encontrarse en desventaja ante la gran cantidad de argumentos en contra que se resumen en un tema principal: la vulneración de derechos de igual calibre que el derecho a la libre expresión, pero más enfocados en la individualidad.

Es completamente evidente que el derecho de la manifestación en lugares públicos entra en conflicto con otro tipo de derechos, ya que este tipo de actividades vienen acompañadas con cambios de orden público teniendo como objetivo paralizar la ciudad, haciendo que nuestra cotidianidad se detenga por un tiempo (como ya se mencionó, esta es una de las formas de que el gobierno realmente pueda escuchar las exigencias del pueblo). Esto compromete múltiples derechos tales como la libre movilización, al trabajo, a la educación, a la salud, etc. , ya que

mientras muchas personas se encuentran marchando por la Avenida Jiménez al mismo tiempo hay otras en mayor cantidad atascadas en sus vehículos o en el transporte público, muchos de ellos deben llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, de estudio, a una cita médica o simplemente llegar a sus lugares de residencia a descansar, y por supuesto ¿Quién no estaría en desacuerdo con esto?   Por esta y múltiples razones, el Marco Normativo colombiano a través de la Constitución Política de Colombia ha decretado a través del Artículo 37 que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” y el Artículo 95 establece que el ejercicio de este derecho posee responsabilidades. “respetando los derechos ajenos, obrar conforme al principio de solidaridad, proteger los recursos culturales del país, propender al logro y mantenimiento de la paz” ¿Acaso la protesta social va en contra de todos estos puntos? ¿Esta vulneración de derechos fundamentales no debe ser controlada? Para el alivio de todas estas personas que sufren por las protestas, el Código Penal y el Código de Policía contienen normas con el fin de regular todo de manifestaciones que sobrepasen los límites institucionales o bien llamada una protesta no constitucional.

En el caso del derecho del ejercicio de movilidad, el cual es el más vulnerado durante las manifestaciones, el Artículo 54 del Código Nacional de Policía dicta que las autoridades regionales deberán autorizar el uso temporal de vías para eventos de manifestaciones, sin embargo, en el caso de uso corredores viales de transporte colectivo se deberán planear planes de desviación efectivos “como medida de protección de los derechos de otros ciudadanos” además es función de la policía garantizar los derechos de la ciudadanía que intervienen en el derecho al ejercicio de la movilización y los cuerpos de policía sólo intervendrán cuando sea necesario, ”atendiendo al principio de proporcionalidad y a la garantía de los derechos de los manifestantes y de los habitantes que puedan verse afectados por la situación” (Art. 54)

Estos mismos inconvenientes no solo sucedían actualmente, sino que era tanto el ruido y el caos que generaban ese deseo de ejercer la democracia llamado protestas sociales que el gobierno colombiano a mitades del siglo XIX consideraba este tipo de manifestaciones un delito mas no un derecho, durante del gobierno de entonces presidente Alfonso López Michelsen se expidieron múltiples decretos con el fin de reprimir esta acción, uno de ellos es el Decreto 2195 al 1976  en el cual aquellos que se reúnen y alteran el pacífico desarrollo de las actividades o no vayan acorde a los lineamiento legales se les someterá un arresto

inconmutable de hasta 180 días, además el Estatuto de Seguridad de 1978 expedido durante el gobierno de Julio César Turbay determinó como delitos la “perturbación del orden público”, “alteración el desarrollo pacífico de actividades sociales” y “ocupar lugares públicos o privados para presionar decisiones de las autoridades”. Cabe mencionar que gracias a la Constitución Política del 1991 el Estado Colombiano ha consagrado a la protesta social como un derecho constitucional, sin embargo, hay cierta similitud en las leyes del antes y del ahora, y es que se considera las manifestaciones como una actividad que atenta contra los derechos fundamentales de aquellas personas que no hacen parte estas actividades ¿Acaso es esta una guerra de derechos?  De acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, el derecho a la manifestación necesariamente implica alguna afectación al orden público y este al contener en su esencia derechos fundamentales como el de la libre expresión, los gobiernos simplemente no pueden restringirlo, en este caso es necesario realizar un balance de derechos. Un caso complejo en que se disputan el derecho al trabajo y el derecho a la libre expresión este último corresponde a uno de los principales pilares de la estructura democrática según la CIDH “el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático” según esto, la manifestación posee una mayor importancia que de que lo que se quejan los bogotanos ¿Cuántos tweets no estarían escritos si la gente de antemano supiera? Sin embargo, cabe aclarar que esta acción no posee un poder ilimitado, ya que está sujeta a ciertos lineamientos internacionalmente avalados al momento de tener alguna posibilidad atentar con derechos como la vida y la integridad física, siendo este el único caso donde la fuerza pública puede intervenir ¿Acaso estar en un atascamiento vehicular atenta contra su vida o contra su integridad? Bueno, estar en un Transmilenio rodeado de cientos de personas puede que sí, pero esto es un tema completamente aparte de las manifestaciones, está más bien relacionado con las evidentes fallas de este servicio, pero no hablaremos de eso ahora ¿Acaso el daño al patrimonio atenta con nuestra integridad?

Resaltando lo dicho anteriormente y con las declaraciones de la CIDH, para que el pueblo sea escuchado por sus gobernantes e incluso por el mismo el caos social es fundamental, es lamentable ver los sacrificios que tienen que hacer aquellos que son parte de las manifestaciones como los ajenos (hay que ser sinceros y mostrar empatía hacia los demás, a nadie le gusta llegar a un lugar tarde, tener que cancelar una cita, soportar horas atrapado en un Transmilenio. ¿Tal vez estas consecuencias sean culpa del Estado? ¿Pero por qué la sociedad no se ha dado cuenta de esto?

Colombia, el país más feliz del mundo: una vista a la actualidad  

 

De acuerdo con el Word Hapinnes Report, en el 2018 Colombia resultó ser el segundo país más feliz del mundo, pero en 2019 pasamos al puesto número uno de los países más corruptos según nuestra propia percepción, de acuerdo con un estudio realizado por la ONU superando a Venezuela, Kenya y México. ¡Al fin una opinión en común entre los colombianos!  Esto se sustenta en los muchos reportes realizados por esta organización que dejan en evidencia las múltiples falencias de nuestro país; se estima que 14 billones de pesos colombianos se han destinado a la corrupción, según el índice de Gini donde los valores cercanos a 0 significan poca desigualdad social, nuestro país posee un puntaje de 0.54 para el 2018, más de 50 escándalos de corrupción de todas las índoles para el año 2019, miles de casos de compra de votos que involucran la elección del mismo actual presidente, una gran cantidad de protestas sociales en contra de las acciones del Estado realizadas entre los meses de noviembre, diciembre y a principios de enero en las cuales más de 132 mil personas fueron partícipes y entre muchísimos casos más.

La historia de Colombia aún se está escribiendo y al parecer no es muy diferente de lo que hemos visto anteriormente en este texto, aún somos un país con demasiados problemas que nuestros dirigentes aún no han podido o tal vez no han querido solucionar, el Estado aún sigue en contra de su propio pueblo. Poco tiempo después de la publicación de los resultados en el periódico US News, la vicepresidenta de Colombia en cargo estipuló “No hay evidencia científica ni estadística de que Colombia sea el país más corrupto” además afirmó “la política de Colombia es una de las más contundentes a nivel global” ¿Yo me reí al leer esto, y usted?

Al parecer Colombia no ha aprendido de su historia, incluso estamos repitiéndola. ¿Acaso no es esta la razón por la que más de 132 mil personas han salido a las calles a protestas en contra de nuestro gobierno? Actualmente estamos sido víctimas de un Estado que gobierna sin su pueblo, que lo calla y lo reprime con violencia. En diciembre del 2019, el Comité Nacional de Paro presentó 104 peticiones ante la mesa de negociación con el gobierno ¿Bastantes no?, en estas dejan en evidencia sus acciones perjudiciales durante tantos años, entre ellas la vulneración de derechos como a la salud, a la educación, a la vida, al trabajo y a un ambiente sano. Dejando en total evidencia el llamado urgente a la justicia y la necesidad de cambiar nuestro país para el bien de Colombia.

No hace falta hacer un análisis exhaustivo para determinar que el gobierno colombiano, aterrorizado por el despertar de su pueblo, está en la tarea de reprimir de muchas formas el derecho de la protesta social ya se usando la fuerza bruta y lavando el cerebro de los televidentes con noticias sesgadas, tal como en el pasado. El Congreso de la República en diciembre del año pasado, planteó proyecto de la ley estatutaria el cual pretende regular el derecho a la protesta social estipulado en el Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se menciona la reglamentación de la protesta prohibiendo el uso de capuchas, limitación de los lugares para realizarlas cerca de aeropuertos, hospitales o bienes de patrimonio cultural como la Plaza de Bolívar (el principal epicentro de las protestas por generaciones), permitir el uso no letales por parte del ESMAD, el mismo tipo de armas que produjo la muerte y lastimado a muchos manifestantes, multas para protestantes y los patrocinadores del Paro, entre otras prohibiciones. De acuerdo con lo ya mencionado, esto iría en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ¿Están regulando uno de los pilares primordiales de la democracia? Usted ya puede dar respuesta a esta pregunta. Aunque este proyecto de ley estaba pendiente de debate, el gobierno usó múltiples formas de reprimir la protesta social, una de ellas, el uso excesivo de la fuerza policial y el ESMAD, dejando 769 protestantes y 360 civiles, 6 muertos entre ellos Dylan Cruz, quien falleció por el impacto de un proyectil ilegal en su cabeza y Nicolás Neira quién falleció por una bala perdida, un caso relevante fue el del soldado Brandon Cely quien se suicidó por presiones de sus superiores por manifestar en un vídeo su apoyo al Paro Nacional. Estas acciones llamaron la atención del Comité de los Derechos Humanos quienes denunciaron estos hechos.

Las acciones del gobierno han vulnerado no sólo el derecho a la protesta, sino a una gran cantidad de derechos fundamentales. Un evidente hecho que atormenta a Colombia es el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país, donde aproximadamente muere uno por día, ya sea porque participaban en procesos como restitución de tierras después del proceso de paz, defensores de derechos de las mujeres o protectores de ecosistemas entre muchas acciones, sin embargo, el gobierno ha ignorado muchos de estos casos donde el 70% no han sido estudiados por el sistema judicial del Estado, ignorando por completo el derecho a la vida. La salud es uno de los más afectados, ya que el gobierno ha descuidado este sector, por lo que existe desigualdad social en la atención médica, falta de garantías para los profesionales de la salud y evidente negligencia de las EPS que les

han costado la vida a miles de colombianos, siendo esto producto de la corrupción y falta de regulación en muchos casos ¿Cuánto se demora usted en agendar una cita en su EPS?

Por último, ha habido un aumento exponencial en las actividades económicas en los ecosistemas vitales del país, tales como fracking, proyectos mineros de multinacionales de gran escala, proyectos ganaderos, agricultura excesiva y erradicación de cultivos en lugares como la selva amazónica, páramos, bosques tropicales, no solo afectando la calidad de los ecosistemas sino la vida de muchos que dependemos de estos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Al parecer no hay control sobre el otorgamiento de licencias ambientales, ya que se considera que los procesos como las audiencias públicas, las consultas previas o estudios de impacto ambiental solo son obstáculos para mejorar la economía del país, pasando por encima de derechos como la vida, la salud, la seguridad alimentaria y el derecho colectivo a un ambiente sano.

 

A todos aquellos afectados por la protesta social 

 

Gracias a las evidentes fallas del Estado, el pueblo se ha convertido de nuevo en su mayor enemigo, poco a poco más colombianos han logrado quitarse la venda y lograr ver el daño que el Estado le ha causado al país y que probablemente continuará si nadie los detiene. Pero aún no es suficiente, aún existen muchas personas que están en contra de este movimiento; sus cerebros han sido lavados por el Estado para aborrecer y odiar a las protestas sociales. Las personas se han acostumbrado a escuchar sobre la muerte de manifestantes a manos de un miembro del ESMAD y es tal el nivel de ignorancia que simplemente opinan: “Eso le pasa por terrorista”, los noticieros solo muestran durante sus emisiones lo que el gobierno le interesa que las personas sepan, la mayoría de las noticias solo se enfocan en los daños provocados por las marchas, ignorando por completo el objetivo de esta. Ahora solo escuchamos los que otros dicen, pero no salimos a las calles para saber realmente qué es lo que sucede. El gobierno ha logrado cegarnos, ha logrado remover nuestra empatía y alejarnos del bien común para el pueblo, de odiar la democracia.

Como conclusión, la única forma de quitarnos la venda y ver la realidad de las protestas sociales es mirar hacia atrás, ver los logros que han hecho los manifestantes del pasado; nos han librado de dictaduras, de condiciones de trabajo deplorables, nos han dado mayor libertad, pero aún hay mucho por hacer ya que nuestro gobierno no es perfecto y se ha observado como

en las normativas que han planeado están vulnerando al pueblo. Vale la pena luchar por lo que es realmente justo haciendo sacrificios para beneficiarnos a nosotros, a los demás y a las generaciones del futuro, para lograr la Colombia que todos queremos.

 

REFERENCIAS 

Bertoni, E. (2010). ¿ Es legítima la criminalización de la protesta social?. Derecho penal y libertad de expresión en América Latina (Buenos Aires: Universidad de Palermo). Recuperado de: https://www.palermo.edu/cele/pdf/Protesta-social.pdf

Cárdenas, E. E. M., & Mora, J. M. R. (2006). La corrupción en la contratación estatal colombiana-una aproximación desde el neoinstitucionalismo. Reflexión política, 8(15). Recuperado de: https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/622   Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (2005). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Volumen II, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Recuperado de: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/indice2005.htm

Consejo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) (27 de agosto de 2012). Las manifestaciones públicas y la protesta social: consideraciones desde una perspectiva de derechos humanos (Sesión 111). Recuperado de: https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/242/manifestacionesprotesta-social?sequence=4

Gamarra, J. (2006). Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso colombiano. Banco de la República de Colombia. Recuperado de: https://econpapers.repec.org/paper/bdrregion/70.htm

Hernández, José G. (noviembre 26, 2018) Protesta y vandalismo ¿cómo permitir la una y evitar lo otro?. Razón Pública. Recuperado de: https://razonpublica.com/protesta-yvandalismo-como-permitir-la-una-y-evitar-el-otro/     Lalinde

Ordóñez Sebastián (2019). Elogio a la bulla.Protesta y democracia en Colombia. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2019/06/Elogio-a-la-bullaProtesta-y-democracia-en-Colombia.pdf

Rodríguez C, Edwin (2015). El derecho a la protesta social en Colombia. Pensamiento Jurídico (Nº42) pp.47-69. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/305490680_El_derecho_a_la_protesta_social_e n_Colombia_The_social_protest_right_in_Colombia

Semana (20 de noviembre de 2019) Grandes Marchas y Paros en la historia de Colombia. Semana. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/grandes-marchas-y-parosen-la-historia-de-colombia-a-proposito-del-paro-nacional/641111

Sánchez Espitia, J. F., Uribe Pineda, S. B., Toro, V., & Felipe, N. (2019). Protección y cumplimiento del derecho a la protesta en Colombia. Universidad Libre de Colombia. Recuperado de: https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15993/PROTECCI%C3%93N% 20Y%20CUMPLIMIENTO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20PROTESTA%20EN %20COLOMBIA.pdf?sequence=1

Uprimny, R. y Sánchez, L. M. (2010). Derecho penal y protesta social. En E. Bertoni (comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado de: https://www.palermo.edu/cele/pdf/LIBRO_BERTONI_COMPLETO.pdf

Zuleta, A. P. (2015). La corrupción su historia y sus consecuencias en Colombia. Recuperado de: http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/liderazgo/article/view/3334