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RETOS PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE BOGOTÁ

Alex Araque, director de la maestría y la especialización en Economía Urbana y Regional de la Universidad Sergio Arboleda, analiza los desafíos en materia de desarrollo que debe afrontar el próximo alcalde de la ciudad capital.

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1. Movilidad y transporte público

La movilidad representa el mayor reto que enfrenta la ciudad en virtud de sus múltiples determinantes y sus importantes resultados. En primer lugar, se necesita y no se puede desconocer el transporte público masivo –no podemos seguir en esa eterna discusión acerca de una línea de metro cuando, por lo menos, se requerirían unas cinco líneas para recuperar los beneficios del desplazamiento urbano–. En segundo lugar, debe haber un convencimiento colectivo de la necesidad de su financiamiento, el cual debe alcanzar los límites del sistema urbano Bogotá-Región, pues esta solución no solo sería de beneficio para los bogotanos sino además para los municipios aledaños.


2. Sostenibilidad ambiental

En la ciudad es apremiante integrar las políticas de planeamiento y desarrollo socioeconómico y diseñar entonces estrategias de protección ambiental que promuevan la sostenibilidad. Si se cumplen las proyecciones del POT en población, hogares y vivienda se llegará a un punto de no retorno en la capacidad de los ecosistemas naturales, lo que impedirá proveer servicios ecosistémicos de calidad. Así las cosas, problemáticas latentes como la contaminación del aire, las inundaciones de distintas zonas, las descargas de contaminantes en los ríos Bogotá y Tunjuelo, la saturación de los sistemas de drenaje, la deforestación y destrucción del paisaje natural urbano, y la invasión de áreas de protección en los cerros orientales y de las zonas rurales, demandan atención urgente.



3. Equilibrio territorial e inclusión socioespacial

En materia de desarrollo urbano, la segregación socioespacial es una tarea que exige ser tratada a profundidad. A pesar de los esfuerzos de los bogotanos y de administraciones recientes, aún queda mucho por hacer. En líneas generales, la planificación del territorio tiene cierta dominancia del mercado, lo que genera una localización sobre la base de los ingresos y la disponibilidad a pagar por renta del suelo; visto así, el impacto para las familias de menores ingresos va desde la poca accesibilidad y el deterioro habitacional hasta la ausencia o precariedad de equipamientos cerca de sus lugares de residencia, todo lo cual se traduce en problemas de desintegración social.


4. El desarrollo económico regional y el sistema de ciudades

Otro desafío es el cambio de paradigma de la planificación urbana. Las ciudades no son islas en el territorio sino que, generalmente, están vinculadas con otras ciudades de menor o mayor jerarquía. Desde esta perspectiva, Bogotá es el centro del país y municipios como Zipaquirá, Mosquera y Fusagasugá son centros regionales, y sobre este conjunto de ciudades se articula un sistema que conforman la principal aglomeración urbana nacional. Conviene saber que este territorio representa cerca del 32 por ciento del PIB nacional, de manera que su productividad, su desarrollo social y la protección ambiental no puede ser la suma de los esfuerzos de los alcaldes sino que, por el contrario, requiere con urgencia del diseño de sistemas generales sobre los cuales cada alcalde se articule. De nuevo, este panorama deja ver que estamos en riesgo de reducir de manera significativa los beneficios de la aglomeración, que ya se nota en la baja productividad industrial nacional.


5. El financiamiento del desarrollo regional

Este es un tema complejo y polémico, al cual le temen los candidatos a la alcaldía mayor. Es claro que no es posible tener un sistema de ciudades incluyente, con población educada, productiva y sana, con altos niveles de calidad de vida, si no se aportan suficientes recursos para financiar esta gestión integral. Todos los residentes de este territorio debemos aportar, pero un sistema tributario adecuado parte del reconocimiento de la equidad, la progresividad y la tributación no distorsionadora de la actividad económica. Esto significa, captura de rentas del suelo, en todas sus formas, en favor de la ciudad. Progresividad en función de la riqueza y de los ingresos y equidad en el sentido en que todos debemos aportar.


Si bien, la responsabilidad de asumir estos desafíos no es tarea nada fácil, lo cierto es que la administración entrante de la ciudad capital debe sustentar toda su gestión en una premisa ineludible: sus acciones deben estar cimentadas en principios de transparencia, liderazgo social y ética, que indefectiblemente no den el más mínimos espacio a la corrupción.


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