El pasado 12 de diciembre, tras un largo proceso de preparación, 195 países reunidos en la Cumbre sobre el Clima en París (CPO21), alcanzaron de manera consensuada un histórico acuerdo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y de esa manera atacar de manera más decidida el problema del calentamiento global del planeta, con sus efectos de deshielo de los glaciares y aumento del nivel de los mares. El objetivo es limitar el aumento de temperaturas en el planeta, a un máximo de 1,5 grados hacia las próximas décadas, en lugar del 2 por ciento estimado. La OMS considera que en adición a los desastres ambientales actuales y potenciales derivados del calentamiento global, en la actualidad mueren prematuramente más de tres millones de personas por año, que podrían evitarse con una acción ambiental mundial más decidida.
Los acuerdos supondrán un mayor uso de energías limpias en el mundo hacia los próximos años, a la par de la reducción del uso de combustibles fósiles (hidrocarburos y carbón), con lo cual es de prever que las empresas apostarán en forma más consistente a inversiones en energías renovables. Para el Secretario General de las NNUU Ban Ki-Moon, “lo que antes era impensable, ahora es imparable”. Y si bien algunos ecologistas no quedaron plenamente satisfechos, como es por lo demás explicable, la opinión general es que los acuerdos alcanzados representan un gran logro para los intereses planetarios y para el futuro de la humanidad.
Uno de los puntos más importantes acordados es que los países en desarrollo recibirán alrededor de 100.000 millones de dólares a partir de 2020 para el cumplimiento de sus compromisos en esta materia. Todos los países quedaron además comprometidos a evaluar en 2018 los planes quinquenales de reducción de gases de efecto invernadero, y a partir de 2023, se examinarán los avances y resultados cada cinco años. Así, se esperaría que las emisiones no aumenten en el corto plazo, y que luego se vayan reduciendo sustancialmente para hacer frente al grave problema existente.
Especial responsabilidad corresponde en este contexto a los países más contaminadores del mundo, como son en orden de importancia China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania, y en una segunda categoría de intermedios Corea del Sur Irán, Arabia Saudita y Canadá. Ello no solo por los volúmenes de emisiones generadas por estos países, sino porque serán ellos los primeros obligados a recortarlas, seguidos luego de los países en desarrollo, los cuales recibirán el apoyo mencionado para sus planes de reconversión energética. Los cambios en el uso y producción de energía implicarán aumentos graduales en los precios de las energías fósiles mediante impuestos, para incentivar su sustitución y fomentar la innovación tecnológica en energías limpias.
Según el FMI, los ingresos adicionales que se obtendrán por impuestos a los combustibles contaminantes, permitirán una importante recaudación fiscal para financiar programas que contrarresten los efectos del cambio climático. Según el organismo, la coyuntura de precios bajos de los hidrocarburos facilitaría la transición hacia la fijación de precios “inteligentes” para las emisiones de carbono.
El alivio y júbilo mundial que han causado los acuerdos alcanzados en París no se han hecho esperar. Corresponde ahora que la retórica ambientalista se convierta en una firme voluntad en la fase ejecutoria en la comunidad internacional. Por su parte, Colombia y en general los países productores de combustibles fósiles, deben comenzar a evaluar bajo una perspectiva de mediano y largo plazo, las implicaciones que estos acuerdos tendrán sobre sus economías, y apostar de una manera decidida a futuras inversiones en el desarrollo de energías renovables, en lo cual Colombia tiene un inmenso potencial, especialmente en el campo de la energía solar.
