*Por: Pascual Amézquita Zárate – PhD Investigador PRIME Business School.
Las decisiones unilaterales de la administración Trump, como el bloqueo al órgano de apelación de la OMC y la imposición de nuevas tarifas, están reconfigurando el orden económico global. Ante este escenario, Colombia se enfrenta a la urgencia de replantear sus relaciones comerciales, buscar nuevos aliados y fortalecer su capacidad productiva para sortear los riesgos de esta nueva ola de proteccionismo.
En el primer cuarto del siglo XXI el comercio internacional ha experimentado un giro inesperado: el resurgimiento del proteccionismo como estrategia de Estado. Este viraje se ha visto especialmente acentuado en los Estados Unidos con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. Durante su primer mandato (2017‑2021), empleó el eslogan «America First» para justificar la imposición de aranceles amparados en las secciones 232 y 301 de la legislación estadounidense. Su segundo gobierno no solo mantiene esas medidas sino que amplió el espectro de productos afectados e introdujo cláusulas de contenido nacional que exigen un mínimo de 75 % de insumos locales en adquisiciones federales. El mensaje central es claro: privilegiar la producción doméstica —incluso a costa de la eficiencia ricardiana— y recalibrar las cadenas de suministro en torno a aliados estratégicos.
El nuevo paquete de tarifas incluye un gravamen que en su peor momento se propuso del 140% sobre las importaciones chinas y un arancel del 35 % al acero europeo, al tiempo que mantiene las cuotas al aluminio canadiense. La justificación oficial es la seguridad nacional y la preservación del empleo industrial; sin embargo, sus detractores señalan que la verdadera motivación es política: fortalecer la base electoral en los estados del Cinturón del Óxido y presionar a las empresas para relocalizar cadenas de valor, efectos que los economistas consideran inalcanzables. Paralelamente, Washington ha endurecido los requisitos para que los fondos públicos financien proyectos con insumos foráneos, revirtiendo el espíritu aperturista que caracterizó la política comercial estadounidense desde hace décadas.
Aunque se anuncian a diario negociaciones −cuyos resultados no son públicos−, realmente cualquier incremento que supere el 2% promedio existente antes de esas medidas es desproporcionado, más aún cuando pareciera estabilizarse hacia un 40 o 50% consolidado.
La dimensión multilateral del proteccionismo de Trump se evidencia en su bloqueo persistente al Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde diciembre de 2019 ese tribunal carece del quórum mínimo de jueces, pues Washington se niega a confirmar nominaciones argumentando que el órgano se extralimitó en sus fallos contra las medidas antidumping de EE. UU. Sin un sistema de solución de controversias plenamente operativo, las reglas de la OMC pierden fuerza y se abre la puerta a represalias unilaterales, lo que mina décadas de certidumbre jurídica.
Las implicaciones para la economía estadounidense son ambiguas. En el corto plazo, los aranceles han elevado la utilización de capacidad en sectores como acero y productos intermedios, y han generado réditos políticos al proyectar firmeza frente a China. No obstante, estimaciones del Peterson Institute for International Economics sugieren que el costo anual para los consumidores ronda los 1.400 dólares por hogar y que la pérdida neta de empleo en manufacturas alcanzó las 300.000 plazas entre 2018 y 2024. Además, los sobreprecios en insumos críticos han repercutido en la competitividad de industrias de alto valor agregado −automotriz, aeronáutica y semiconductores− que dependen de componentes globales.
Otro efecto es la erosión de la credibilidad global de Estados Unidos. Históricamente, Washington se presentó como garante del orden basado en reglas; ahora, su negativa a someterse a la jurisdicción multilateral promueve la búsqueda de foros alternativos. La Unión Europea explora mecanismos de ajuste y consolida su tribunal propio en los tratados, mientras China profundiza la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).
Para Colombia, que realizó la mayor apertura de su historia en la década de 1990 y que suscribió el TLC con Estados Unidos en 2012, la ofensiva proteccionista entraña riesgos significativos: EE. UU. absorbe aproximadamente el 29 % de las exportaciones colombianas, principalmente petróleo crudo, carbón térmico, café y, en menor medida, flores y confecciones. Ante la ausencia de la salvaguarda multilateral, el gobierno estadounidense podría imponer cuotas «voluntarias» o condicionar el acceso a textiles al cumplimiento de requisitos políticos.
También la inversión se ve amenazada. Entre 2013 y 2023, casi la mitad de la inversión extranjera directa que recibió Colombia provino de filiales estadounidenses, dirigidas a hidrocarburos, finanzas y servicios empresariales. Las tensiones comerciales aumentan la prima de riesgo y pueden redirigir capitales hacia mercados menos expuestos a represalias.
La fragmentación del comercio en bloques rivales plantea un dilema adicional. Si las reglas dejan de ser universales, el valor de los TLC bilaterales disminuye porque la contraparte puede desatender los compromisos sin temor a una condena. Colombia se vería obligada a litigar en tribunales ad hoc, costosos y lentos. Además, la triangulación de cadenas de suministro se complica: insumos provenientes de Asia que hoy tienen entrada preferencial vía ensambladores mexicanos podrían encarecerse o quedar sujetos a cupos, reduciendo la competitividad de las exportaciones colombianas de autopartes y electrodomésticos.
No obstante, la coyuntura abre espacios de acción. La política de nearshoring promovida desde Washington crea oportunidades para atraer eslabones manufactureros ligeros −textiles técnicos, autopartes plásticas, dispositivos médicos− donde Colombia posee ventajas logísticas. Para materializarlas se requiere una sólida política de reindustrialización. Asimismo, conviene acelerar la agenda de diversificación y abrir nuevos mercados en el Sudeste Asiático y África, así como profundizar la integración con Latinoamérica.
Colombia debe impulsar la reforma del sistema multilateral. Sumarse a iniciativas como el Arreglo Multipartes de Apelación Provisional (MPIA) liderado por la UE y Canadá permitiría conservar un mecanismo alternativo de solución de diferencias. Igualmente, cobra sentido articular una coalición de países medianos —Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda— para proponer reglas sobre digitalización y sostenibilidad.
En síntesis, la renovada agenda arancelaria de Donald Trump y su obstrucción de la OMC tensionan el orden comercial mundial. Estados Unidos enfrenta el peligro de encarecer sus cadenas de suministro y perder ascendencia normativa, mientras que Colombia asume un riesgo mayor de quedar expuesta a medidas unilaterales que afecten su balanza comercial y su atractivo como destino de inversión. La respuesta estratégica pasa por diversificar socios, robustecer la productividad interna y defender con pragmatismo el multilateralismo, único paraguas que mitiga la asimetría entre potencias y economías de ingreso medio.
(*)Las opiniones en esta columna son responsabilidad exclusiva del autor y no representan la posición de PRIME Business School, ni de la Universidad Sergio Arboleda.