El próximo 27 de octubre de 2019 se llevarán a cabo en Colombia elecciones de los representantes del poder local. Estas elecciones de alcaldes y concejales revisten de particular importancia en la vida democrática de un país, pues en ellas se concentran debates en torno a las preocupaciones cotidianas que aquejan a los ciudadanos. Así pues, mientras la agenda de una campaña presidencial se concentra en los grandes temas que afectan el destino de la nación, en una campaña a la alcaldía emergen las problemáticas que se relacionan con la calidad de vida del ciudadano. O, al menos, es lo que se esperaría que sucediera.

Bogotá, en particular, ha estado encuadrada en un debate sobre el modelo de ciudad que parece estar vinculado únicamente a la decisión de construir obras de infraestructura ambiciosas, como es el caso del metro. La elección parece decantarse entre las discusiones de un modelo de ciudad específico y la continuidad de propuestas particulares de desarrollo urbano. Ya sea por los defensores de una opción elevada o una subterránea, la campaña parece enrevesada en ese debate al cual se suman descalificaciones, epítetos y ataques personales que en nada han contribuido a discutir la agenda de retos que tiene una ciudad de más de 7 millones de habitantes.

En ese sentido, este texto presenta los desafíos más importantes que enfrentará el próximo alcalde(sa).

Seguridad y convivencia

Sin duda, este tema es y seguirá siendo una de las prioridades del futuro alcalde. La situación de seguridad en la ciudad es, bajo los indicadores fuertes – cómo tasa de homicidios-, es de relativa estabilidad. No obstante, se ha visto un aumento en otras formas de criminalidad que generan un aumento en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Frente a ello, es importante continuar un trabajo en, al menos, dos frentes.

En primer lugar, hay que seguir trabajando en la capacidad instalada de la Secretaría de Seguridad, pues está institución ha permitido tener un manejo centralizado y organizado de las problemáticas de delito y convivencia que aquejan a la ciudad y lo ha hecho cumpliendo estándares técnicos en la implementación de políticas públicas. Al ser la seguridad y convivencia temas de largo plazo, se requiere la institucionalización de prácticas administrativas y no su marchitamiento.

En segundo lugar, es importante garantizar un buen empalme sobre la base del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) 2020-2023. La herramienta permite tener un diagnostico claro y una buena planeación de estrategias claras que permitan un manejo adecuado de las problemáticas que enfrenta la ciudad.

Relaciones con el Concejo

En política, se suele usar el término gobernabilidad para referirse a la capacidad que tiene un gobernante de tramitar acuerdos políticos para garantizar la implementación de su plan de desarrollo. En el caso del diseño institucional colombiano, los alcaldes buscan contar con el apoyo del respectivo concejo municipal pues éste, en calidad de autoridad administrativa, es esencial para el buen funcionamiento de la ciudad.

En esta elección, el Concejo es una variable política clave para asegurar el éxito de los proyectos políticos. De allí que, independientemente el candidato que gane deberá tender puentes con esta entidad, eso implica pensar en la posibilidad de desarrollar coaliciones con los partidos y políticos que resulten elegidos en las elecciones de octubre, pues difícilmente habrá un partido que resulte ser dominante.

Víctimas y construcción de paz

La implementación de los acuerdos de paz, usualmente, se concentra en el nivel nacional con temas tales como las misiones de paz, las misiones políticas o la intervención de la comunidad internacional. Sin embargo, es pertinente señalar que el posconflicto no fue el tema decisivo en las elecciones locales en la ciudad. Por el contrario, la elección pareció decantarse entre las discusiones de un modelo de ciudad específico y el retorno a épocas anteriores de desarrollo urbano. Este hecho no es gratuito, en términos generales, la ciudadanía bogotana se siente poco cercana a los efectos directos del conflicto armado y sus preocupaciones se concentran en los temas de seguridad, desempleo y movilidad.

Bogotá ha sido una ciudad de destino de la población afectada por el conflicto armado. Esta situación pone de presente que esta es la ciudad que más víctimas de conflicto armado acoge en su territorio, lo que llevaría a pensar que el tema de la implementación de los acuerdos (especialmente el punto quinto, víctimas) debería tener una mayor relevancia en la agenda pública. Además, hay que continuar fortaleciendo los avances de la institucionalidad dispuesta para tal fin. En la ciudad, la Alta Consejería para las Víctimas continúa desarrollando iniciativas de política pública cuyo impacto no debería ser desestimado aún a pesar del desconocimiento de la mayoría de la población al respecto.

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