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LA ACP CONSIDERA QUE EL PAÍS SE QUEDARÍA SIN CRUDO PARA SUS REFINERÍAS EN 2022

El Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, anunció que si no se revierte la tendencia de disminución de las reservas probadas de crudo, el país podría enfrentar a la vuelta de seis años, la necesidad de importar para abastecer sus refinerías.

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El Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, anunció que si no se revierte la tendencia de disminución de las reservas probadas de crudo, el país podría enfrentar a la vuelta de seis años, la necesidad de importar para abastecer sus refinerías.

Estima la ACP que las inversiones requeridas para evitarlo es de US$ 7.000 millones al año, es decir US$ 70.000 millones en una década, lo cual es poco probable que ocurra, ya que para 2016, el país está lejos de cumplir con la meta de US$ 3.800 millones de inversión.

A juicio de la ACP, las reservas de crudos del país han bajado este año en un 13% en relación con 2015, año en el cual se extrajeron 366 millones de barriles, y solo se incorporaron a las reservas 87 millones de barriles.

Ello es el resultado de la fuerte contracción de la actividad exploratoria y de sísmica, la cual según el gremio, ha sido hasta mayo de 2016 de apenas 40 pozos de los 450 programados para todo el año, siendo que los requerimientos del país para mantener la producción se ubican entre 900 y 1.000 pozos de desarrollo al año. Si esto no ocurriera, estima la ACP que hacia el año 2022 la producción se ubicaría en el orden de solo 400.000 barriles/día, con lo cual no se cubrirían los requerimientos de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. Se haría por tanto necesario incorporar 1.300 millones de barriles nuevos a las reservas, sea mediante nuevos emprendimientos, nuevas tecnologías que mejoren el factor de recobro, o el desarrollo de petróleos no convencionales (“off shore” y “fracking”).

La ACP aboga por un régimen tributario menos oneroso para el sector, seguridad jurídica y económica, protección ante bloqueos o problemas de orden público, y mejora en la aplicación de aspectos normativos relacionados con la Consulta Previa a las comunidades, y el licenciamiento ambiental, entre otros.