Este espacio académico se consolidó como una iniciativa necesaria dentro de la formación jurídica contemporánea, al asumir de manera explícita el estudio del derecho económico como un eje que debe estar presente en las escuelas de derecho. A través de un enfoque multidisciplinario, el ciclo buscó analizar cómo el Estado adopta decisiones jurídicas que, aunque formalmente normativas, tienen profundas implicaciones económicas, sociales y políticas.
El ejercicio permitió evidenciar, de manera clara y consistente, que el derecho y la economía no son disciplinas aisladas, sino ámbitos estrechamente interrelacionados, cuya comprensión conjunta resulta indispensable para abordar los desafíos del mundo contemporáneo. En este sentido, una de las conclusiones transversales del ciclo fue la necesidad de una formación más integral: abogados con sólidas bases en economía y economistas con comprensión del derecho.
Primer panel: salario mínimo y la tensión entre técnica económica y decisión jurídica
El primer panel, realizado el 27 de marzo de 2026, abordó el análisis del Decreto 0159 de 2026, relativo a la fijación del salario mínimo.
En este espacio se puso de manifiesto que la determinación del salario mínimo constituye un punto de encuentro particularmente complejo entre criterios técnicos y decisiones políticas. Aunque el marco jurídico establece parámetros como la productividad, la inflación y la garantía del mínimo vital, la decisión final refleja tensiones permanentes entre la racionalidad económica y las dinámicas sociales y políticas.
Asimismo, se evidenció que el salario mínimo trasciende su impacto inmediato sobre los trabajadores formales, generando efectos indirectos en variables como la informalidad, el empleo y la estructura empresarial. Esta discusión permitió confirmar que decisiones aparentemente jurídicas tienen consecuencias económicas amplias, lo que refuerza la necesidad de un análisis interdisciplinario.
Segundo panel: estados de emergencia económica y límites del poder excepcional
El segundo panel, llevado a cabo el 10 de abril de 2026, se centró en el estudio de los decretos de emergencia económica, en particular el Decreto 1390 de 2025 y el Decreto 150 de 2026.
Uno de los principales hallazgos fue la preocupación por el uso recurrente de los estados de excepción como instrumentos de política pública. Se advirtió que figuras concebidas para situaciones extraordinarias pueden convertirse en mecanismos ordinarios de intervención estatal, lo que plantea serios cuestionamientos en términos constitucionales.
El análisis de los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad permitió evidenciar que no siempre las medidas adoptadas responden estrictamente a circunstancias excepcionales, sino que, en algunos casos, parecen atender problemas estructurales de la economía.
De igual forma, se destacó el impacto que estas decisiones tienen en la confianza de los agentes económicos y en la estabilidad institucional, reafirmando que las decisiones jurídicas en contextos de emergencia tienen consecuencias económicas directas y de largo alcance.
Tercer panel: política fiscal, sector financiero y relaciones laborales en contexto de emergencia
El tercer y último panel, realizado el 13 de abril de 2026, abordó tres decisiones recientes del Gobierno Nacional: el Acuerdo “Abrigo” con el sector financiero, el impuesto al patrimonio adoptado mediante el Decreto 173 de 2026 y el esquema de negociación colectiva unificada por niveles introducido por el Decreto 234 de 2026.
En el ámbito fiscal, se destacó la especial sensibilidad de los tributos en estados de excepción, particularmente en lo relativo a su legitimidad, alcance y efectos sobre la inversión. El impuesto al patrimonio fue objeto de análisis como una herramienta de financiamiento que, si bien responde a necesidades urgentes, puede generar tensiones en el entorno económico.
En relación con el Acuerdo “Abrigo”, se discutió su carácter como mecanismo alternativo a las inversiones forzosas, evidenciando una forma de intervención basada en la coordinación entre el Estado y el sector financiero, aunque no exenta de cuestionamientos sobre su eficacia y sus implicaciones económicas.
Por su parte, el Decreto 234 de 2026 abrió un debate relevante sobre la negociación colectiva unificada por niveles, señalando posibles transformaciones en las relaciones laborales, así como retos en la articulación entre empresas, sectores y organizaciones sindicales.
Este panel permitió observar cómo, en contextos de crisis, las decisiones económicas del Estado se despliegan simultáneamente en los ámbitos fiscal, financiero y laboral, generando efectos interdependientes que exigen un análisis integral.
Conclusiones: una apuesta necesaria por el análisis interdisciplinario del derecho económico
El ciclo académico dejó como conclusión central que el análisis de las decisiones económicas del Estado exige, de manera ineludible, una aproximación interdisciplinaria. A lo largo de los tres paneles se comprobó que el derecho y la economía están profundamente entrelazados, y que su estudio aislado resulta insuficiente para comprender la complejidad de la acción estatal. Asimismo, se evidenció que muchas de las decisiones adoptadas bajo la apariencia de excepcionalidad responden, en realidad, a problemas estructurales, lo que plantea la necesidad de fortalecer tanto el análisis técnico como el control jurídico sobre este tipo de medidas.
Este ejercicio académico pone de relieve una carencia en la formación tradicional y, al mismo tiempo, una oportunidad: la de construir espacios en los que se promueva el diálogo riguroso entre disciplinas y se forme a profesionales capaces de comprender integralmente las decisiones públicas.
En este sentido, la Escuela Mayor de Derecho reafirma su compromiso con una formación jurídica que incorpore de manera decidida el análisis económico del derecho, entendiendo que la responsabilidad en la toma de decisiones económicas exige no solo conocimiento técnico, sino también una comprensión profunda de sus implicaciones jurídicas y sociales.
Finalmente, y ante el éxito del ciclo, los organizadores prevén el desarrollo de cursos derivados de este proceso académico, así como la posible realización de un segundo ciclo durante el segundo semestre de 2026, con el propósito de continuar fortaleciendo este espacio de reflexión interdisciplinaria.
