Por: María Camila Indaburu Ruiz

En Colombia existen aproximadamente 14.000 puntos de actividades mineras, de las cuales, según un informe de  la Contraloría, el 80% podrían ser ilegales. Sin embargo, un estudio del Departamento Administrativo Nacional del año 2012, asegura que pese al impacto de la minería ilegal, la formal representó un  2,3% del Producto Interno Bruto en dicho año.

Minería informal en Antioquia

Patricia Alzate, propietaria de una mina informal de oro en Zaragoza, Antioquia, asegura que es absurdo que minas como la de ella sean consideradas informales, ya que pagan impuestos, al igual que las formales, tienen un contrato de arrendamiento por el terreno donde trabajan y pagan a sus trabajadores según corresponde.

También afirma que tratan de reducir al mínimo el impacto ambiental, a excepción del uso de mercurio, ya que es imposible extraer sin el uso de este elemento, porque, afirma, sería imposible detectar el oro.

“Es un mito que las minas ilegales produzcan grandes cantidades de dinero, ya que cada vez que voy a lavar (sacar oro entre tierra ya seleccionada) me he gastado mucho dinero en combustible (ACPM), repuestos para la maquinaría, el  pago a los operadores (que son los únicos que no ganan por porcentaje), la alimentación para el campamento y en eso me paso todo el año, produciendo y pagando por anticipado”, asevera Alzate.

Reglamentación

Cualquier ciudadano que esté interesado en formalizar una mina en Colombia puede hacerlo, mientras que cumpla con todos los requisitos que exige la ley.

Respecto al tema de las minas legales, el Ministerio de Minas y Energía, especificó mediante el decreto 480 del 6 de marzo de 2014, las condiciones y requerimientos para la autorización de la  formalización minera.

El decreto enumera los siguientes requisitos, que debe presentar el titular minero a la autoridad minera:

1. a) Datos generales e identificación del título minero
2. b) Datos generales e identificación del pequeño minero a subcontratar o representantes legales, según corresponda, anexando la documentación soporte, tales como:
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía para personas naturales y la acreditación de la representación legal en caso de personas jurídicas. En caso de que el titular minero solicite la autorización para celebrar el subcontrato con persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y representación legal que contenga en su objeto social, la exploración y explotación de minerales.
4. c) Indicación del área a subcontratar, la cual debe ser definida por el titular minero justificando que el porcentaje del área del título que no será objeto de subcontratación garantizará el desarrollo normal de las obligaciones del título minero.
5. d) Indicación del mineral o minerales que se extraen en el área a subcontratar.
6. e) Plano del área objeto a subcontratar, el cual debe contener: Georreferenciación con coordenadas planas de Gauss del área o polígono de interés o el que adopte la autoridad minera, concordancia en escala gráfica, numérica y grilla o concordancia en escala numérica y grilla. El plano deberá ser presentado a escala entre los rangos 1:500 a 1:10.000, orientación, para lo cual deberá indicarse el norte geográfico; ubicación del área solicitada (departamento, municipio, y en lo posible corregimiento o vereda); mineral explotado y la fecha de su elaboración y no debe presentar tachaduras ni enmendaduras.
7. f) Indicación de la antigüedad de la explotación del área a subcontratar.
8. g) Minuta «Subcontrato de Formalización Minera» que contendrá como mínimo los siguientes requisitos:
9. La identificación y calidad de las partes.
10. Objeto contractual.
11. Descripción del área.
12. Duración.

Queda en evidencia que no es tan sencillo para una persona formalizar una mina, ya que son muchos los requisitos y formalidades que exige el Ministerio de Minas y Energía, y muchos ni siquiera tienen conocimiento de dicho proceso,  tal vez esto explique porque la mayoría de las minas sigue en la informalidad.

Trabajadores a favor de la informalidad

Por su parte, Wilson Toro, administrador de una mina informal, asegura que está conforme con sus condiciones de trabajo y que no ve necesario  ni desearía trabajar en una mina legal, al igual que la mayoría de sus compañeros.

Afirma que a pesar de las condiciones climáticas, las enfermedades a las que están expuestos como la malaria y dengue, o el desgaste físico, se siente cómodo y tranquilo con su trabajo, de cierta manera los grupos al margen de la ley a los que se le paga vacuna los mantienen protegidos y dentro de la mina se tienen garantizadas todas las comidas y servicios básicos mientras estén trabajando.

Desde que tenía 14 años ha estado en el mundo de la minería, al igual que la mayoría de habitantes del pueblo, por eso ya está habituado a esa clase de trabajo físico exigente y a estar expuesto a condiciones que una persona ajena a esa situación difícilmente soportaría, y asevera que si el gobierno cerrara todas las minas ilegales de la región, no tendría a que más dedicarse, ya que según él, no sirve para nada más.

Grupos al margen de la ley

Alias “Carranga” dice que desde los 15 años hace parte de las filas de grupos paramilitares, hace 8 años está radicado en la zona y vive de las vacunas, de la producción de oro y otra clase de negocios.

Debido a la ausencia de las autoridades, los grupos paramilitares trabajan en conjunto con los mineros y la comunidad, suena irónico, pero es la única manera de garantizar una seguridad en ambas partes.

“Puedes preguntarle a cualquiera de la zona, que nosotros no estamos cometiendo delitos como nos plazca, cobramos por un servicio y lo garantizamos, aquí nadie se está aprovechando de nadie”, testifica “Carranga”.

 Minería legal

Los vínculos con grupos paramilitares no sólo atañen a la minería ilegal, un informe de la ONG holandesa PAX, asegura que empresas como Drummond y Prodeco pagaron a grupos paramilitares para que protegieran sus terrenos, eliminaran la presencia de guerrilleros y a personas que habitaran la zona de explotación.

Lo ONG basó su informe en testimonios de ex empleados de las dos multinacionales, así como también de ex paramilitares.

Por su parte Drummond publicó un comunicado de prensa el 3 de junio de 2014 como respuesta a las acusaciones: «La compañía Drummond es respetuosa de las leyes colombianas y reafirma que siempre ha estado aparte del conflicto armado en Colombia», mientras que Prodeco afirmó: «El informe está desequilibrado y sigue ciegamente las acusaciones de un criminal condenado».

Conviviendo con la minería informal

Carlos Monterroso, habitante de la vereda, asegura que esa región de Antioquía, desde hace más de 150 años se dedica a la actividad minera, y que los jóvenes desde muy temprana edad se preparan para su futuro en ese campo, “por lo menos el 90% de la población masculina y el 10% de la femenina va a dedicarse de por vida a esa tarea” indica.

Monterroso afirma que en Zaragoza no existe presencia del Estado, es controlado por grupos al margen de la ley, específicamente por paramilitares, quienes se encargan de la seguridad en la minas a cambio de dinero y controlan cualquier actividad que pueda perturbar el orden público, en otras palabras son una versión de la policía pero ilegal.

Recuerda varios episodios donde habitantes de la región sin ningún permiso entran a una mina y empiezan a buscar oro por medio del bateo, los dueños de la mina al verse imposibilitados para retirar a la gente de sus predios recurren a los “paras” para que los ayuden. En menos de veinte minutos llegan a la mina y empiezan a disparar al aire con sus ametralladoras, y así, en cuestión de segundos despejan el área y se retiran.

Monterroso también se pregunta por qué la minería  informal tiene tan mala fama en el país, si según él,  lo que la aparta de la minería formal es muy poco en cuanto al impacto ambiental, condiciones laborales y presencia de grupos al margen de la ley, en cambio se diferencia en que las ganancias son menos en una mina ilegal y en esta sí se contrata a los habitantes de la región.

Es evidente que el tema de la minería en el país es un tema complejo desde varios puntos de vista, el impacto ambiental, social, económico y financiero, donde se ven involucrados actores legales, en este caso minas con los permisos del Estado para trabajar; ilegales, minas que funcionan sin permiso ni reglamentación; grupos al margen de la ley, paramilitares; el Estado, representado en este caso por la policía y el ejército; y ciudadanos, que sin tener relación directa con este oficio, conviven día a día con este y sus consecuencias.