La impunidad es uno de los mayores problemas cuando se habla de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Solo dos de cada cien casos son susceptibles de generar una condena. Se han dado algunos avances por parte del Estado para combatir el problema, pero aún queda mucho por hacer.

“¿Quién la manda haber sido tan perra y tan puta y haber tenido esa hija?” Esa fue la respuesta que Olga Lucía Castillo escuchó luego de increpar a César Ruiz, un militar estadounidense retirado, por violar a su hija de doce años. “Yo no sabía que había que pedirle permiso a un extranjero para tener hijos”, dice Olga cuando recuerda la escena. Michel J. Coen, Sargento activo del ejército de EE.UU., que en dos años recibirá su pensión, la miraba indiferente, con cinismo. Nunca dijo una palabra. Ella amenazó con demandarlos y Ruiz le contestó: “¡Demándeme! Acá en Colombia no me hacen nada…”

Cesar Ruiz tiene razón. Según el informe Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y Proceso de Paz solo dos de cada cien casos de violencia sexual son susceptibles de dar lugar a una condena en el país. Eso quiere decir que Colombia tiene una tasa de impunidad en crímenes de esta naturaleza de más de 98 por ciento, la misma de República Democrática del Congo. No solo compartimos con los africanos la algarabía de sus calles y sus ropas de colores radiantes y vivos. En la espesura de nuestras selvas también corren como ríos las lágrimas de impotencia de muchas víctimas, reflejo la ausencia de justicia y verdad en estos delitos atroces.

A raíz de esta problemática, Jineth Bedoya, periodista y víctima de la violencia sexual, organizó el Festival por la vida de las mujeres, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de mayo. El 25 también fue declarado el año pasado por el presidente Juan Manuel Santos como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. En el marco del festival hubo conversatorios y talleres de empoderamiento, en donde las mujeres víctimas de abuso sexual aprendieron herramientas para lidiar con sus casos y transformar su dolor en algo positivo.

Olga Lucía viajó desde Medellín a Bogotá para asistir a varias de las actividades planeadas. El 23 estuvo en el Auditorio Fundadores de la Universidad Central. En el vestíbulo del lugar se tomó unos minutos para narrar su historia. Todo comenzó el 26 de agosto de 2007. María*, su hija mayor, no revelaba los cambios que la pubertad trae consigo, a diferencia de muchas niñas de su edad. Tenía piel trigueña y pelo negro y liso hasta los hombros. Le ayudaba a Olga a elaborar artesanías con totumo. Era tímida con los adultos y los niños, pero tenía varias amigas: aún jugaba con muñecas con ellas.

La madre estaba en el Parque de Melgar vendiendo artesanías y le dijo a María que fuera a la Zona Rosa para ver si había clientela allá. Ella obedeció y fue con su hermana de diez años. En un punto del recorrido, entró a una discoteca, que también funciona como restaurante, para usar el baño. Dos hombres le ofrecieron una gaseosa y ella aceptó tomársela. Luego, la invitaron a beber unos tragos, pero ella no quiso hacerlo. Entonces, uno de los sujetos la tomó del cabello y la obligó a apurar una copa con un líquido amarillo. A partir de ese momento, María quedó a merced de sus abusadores. Solo recuerda algunas escenas, fragmentos confusos y nublados, imágenes y sonidos alterados por la droga que le hicieron consumir.

Al día siguiente, la dejaron tirada en el parque y ella encontró la forma de volver a casa. En una noche, dos militares con acentos que ella solo había escuchado en las películas gringas, le cambiaron la vida para siempre.

Lo que vino después fue lo peor. Olga fue con su hija a la Comisaría de Familia y el recibimiento por parte de la psicóloga fue avasallador: le dijo a María que si decía mentiras, la metía a la cárcel. La psicóloga de la Fiscalía fue aún más allá: ordenó hacer varios exámenes para corroborar que María no tuviera delirios sexuales con los militares implicados. “Una niña de doce años teniendo delirios sexuales con un par de gringos que no conoce…”, afirma Olga con consternación en su voz.

El caso de Olga no es exclusivo. Según el informe previamente citado, una de las dificultades más evidentes a la hora de hacer justicia en Colombia es que los órganos del Estado terminan poniéndose en contra de las víctimas. Los funcionarios que reciben las denuncias no están capacitados para tratarlas y tienden a verlas, en muchos casos, como un problema que obstaculiza su trabajo.

Asimismo, no hay interconexión entre las instituciones del Estado encargadas de atender estos asuntos para que los casos reciban el seguimiento que requieren. Debido a esto, las víctimas tienen que contar su historia en repetidas ocasiones frente a hombres que ponen en duda su testimonio, reviviendo así los horrores del momento que les marcó la vida para siempre.

A esta problemática se suma un hecho conocido ampliamente pero cuyas consecuencias son de gran magnitud: las Fuerzas Armadas son quienes cometen crímenes de violencia sexual en repetidas ocasiones.  Según el informe “los uniformes deberían simbolizar seguridad, disciplina y servicio público y no violaciones, saqueos y terror. Cuando la violencia sexual es ejercida por las Fuerzas de Seguridad (Fuerzas Armadas y Policía), se deja a la población civil sin autoridad a la que dirigirse para obtener justicia; ya que los responsables de hacer cumplir la justicia son las mismas autoridades que están violando sus derechos”.

Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer, afirma que la violencia sexual en contra de la mujer se ejerce porque en Colombia existe la noción de que el hombre es superior. Esta concepción errónea de los roles de género se agrava cuando se trata de mujeres afrodescendientes o indígenas, poblaciones históricamente marginadas y vulneradas. Según Mejía, solo cuando haya igualdad, se podrá construir una paz duradera, y dejará de haber violencia contra el género femenino dentro y fuera del conflicto armado.

¿Qué está haciendo el Estado?

El domingo 24 de mayo Jineth Bedoya contó con el apoyo del Ministerio de Defensa para reunir a más de 500 mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Ella coordinó la formación de un corazón gigantesco en la plaza del centro comercial Gran Estación junto con varias víctimas de abuso sexual. Al cierre del evento, altas oficiales presentaron una cartilla en la que se establecen los protocolos que debe seguir la Fuerza Pública para responder a estos crímenes y se enfatizó el compromiso de todos los miembros de esta. Así, se mejoran algunos puntos críticos señalados en el informe por varias organizaciones en contra del maltrato a la mujer.

El Distrito también está haciendo lo suyo: hace tres años creó la Secretaría de la Mujer, en donde se ha implementado una estrategia para dar respuesta oportuna a los requerimientos de las víctimas. Se trata de Sofía. Según Adriana Ramírez Duplat, antropóloga de esta institución, este plan permite brindar atención especializada a las víctimas de desplazamiento forzado o de violación sexual.

“Lo que se procura en este sistema es evitar la revictimización al máximo y llevar a la víctima a través de una ruta integral en donde podamos resolver sus problemas. Sin embargo, somos la segunda ciudad más receptora de desplazados, de modo que es complicado atender todos los requerimientos que nos hacen. La Fiscalía y la Procuraduría deberían dar respuesta a muchos casos pero es allí donde hay muchas fallas y de eso no nos podemos encargar”, señala Ramírez.

Sin embargo, aún quedan muchos asuntos pendientes: el Auto 092 de 2008 estableció que se debe dar prioridad a 191 casos de abuso sexual por parte de la Procuraduría. Sin embargo, de estos, solo 11 han terminado con sentencias condenatorias y 14 se cerraron sin juicio.

La Fiscalía y la Procuraduría no dieron respuesta al respecto del avance de estos casos. Según Claudia Mejía, no ha habido ninguna novedad al respecto, razón por la que se emitió el Auto 009 de 2015, en el que se señala lo que aún queda por hacer y se enfatiza la importancia de que el Ministerio Público cumpla su papel estipulado en la Constitución. En este orden de ideas, no solo debe dar respuesta a estos casos, sino a las más de 1.754 víctimas de crímenes sexuales contabilizadas hasta ahora por el Centro de Memoria Histórica entre 1985 y 2012.

Solo este año ha empezado a mostrar progreso: “El otro día la vi leyendo una entrevista que me hicieron; ella antes no permitía que nadie le hablara de lo que pasó. Ahora está revisando los papeles de la Fiscalía y me dice ‘Ma, esto no fue lo que yo dije’. Hasta ahora está cayendo en cuenta de la manipulación a la que la sometieron. A mi niña le hicieron mucho daño con eso”, afirma Olga con una voz que revela el padecimiento que ha tenido que soportar.

Su mirada es la de alguien que ha pasado varias noches en vela buscando una respuesta a un crimen que no logra comprender del todo, un delito cuya naturaleza está inserta dentro de nuestra cultura machista.Según afirma Olga Lucía, la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, ya le ofreció garantías para que sus dos hijas puedan tener acceso a la educación. “María está haciendo actualmente un curso de belleza y maquillaje, pero ella espera recuperar el tiempo perdido y empezar a hacer otras cosas”.

“Yo me crié en la calle y por eso tengo este carácter y por eso voy a seguir luchando por que se haga justicia”.

Ese temple es el que la ha llevado a encadenarse en la Plaza de Bolívar por varios días. Debido a eso, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, accedió a entrevistarse con María.

Olga esta hoy de regreso en Medellín y sigue luchando para hacer su caso público en los medios de comunicación. El gobierno del Presidente Barack Obama ha anunciado que tendrá cero tolerancia con los militares implicados en casos de abuso sexual. No obstante, solo le han dicho que un miembro de la Fiscalía colombiana y un delegado de ese organismo en Estados Unidos se reunirán con ella. 

Pero, a pesar de los avances mencionados, a Olga la han desplazado tres veces de sus domicilios, ha tenido que dejar tres vidas atrás, afectos y objetos que tiene grabados en la memoria y que evoca con dolor. “A mí a estas alturas no me importa que me indemnicen, cosa que deberían hacer porque mis dos microempresas no estaban pintadas en la pared, pero lo que más quiero es que haya justicia, que pase algo con estos tipos”.

Pero, a pesar de todo, Olga sigue sonriendo y trata de recordar mejores tiempos y también de mirar hacia adelante. “A María siempre le insisto que no se quedé con lo que pasó, que la vida sigue, que ella vale mucho, y yo creo que todo lo que he hecho ha servido para devolverle el amor por la vida”. Al final de la entrevista, Olga sonríe, cierra los ojos y suspira y, con acento paisa marcado, deja ver que sus palabras son legítimas, su fortaleza a pesar de la adversidad: Ay, amigo, Medellín es alegría”.