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LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, EL BLOQUEO INSTITUCIONAL INCONSTITUCIONAL Y POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES

PRIME Law School, el Centro de Altos Estudios en Derecho de la Escuela Mayor de Derecho adelantó un conversatorio sobre el bloqueo institucional inconstitucional, derivado del hecho de que, cinco años después de su creación mediante reforma constitucional, no haya empezado a funcionar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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El conversatorio, contó con la participación del Albero Yepes Barreiro, ex Consejero de Estado, Fernando Velásquez Velásquez, Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda y Luis Guillermo Guerrero Pérez, ex magistrado de la Corte Constitucional y Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda. Como moderador actuó Hernando Herrera Mercado Director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

El evento inició con el planteamiento acerca de la existencia de una clara disfuncionalidad en el modelo de gobierno y administración judicial adoptado desde la Constitución de 1991, y en la incapacidad de promover en los ya casi 30 años de vigencia de la Constitución, una reforma que de respuesta adecuada a esa problemática.

Se destacó que, en el año 2015, en la reforma de equilibrio de poderes, se intentó avanzar en esa dirección, pero que la estructura de gobierno judicial propuesta fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por sustituir el principio de autonomía judicial. Se puntualizó que, pese a lo anterior, se mantuvo en la Constitución la decisión de Suprimir la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de crear la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que asumiera la competencia del juzgamiento disciplinario de funcionarios judiciales y abogados.

Se puso de presente que tanto el Presidente de la República como el Consejo Superior de la Judicatura expidieron en el año 2016 actos administrativos orientados a reglamentar la convocatoria y a designar los candidatos para que el Congreso de la República eligiera a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero que, sin embargo, en dos sentencias separadas la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad por inconstitucionalidad de los referidos actos administrativos.

Como resultado de las anteriores decisiones, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no ha podido integrarse, no se han hecho efectivas las decisiones constituyentes de atribuir a la Corte Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones y de sustraer de la jurisdicción disciplinaria el conocimiento de las acciones de tutela, y se permitió la prolongación contraria a la Constitución del periodo de algunos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, circunstancias todas constatadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-355 de 2020.

Durante el panel se cuestionó la decisión del Consejo de Estado, que en buena medida se atribuyó a una indebida asimilación entre la actuación típicamente contenciosa administrativa y las competencias de control de los actos electorales, que tienen fundamentos distintos.

Del mismo modo se dio cuenta de que, en el contexto de este panorama irregular, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con la participación determinante de dos de los magistrados cuyos periodos de ocho años ya habían concluido, decidió una acción de tutela y expidió una orden de protección que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se negó a cumplir, por considerar que se estaba ante una apariencia de providencia judicial, porque se había proferido con la participación de persona que carecían de jurisdicción, razón por la cual, además, dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por los posibles ilícitos penales en los que se pudiese haber incurrido.

En el conversatorio, enmarcado en la noción de crisis del Derecho, se hizo evidente la preocupación por el desorden institucional y la inseguridad jurídica que se ha presentado, debido no solo a que no ha podido entrar a funcionar el órgano creado por la Constitución para cumplir la muy delicada tarea de mantener el control disciplinario de jueces y abogados, sino porque arroja un manto de duda sobre las actuaciones cumplidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria con la participación de personas que permanecieron en sus cargos después de haberse completado su periodo constitucional de ocho años.

REVIVA EL CONVERSATORIO


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