En el trascurso de la anunciada reestructuración de Pacific Exploration & Production, empresa que ha generado diversas noticias y expectativas, la Corte de Justicia de la Provincia de Ontario, Canadá, la autorizó para iniciar dicho trámite, bajo la supervisión de una Corte de ese país. En Colombia, las diligencias pertinentes se regirán por la Ley 1116.

La reorganización es parte de un acuerdo con prestamistas y tenedores de bonos, y la firma inversionista “The Catalyst” de ese país. Ello supondrá la dilución de la participación de los actuales accionistas de la compañía para atender, de manera prioritaria, su deuda financiera, la cual alcanza los US$5.300 millones.

En opinión de los actuales directivos de Pacific: Miguel Ángel de la Campa y Serafino Iacono, el acuerdo en gestación asegura la continuidad de los negocios de la empresa, con los efectos favorables que ello implica para el país, los trabajadores y contratistas de la compañía. De no existir esta opción, Pacific habría ido a una situación de bancarrota. No obstante, las acciones ordinarias de los actuales accionistas quedarán con un valor cero, afectando sin duda a ahorristas o inversionistas corporativos que depositaron su voto de confianza en la empresa, golpeada de manera drástica por su deuda financiera, en un entorno de bajos precios del petróleo.