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Aunque cada Estado está en libertad de decidir la entrada y salida de ciudadanos de sus territorios, también tiene la obligación de proteger, respetar y, sobre todo, de cumplir con los derechos humanos de aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción.
Según Álvaro Botero Navarro, cada Estado debe determinar quién puede entrar a su territorio y las condiciones en las que llega.
“En el Principio de Soberanía del Estado, los Tratados Internacionales reconocen el derecho de toda persona de abandonar su propio país, al igual que la determinación de cada Gobierno de recibirlos; sin embargo, esta decisión debe tomarse teniendo en cuenta el marco de sus obligaciones internacionales, como lo es el Principio de No Devolución, el cual se aplica cuando el afectado se encuentra en peligro de vulnerabilidad”, explicó el experto, quien es miembro del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Durante la conferencia que dictó para los sergistas de la Escuela Mayor de Derecho, Botero señaló que existe una realidad multicausal y compleja por movimientos migratorios mixtos. “Según la declaración de Nueva York (Septiembre 2016), los Estados se deben comprometer a respetar los derechos de los refugiados y migrantes, independientemente de su condición. Existen varios marcos de protección especializada como lo son el Derecho de los Refugiados, Víctimas de Trata de Personas, Trabajadores Migrantes y sus Familias, la Protección especial a niños y niñas, entre otros casos como la persecución política y desastres climáticos”, indicó Botero, especialista principal de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La detención de personas migrantes sucede en la mayoría de los casos. Botero asegura que los Estados no pueden caer en la criminalización de los migrantes. Es decir, no deben ser señalados ni juzgados por el hecho de no pertenecer a dicho territorio.
“El derecho a la libertad y seguridad de las personas es respaldada por los organismos internacionales. Se considera una detención arbitraria cuando hay incumplimiento de las garantías al debido proceso. Los Estados deben verificar la identidad del ciudadano, conocer su situación, los motivos que lo obligaron a migrar y brindar su apoyo. Cuando se realiza la detención, el afectado debe ser notificado por escrito y en su idioma, tener acceso a un abogado y a recursos jurídicos para apelar y un medio para contactar a un familiar”, explicó el experto, quien además señaló que los Estados no pueden aplicar la ley injustificadamente, teniendo como única base los perfiles raciales.
