La construcción de lujosos condominios en zonas de reserva forestal del municipio, ubicado al nororiente de la capital, ha generado un debate ambiental, legal y jurídico.

La zona de protección ambiental es apenas un retoque, una atracción más de un condominio campestre de lujo, cuya construcción se realiza en medio de una reserva forestal, a espaldas de los cerros que comparten La Calera y Bogotá. Bosques, páramos y fuentes de agua para calerunos y capitalinos, se están convirtiendo en barrios de millonarios, que amenazan un importante patrimonio ecológico.

51 por ciento de los 485 kilómetros cuadrados que tiene La Calera, incluida la cabecera municipal, están dentro de la reserva forestal Cuenca Alta del Río Bogotá. Ésta fue declarada en 1976, por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Al año siguiente, esa entidad declaró el Bosque Oriental de Bogotá dentro de la misma categoría de protección. Aunque esta zona termina en la frontera entre el distrito y La Calera, una franja de territorio en el occidente del municipio debe conservarse como zona de amortiguación y, de hecho, hace parte de la primera reserva mencionada.

Además, tres años más tarde, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó el acuerdo que dio origen a la reserva El Sapo, que protege el embalse de San Rafael, que surte de agua a la capital. Esta zona protegida también está completamente ubicada dentro de la Cuenca Alta y su franja occidental corresponde a amortiguación del Bosque Oriental de Bogotá.

Pese a estas tres protecciones, en una montaña cercana a la mencionada represa, se inició en 2005 la construcción de un condominio llamado Arboretto, de la firma Arias – Serna – Saravia. El gerente del proyecto, Álvaro Bernal, niega que se estén violando normas ambientales y por el contrario, dice que se ha hecho todo lo posible por reducir el impacto de las viviendas y las vías de acceso. “Ahí había una explotación maderera, con unas vías internas que nosotros mantuvimos para afectar lo menos posible”, afirma.

El ejemplo fue seguido por varias constructoras que han conseguido ubicaciones estratégicas para la construcción de otros nuevos proyectos. Prados del Este, de Hábitat Calera, y Macadamia, de Pedro Gómez y Héctor Ortiz, se construyeron en condiciones similares. El primero, justo al lado del peaje de Patios, se vende con el eslogan: “Casas con mucho verde”, en razón de las zonas de protección que ellos mismos dejaron en el lote.

Camilo Sanabria, ingeniero de este proyecto, dice que “las zonas de protección se respetan y no se tocan en ningún momento”, pero con este término se refiere a las hectáreas de bosque intacto que le exige la ley, para poder edificar en ese predio. Para poder llevar a cabo la construcción de vivienda unifamiliar en una zona de amortiguación hay que cumplir requisitos como: respetar 30 metros a la redonda de los cuerpos de agua, y 100 metros de los nacimientos; no ocupar más del 20, 30 o 40 por ciento del lote, según lo que indique el Plan De Ordenamiento Territorial (POT) para cada zona en específico; mantener una densidad inferior a cuatro casas (familias) por hectárea; y tratar las aguas residuales para hacer un posterior vertimiento respetando las normas técnicas para ese tema.

Pero con respecto a estos puntos, las versiones de las autoridades no coinciden. Pablo Suárez, director de la CAR para Bogotá y La Calera, niega la presencia de estas construcciones en la franja occidental del municipio y dice que “esa área (la franja de amortiguación del Bosque Oriental de Bogotá) no se puede tocar”. Entre tanto, Bernal argumenta que el lote de Arboretto está en una sustracción de la reserva El Sapo, cuyo estudio y aprobación correspondió a esa entidad regional.

Pero además el suelo de esta zona de protección que rodea San Rafael, no es urbanizable, según el POT de La Calera, ni lo ha sido nunca. De hecho, en 2007 se le hicieron “ajustes” a ese plan y, en el borrador inicial, la alcaldía proponía eliminar esa reserva y declarar esa zona como urbanizable, a lo que la CAR se opuso. Finalmente, en el acta de concertación entre la corporación y el municipio, se mantuvieron las protecciones en esa zona.

Bernal, el gerente del proyecto más beneficiado con el cambio que entonces se propuso, que para el momento ya llevaba dos años en proceso de diseño y planeación, afirma desconocer que esa propuesta estuvo en el aire (después de tratar de saltar a “la siguiente pregunta, por favor”). Según Andrés Plazas, director de la fundación Amigos de la Montaña, que vela por la protección de los Cerros Orientales de Bogotá, “es clarísimo que se modificó el POT para beneficiar intereses privados. Por eso se demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

Y es que si bien fracasó el intento de cambiar el uso del suelo en la reserva de El Sapo, muchas otras zonas de La Calera sí vieron ampliadas sus posibilidades de construcción de vivienda, al comparar el nuevo POT con el aprobado en 1999. Pero los ambientalistas no han sido los únicos que han tomado acciones legales. Los constructores que habían comprado predios y conseguido licencias antes de 2005, también han acudido a tutelas para reclamar sus derechos adquiridos a edificar, pese a otro importante cambio de norma.

Si bien las dos reservas forestales declaradas por el Inderena tienen más de 35 años y también hay una ley que prohíbe construir por encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar, por considerar que lo que supera esa cota es páramo y debe ser protegido, ambas cosas se habían quedado en el papel. “En estos cuarenta años, hasta el Ministerio había desconocido su propia norma que, en la práctica, nunca se había cumplido”, afirma Felipe Osorio, funcionario del Instituto Alexander von Humboldt, que supervisa el convenio de esta entidad con La Calera, la CAR y Corpoguavio (otra corporación autónoma de la región), para la realinderación de la reserva Cuenca Alta.

En 2005, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial decidió que era hora de darle cumplimiento a la ley pero que, por el paso del tiempo y la falta de control a la intervención en las zonas “protegidas”, había que arrancar casi de cero. Entonces se inició un proceso de redefinición de los límites (ahora georreferenciados) de páramos y reservas, que no ha terminado. Entre tanto, se ha pedido un cumplimiento estricto de la norma vigente que ha afectado a quienes ya planeaban saltársela (como lo había hecho todo el mundo). “Esos derechos adquiridos ya no los podemos afectar”, reconoce el secretario de Planeación de La Calera, William Jiménez, quien se encarga de expedir o retirar las licencias de construcción en el municipio.

El gerente de Arboretto dice que el problema es de los medios de comunicación: “Nosotros nos preocupamos de hacer el menor daño posible, de cumplir con las normas”, se defiende y agrega: “¿Sabe qué sí es grave? Que hay muchos campesinos cultivando papa en pleno páramo”. Y esto último es cierto: en La Calera hay muchos cultivos agrícolas en medio de frailejones amenazados por la expansión del municipio (la misma vegetación que rodea las casas estrato seis de proyectos como el que gerencia Bernal).

Suárez, de la CAR, también reconoce la misma problemática: “¿Cómo le dice usted a un campesino que sembró papa en un terreno de su familia en el páramo, que eso está mal y tiene que irse?”. Luego responde: “Bueno, quédese, pero seamos respetuosos con el ambiente, cuidemos el agua y no subamos más de donde estamos”. Osorio, del Humboldt, piensa también que una de las razones por las que la gente le tiene miedo a la legislación ambiental, es porque creen que si se protege un área, ya no se puede aprovechar: “Reserva no es igual a santuario”, aclara, “por eso se llaman reservas protectoras-productoras”.

De hecho, aunque no está de acuerdo con las construcciones de este tipo de condominios, Osorio (a título personal) reconoce un avance: “Que tengan áreas protegidas dentro del conjunto y no las toquen, así sean chiquitas”. Sin embargo, para organizaciones como Amigos de la Montaña eso no es suficiente: “Se está poniendo en riesgo un patrimonio que es de todos: el agua, el aire, flora, fauna, el paisaje…”.

El debate continúa y, mientras tanto, la construcción de vivienda campestre estrato seis sigue disparada en La Calera. El mismo paisaje atrae la atención de constructores y ambientalistas, pero está en riesgo si la situación no se define pronto y, con él, también los páramos y bosques de los Cerros Orientales, que son la fábrica de agua y aire para bogotanos y calerunos. “Es hora de aprender que los cerros tienen dos caras”, dice Plazas, de Amigos de la Montaña.