Durante los días 21 y 22 de abril, tuvo lugar en Cartagena de Indias el Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería, ACM. Evento que contó con una calificada concurrencia tanto del sector público como privado y centró sus debates en el análisis de los problemas que confronta el sector minero en Colombia, así como en los posibles escenarios para el desarrollo del sector en el posconflicto.
El presidente del Consejo Directivo de la ACM, Dr. Roberto Junguito Pombo, puso de manifiesto en su discurso inaugural algunos aspectos relevantes que ayudan a situar con pertinencia los problemas nacionales y del entorno internacional por los cuales atraviesa el sector minero, y los desafíos que debe enfrentar, entre los cuales nos permitimos destacar:
1. En el año 2015, las empresas que cotizan hoy en día en bolsa a nivel global, tuvieron sus peores resultados financieros de este siglo, con pérdidas superiores a los US$25 billones de dólares. Solo en Estados Unidos, en los últimos dos años, han entrado a la Ley de Bancarrota 26 empresas mineras y se han cerrados 411 minas, con un impacto devastador sobre el empleo en el sector minero de ese país.
2. En Colombia, aparte del enorme reto financiero por la caída de los mercados, el posicionamiento de la industria minera se está deteriorando, pues las comunidades en las regiones mineras tienen un nivel cada vez más bajo de aceptación.
3. La contribución de rentas directas que reciben las gobernaciones y los municipios en las áreas mineras ha caído de forma dramática no solo por el deterioro de precios sino por el nuevo Régimen de Regalías.
4. El país está ad portas de un proceso de paz, el cual plantea un nuevo escenario de posconflicto, que va a redefinir el relacionamiento de la industria con las comunidades, a nivel local.
5. La minería ilegal ha crecido de forma desmedida logrando control territorial por encima de las fuerzas del Estado en zonas estratégicas del país, lo que impide que empresas con títulos legales puedan ejercer su función, y entregar regalías e impuestos al Gobierno por la explotación de esos recursos naturales.
6. Los problemas de seguridad para las empresas que desean operar en áreas productivas del país afectan a los empleados y ejecutivos, lo cual no resulta aceptable.
7. El régimen tributario actualmente no le permite a la industria minera ser competitiva, a nivel internacional.
8. El mundo y el entorno cambiaron radicalmente. Por eso, para lograr transformarnos de forma exitosa, es necesario abrir la mente a nuevas ideas; generar espacios de diálogo constructivo con los grupos de interés y asegurar altos niveles de eficiencia y productividad para ser viables en el mercado global.
9. Temas como el posconflicto, la relación con el territorio y las comunidades, el cambio climático, los temas ambientales, la competitividad y el régimen tributario, deben ser objeto de análisis y debate, pues son fundamentales para atraer inversión.
Los puntos antes esbozados, que provienen del más alto vocero del sector –quien a su vez preside la empresa minera más importante de Colombia: El Cerrejón– resumen de forma clara la realidad y los retos principales del sector.
No hay que olvidar que aún en un entorno de crisis, el sector minero contribuyó en 2015 al PIB de Colombia con US$10.577 millones, con amplio efecto en la generación de empleo y divisas por exportación. Ello, pese a que en ese último año, dada la caída del precio de los commodities, las exportaciones totales de minerales disminuyeron en 31,6%, a US$35.524 millones, en tanto que la caída de la IED (Inversión Extranjera Directa), en minería y en petróleo, descendió a US$8.200 millones, equivalentes a -34%.
Por eso la importancia de enfocar los mayores esfuerzos nacionales hacia una redefinición estratégica, orientada a la dinamización del sector minero, lo cual supone especialmente un combate frontal contra la minería criminal, de efectos depredadores sobre el medio ambiente y la economía nacional, siendo como es fuente de financiamiento de grupos irregulares, así como en los aspectos esenciales ya mencionados anteriormente, como el régimen tributario, la agilización y reglamentación de los aspectos normativos: consulta previa y licenciamiento ambiental, así como la estabilidad jurídica, pues los empresarios afirman no oponerse a regulaciones transparentes sino al el efecto de modificaciones de reglas, de forma tal que puedan afectar sus presupuestos y condiciones de inversión.
Pedro F. Carmona Estanga
Director del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía