Con la promulgación de la Ley 2466 de 2025, Colombia avanza en una transformación profunda de su legislación laboral, al redefinir principios, derechos y obligaciones en el ámbito del trabajo. Frente a este escenario, la academia debe ajustar de manera urgente la enseñanza del derecho laboral, con el fin de preparar juristas idóneos que apliquen los nuevos principios en escenarios cambiantes.
Así las cosas, Juan Fernando Escandón, director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Sergio Arboleda, analizó los principales retos que la reforma laboral plantea para la academia, el papel que deben asumir las universidades en la construcción de un debate informado y propositivo sobre esta nueva normativa, y los ajustes que implementó la Universidad en su Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social.
Desde su perspectiva académica, ¿cómo la reciente reforma laboral en Colombia impactará la enseñanza del derecho laboral en las universidades?
La reforma laboral implica un cambio profundo en la estructura y dinámica de las relaciones de trabajo en el país. Esto exige que la enseñanza universitaria del derecho laboral deje de ser únicamente descriptiva del marco normativo y se convierta en un ejercicio crítico y analítico, que permita comprender la filosofía y los principios detrás de las modificaciones. Se trata no solo de enseñar las nuevas disposiciones, sino de desarrollar en los estudiantes la capacidad de interpretar, aplicar y evaluar su impacto en la realidad social y empresarial.
¿Considera que los programas de derecho laboral deben ser actualizados de forma inmediata frente a esta reforma? ¿Qué contenidos cree que deben ser priorizados en esta transición?
Sí, la actualización es inaplazable. Los programas deben priorizar las transformaciones en la contratación laboral que abordan nuevas modalidades, limitaciones y garantías reforzadas, cambios en la estabilidad laboral, protección reforzada, y en los procesos judiciales en materia de derecho laboral.
Otro factor clave es el fortalecimiento de la perspectiva de género, diversidad e inclusión en el ámbito laboral. Además de, los nuevos principios rectores y su interpretación jurisprudencial. Esta actualización debe hacerse sin perder de vista la visión histórica y comparada del derecho laboral, para comprender el alcance real de las reformas.
Y teniendo en cuenta que aún quedan pendientes algunas disposiciones de la reforma laboral por reglamentar, es necesario que estemos en constante actualización y preparación de nuestros programas.
¿Qué retos enfrentan hoy los docentes universitarios al incorporar reformas legales tan recientes en su labor pedagógica?
El reto principal es la velocidad de asimilación. Los docentes deben estudiar y comprender en profundidad el nuevo marco normativo para traducirlo en contenidos pedagógicos claros y rigurosos. A ello se suma la necesidad de diseñar casos prácticos y simulaciones basados en escenarios reales que aún no han sido interpretados por la jurisprudencia. Además, se debe manejar con prudencia la enseñanza, diferenciando lo que ya es norma vigente de lo que está sujeto a reglamentación o posible control de constitucionalidad.
¿Cómo puede la academia prepararse para formar a juristas que comprendan y apliquen los nuevos principios introducidos por la reforma laboral?
La clave está en un enfoque interdisciplinario y práctico. Se deben incorporar estudios de casos de forma práctica para analizar los cambios en tiempo real; fomentar el debate académico con actores del sector empresarial, sindical y judicial; incluir análisis económico del derecho laboral, para que los futuros juristas entiendan las implicaciones económicas y sociales de la reforma; y fortalecer la formación en litigio estratégico y negociación colectiva bajo las nuevas reglas.
¿Qué papel cree que deben cumplir las universidades en el debate público y técnico sobre reformas como esta? ¿La academia está teniendo un rol activo?
Las universidades deben ser espacios neutrales de análisis técnico, capaces de aportar insumos sólidos al debate público. Deben convocar foros, producir estudios y generar opinión informada que oriente tanto a los legisladores como a la sociedad civil y al sector productivo. En este momento, algunas universidades están cumpliendo ese rol, pero es necesario un esfuerzo más articulado para que la academia se consolide como actor protagónico y no como espectador de las reformas.
¿Existe un riesgo de desactualización rápida del material académico? ¿Cómo puede la academia mantenerse al día frente a reformas tan dinámicas?
Sí, el riesgo es alto. Para mitigarlo se requieren módulos flexibles dentro de los programas, que puedan ser actualizados semestre a semestre. Asimismo, convenios con editoriales y plataformas digitales para recibir actualizaciones normativas y jurisprudenciales en tiempo real.
Por otra parte, es fundamental la capacitación permanente del cuerpo docente para garantizar que la enseñanza siempre esté alineada con la realidad jurídica vigente.
¿Qué ajustes presenta la Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social frente a la reforma laboral? ¿Qué destacaría más?
En la Especialización que dirijo hemos implementado un plan de transición curricular que incorpora módulos específicos sobre la Ley 2466 de 2025 y sus desarrollos reglamentarios, seminarios de actualización con expertos en jurisprudencia laboral y procesal.
A propósito de la exigencia del derecho laboral como ejercicio crítico y analítico, ofrecemos también talleres de litigio, negociación colectiva y redacción de documentos laborales bajo el nuevo marco.
Destacaría especialmente el enfoque práctico y estratégico, que prepara a nuestros estudiantes no solo para conocer la reforma, sino para aplicarla de forma efectiva en la asesoría empresarial, el litigio y la gestión del talento humano.
