Las pasadas elecciones legislativas del 9 de marzo de 2014 corroboraron la persistencia de un serio déficit de la democracia colombiana: los altos niveles de abstención. Si bien la participación electoral no fue tan baja como algunas encuestas avizoraban, según los datos del preconteo realizado por la Registraduría Nacional tan solo el 43,58% de los colombianos habilitados para ejercer su derecho de sufragio emitieron su voto en el Senado, y un 43,57% en Cámara.
Para algunos estos niveles de participación electoral no constituyen mayor problema, y en realidad reflejan la tendencia histórica de concurrencia a las urnas en este país. Sin embargo, para quienes creemos en que una democracia de calidad necesita de la mayor participación posible del mayor número de personas -especial y mínimamente en cuanto al voto se refiere-, los altos índices de abstención atentan contra la selección de gobiernos donde los intereses de todos y todas estén representados.

Ahora bien, esos bajos niveles de participación electoral de Colombia (que no son un fenómeno nuevo de esta elección) son los más bajos de toda Latinoamerica, y de los más bajos del mundo. En promedio, la participación en Colombia ha estado en los últimos 20 años por debajo del 45%. Múltiples factores podrían dar cuenta de este fenómeno: desde la no obligatoreidad del voto, pasando por la cultura política colombiana y el clientelismo, hasta el desgaste de los partidos políticos y/o la insatisfacción o desapego con los valores democráticos.

Lo cierto es que el 9 de Marzo de un potencial electoral de 32.835.856 ciudadanos habilitados para sufragar, sólo 14.310.367 ciudadanos ejercieron su derecho. Pero si uno observa detenidamente, de los que votaron para Senado tan solo 11.672.251 votos fueron válidos, mientras que los votos blancos acumularon el 5,21%, los votos no marcados 5,88% y los votos nulos el 10,38%. Esto refleja que aquel 43% sería mucho menor en lo que a participación efectiva se refiere. En Cámara los votos nulos superaron el 12%, mientras que el porcentaje de votos en blanco se mantuvo en el 5% y los votos no marcados disminuyeron levemente al 3,42%. Estos números pueden interpretarse de múltiples maneras.

En primer lugar, Colombia es uno de los países con mayores niveles de votos nulos en los últimos dos procesos electorales. Esto, nos atrevemos a afirmar que mayoritariamente está relacionado con el alto grado de dificultad del proceso de votación. Prueba de ello, es que en Cámara los porcentajes son mayores, y la complejidad de la boleta electoral se incrementa. En un futuro si se quiere disminuir estos votos perdidos de los ciudadanos colombianos, es imperioso avanzar en una reforma integral del sistema electoral, empezando por la eliminación del voto preferente. Otro aspecto a reformar sería hacer las elecciones legislativas concurrentes con las presidenciales, para incrementar el interés y bajar el costo de la política.

En segundo lugar, los votos nulos mostrarían en un menor promedio, el descontento de los ciudadanos con la oferta electoral que se presentó en las elecciones. Especialmente, si se tiene en cuenta el contexto de reelección para las presidenciales, la destitución del Alcalde de Bogotá, y el proceso de paz en La Habana.

Ahora bien, la distribución de la abstención, así como del voto nulo y el voto en blanco no fue homogénea en todo el territorio nacional. Analizar estos números puede dar pistas del comportamiento político del pasado 9 de marzo. Por un lado, si uno relaciona los 20 principales municipios del país con mayores niveles de voto en blanco, estos pertenecen a los departamentos Boyacá y Cundinamarca. La mayoría de estas ciudades presentan porcentajes de voto en blanco que van del 30 al 13%. A primera vista, la explicación estaría en las manifestaciones de rechazo por parte de estas poblaciones que se hicieron visibles en el último paro agrario de Agosto de 2013. Idéntico argumento podría utilizarse para explicar los altos niveles de votos nulos registrados en múltiples municipios de Cundinamarca para Senado y que superan el 15%.

En cuanto a la categoría de votos no marcados, tarjetones donde el elector no manifestó su intención de votar por algún candidato o nulificar su voto, podría estar mostrando nuevamente la dificultad de ejercer el derecho al sufragio bajo las características que presenta hoy el sistema electoral. Ahora bien, los municipios donde mayores índices de votos no marcados se presentan no pertenecen a un único departamento, pero mayoritariamente se encuentran en Guainía, Amazonas y Vaupés. En esos municipios, los porcentajes de votos no marcados para Senado superan el 30% y en ocasiones como La Guadalupe (Guainía) alcanza el 70%.

Para el caso de Cámara de Representantes dos datos son necesarios resaltar. En primer lugar, en varias localidades de los departamentos de Sucre, Córdoba, y Atlántico se registraron niveles de participación superiores al 70%, lo cual se aleja bastante de la media de participación nacional. Una posible razón para la ocurrencia de este fenómeno podría estar relacionada con los niveles de clientelismo que varios medios de comunicación han registrado en algunos sectores de la costa, y con que muchos de los barones electorales de los principales partidos políticos provienen de aquella región. Finalmente, los mayores niveles de votación se registraron en municipios Antioquía, Caquetá, Nariño y Guainía. En ciudades como Mapiripan (Guainía), Segovia (Antioquía), Cartagena del Chaira (Caquetá), entre otros, los niveles de abstención fueron mayores al 70%, adjudicándole como principal motivo que son poblaciones que han sido golpeadas históricamente por el accionar de los grupos guerrilleros o criminales, así como por la desatención de las autoridades estatales. Este contexto podría explicar la bajísima asistencia a las urnas.

Finalmente, estos índices de abstención, votos en blanco y votos nulos debieran preocuparnos a todos los que tenemos intención de que la colombiana sea una democracia más sólida y robusta. El régimen democrático necesita altos niveles de participación electoral para dotar de legitimidad a los gobiernos, así como para ejercer control político sobre el actuar de los gobernantes y la calidad de las políticas públicas del Estado.