Colombia y Venezuela están entrelazadas por profundos vínculos históricos, culturales, sociales, económicos y de sangre; son indudables mercados naturales. En la historia reciente, se han registrado altibajos, como la decisión del Gobierno venezolano de romper las relaciones con Colombia en febrero de 2019, como reacción a la decisión de la administración Duque de apoyar el intento de ayuda humanitaria a Venezuela, en la frontera Cúcuta-San Antonio del Táchira.
Durante años participé en la construcción de la integración entre los dos países, bajo el paraguas multilateral del Acuerdo de Cartagena, actual Comunidad Andina (CAN). Fui parte del equipo negociador que llevó al ingreso de Venezuela a dicho acuerdo, en 1973; delegado en las reuniones de la Comisión; durante seis años, fui Miembro de la Junta del acuerdo con sede en Lima; luego, como Comisionado Presidencial del presidente Carlos Andrés Pérez, ocupé la presidencia de la comisión, en momentos de fuerte impulso al proceso. Luego fui director por Venezuela en la Corporación Andina de Fomento (CAF), una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los Gobiernos de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas, hoy Corporación Latinoamericana de Desarrollo.
Mi tesis doctoral en Economía, Universidad ESEADE, Buenos Aires, Argentina, se centró en las relaciones económicas colombo-venezolanas, en la que analicé la destrucción de valor ocurrida en dichas relaciones a raíz de la cuestionable decisión del presidente Hugo Chávez de renunciar al Acuerdo de Cartagena en 2006, y de impulsar un modelo incompatible con los compromisos del libre comercio.
El retiro de Venezuela del Acuerdo de Cartagena sumió en crisis el proceso de integración, tomando en cuenta que Colombia y Venezuela representaban el eje principal del comercio intraandino.
El punto más alto del comercio bilateral se registró en 2008, con cerca de US$ 7.300 millones, con un componente de manufacturas superior al 85%. Todo ello se vino abajo,incluyendo la red empresarial construida entre los dos países, llevando el intercambio a cifras irrisorias. Una vez perfeccionado el retiro de Venezuela de la CAN, ambos países negociaron un acuerdo comercial en el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) para mantener algunas preferencias arancelarias entre ambas naciones, pero dicho acuerdo no funcionó, dado el control de cambios y la virtual estatización del comercio exterior aplicada en Venezuela.
Fundado en las afinidades ideológicas con los Gobiernos del Cono Sur, el presidente Chávez promovió una polémica incorporación del país al Mercosur en 2006, cuyo perfeccionamiento solo se logró en 2012, dada la oposición política, primero en el Congreso brasileño, y luego en el Congreso paraguayo. Todo ese esfuerzo para que Venezuela terminara en agosto de 2017 suspendida de sus derechos y obligaciones en dicho esquema, en virtud de la Cláusula Democrática del Mercosur.
Con la llegada al poder presidencial de Gustavo Petro en Colombia, uno de los primeros anuncios fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. Se han celebrado numerosas reuniones entre autoridades de un lado y otro de la frontera, pero los anuncios políticos han ido más rápido que las realidades. El nivel de desinstitucionalización que se generó durante años a la sombra del cierre fronterizo favoreció la acción de grupos mafiosos que se enriquecieron con el tránsito de bienes y personas a través de las trochas. El accionar de los irregulares no ha cesado, y el comercio ilegal continúa presente. Tampoco ha sido posible restablecer las conexiones aéreas más allá de anuncios políticos.
Entre septiembre de 2022 y enero de 2023, el intercambio formal llegó a solo US$ 27 millones, una cifra exigua, indicativa de que la ilegalidad sigue vigente para evadir controles e impuestos. El presidente de ANALDEX (Asociación Nacional de Comercio) de Colombia, Javier Díaz, dijo la siguiente frase: “Las mafias que antes estaban debajo de los puentes, ahora están sobre los puentes”.
Del lado venezolano, los gremios consideran que la economía venezolana sigue deprimida y que se requerirá una transición, ya que durante ocho años continuos (2013-2021) el PIB se contrajo en 80% porque el aparato productivo venezolano ha quedado reducido a una mínima expresión. Venezuela no es ya el gran mercado del pasado y está aquejada por el binomio hiperinflación e hiperdevaluación del bolívar. De allí la dolarización de facto de la economía, y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y jubilados que perciben sus ingresos en bolívares.
Considero que la integración colombo-venezolana debe restablecerse bajo un marco de seguridad en las fronteras, hoy en manos del crimen organizado y de grupos irregulares. Sin una base institucional sólida no habrá un clima favorable a la integración. Colombia debe también comprometerse con la democratización de Venezuela. Y cuando se produzca un cambio de modelo en el país, ambas naciones podrán impulsar con determinación la integración bilateral, sea a través de la reincorporación de Venezuela a la CAN o convirtiendo el Acuerdo Comercial No. 28 en un Tratado de Libre Comercio, en el marco de la ALADI. Entre tanto, ojalá y pronto operen los consulados, tan requeridos por venezolanos en Colombia y por colombianos en Venezuela, y que se restablezcan las conexiones aéreas por encima del voluntarismo del Gobierno venezolano.