Como coautor de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), presidiendo una ONG de DDHH y como representante de víctimas, participé activamente con propuestas propias y otras colectivas, sumado a voces de hijos de ilustres personalidades de la política, víctimas fatales de la violencia en Colombia. En ese momento, logré ser sujeto activo en la confección legislativa de la norma en comento y recuerdo con gratitud los debates nacionales y los viajes que hicimos por las zonas más afectadas por el Conflicto Armado Interno en Colombia, haciendo ejercicios de socialización in situ en esas regiones, de la entonces, normativa en ciernes.
Allende mi trabajo como jurista, le he propuesto a quienes han sufrido el rigor injusto de la violencia nacional, que cambiemos al menos el rótulo del discurso; el nomen iuris; sobrevivientes, no solo es más sonoro, sino más poderoso. Si nos remitimos a la semántica, -sin duda necesaria-, la palabra víctima, de suyo, supone un sentir que a mi gusto es mezquino y lastimero. No queremos ser revictimizados lexicológicamente; no reclamamos compasión, piedad, ni despertar ningún sentimiento de lástima: exigimos lo que nos corresponde y punto.
El 9 de abril es una fecha emblemática, no solamente para Bogotá por lo que significo ese día en 1948, sino porque a través de la norma que menciono de Justicia Transicional, se materializó e institucionalizó el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en esta fecha, para rendir tributo a ellas y para preservar la memoria histórica, básicamente, como pilares fundamentales de este propósito normativo.
En mi trabajo como Defensor de Derechos Humanos, docente de Filosofía Jurídica, DDHH y DIH y litigante en esta materia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, he encontrado muchos reclamos por la invisibiliación de quienes lamentablemente hemos padecido la insania del flagelo de la violencia colombiana. En mi condición de sobreviviente, abogado y representante de sobrevivientes, debo destacar que este día enaltece la memoria de quienes se han ido, desgraciadamente y de manera cruenta como en su momento se fue mi padre en 1989 a quien honro su memoria, a través de un litigio internacional en el SIDH, que hoy da frutos y en el radicado local, que todavía no ha visto la luz procesal y que se mantiene en las tinieblas frías y espeluznantes de la impunidad, por ser su estado de investigación preliminar, que no es otra cosa que la más tierna infancia de un proceso penal en nuestra legislación colombiana, lo cual es vergonzoso a todas luces, máxime cuando se ufanan de un sistema judicial incrustado en el alma de un Estado de Derecho. Esto refleja una crítica profunda a la impunidad persistente.
No obstante, la ley 1448 de 2011 que, en su espíritu primigenio de confección legislativa y que integraba un cúmulo de normativas de justicia transicional, parece que llegó para quedarse, y esto era fácil de inferir desde los inicios de la discusión en el Congreso. Reparar un país de víctimas no es tarea menor. A la fecha tenemos únicamente 1.368.269 víctimas reparadas administrativamente. Esta cifra representa cerca del 14% del universo total de víctimas registradas en Colombia; sin hablar de las tierras restituidas, pues la cifra es risible. Estamos en 2026 y en ese orden de ideas, no se ha podido ejecutar sino una mínima porción del objetivo trazado por esta ley. Sin embargo, el hecho de haber tenido en cuenta a las víctimas para reconocer su dignidad y enaltecer los nombres de quienes hemos sobrevivido y sufrido la pérdida de nuestros seres queridos, me parece que es un acto de humanidad, más que cualquier cosa.
El Congreso alberga hoy en su recinto sagrado de la democracia a ONG´s, representantes de víctimas, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Procuraduría, de la UARIV, de organismos de Derechos Humanos y en general, a aquellos actores que tienen que ver con el sensible asunto de las víctimas, de la justicia y de su reparación.
Haber elegido el 9 de abril, sin duda, sabiendo lo que sucedió el año de marras, en esas calendas, tiene un tinte de carácter político e ideológico sobre el cual no merece la pena hacer hincapié en este editorial. Sin embargo, considero que los esfuerzos e iniciativas en favor de la memoria, y de honrar realmente a las víctimas, han sido no sólo insuficientes sino infructuosos. Desafortunadamente, hoy por hoy, se le da más relevancia a nivel judicial y mediático, a los victimarios que a las víctimas. Parece ser que todavía las víctimas son la cenicienta de este cuento humanitario.
Esto porque la apología a los victimarios que hoy siguen activos y a aquellos que ya están bajo tierra, subsiste y subsiste, inclusive como mecanismo para atraer ingresos y reportar réditos económicos y muchas veces electorales; mejor: electoreros.
Por esto, he querido llamar la atención en estas líneas, para entender lo que verdaderamente significa el día de las víctimas y es que el día de las víctimas no puede seguir siendo un trampolín político, no puede seguir siendo un caballito de batalla ideológico y no puede seguir siendo, nunca más, un elemento que más bien tienda a la revictimización, porque más allá del día de las víctimas, contenido en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, en donde la plenaria del Congreso debe oír las voces de las víctimas, como supuesto homenaje para los que hemos sufrido, esto es un saludo a la bandera.
Colombia lamentablemente es un país de víctimas. Colombia históricamente ha sido recorrida y bañada por la sangre inocente de sus connacionales. Colombia cada vez ve más lejos la tan anhelada y esquiva paz, sobre todo por estos tiempos y con en el gobierno actual, en el cual se premia al victimario y al delincuente, y se silencia a los que quieren alzar la voz y a los sobrevivientes.
La verdadera reivindicación de las víctimas debería ser, sin duda, la justicia, la reparación y la no repetición. Ese sería realmente un homenaje más más que válido para las víctimas de este país. Los actos ceremoniales protocolarios y que terminan volviéndose al final de la jornada, en un coctel político y proselitista, no son más que una bofetada y un insulto para quienes realmente hemos tenido que padecer el doloroso conflicto colombiano.
Quiero dejar esta reflexión hoy para mis discípulos, colegas y lectores, como sobreviviente, como abogado, como litigante internacional en Derechos Humanos y como orgulloso egresado y docente sergista, para que pensemos desde la academia y hagamos una sindéresis profunda que exponga un juicio de valor ponderado, sincero y axiológico, mediante el cual podamos aportar realmente al restablecimiento de las garantías y los sentires de las víctimas en Colombia. Hay cosas irreparables, hay temas que no tienen precio. El dolor y la ausencia, el vacío y la tribulación, junto con la angustia y la desolación, producto del terrorismo que ha acabado con familias enteras, es impagable. No habría indemnización para poder mitigar, siquiera por encima, el dolor de quienes hemos padecido este sufrimiento injusto y es mejor seguir luchando.
No somos víctimas, somos mucho más que eso, somo sobrevivientes con derechos, deberes y garantías que deben observarse.
