El desarrollo de la industria automotriz ha generado innumerables beneficios para la sociedad, pero el tráfico vehicular se ha convertido en una actividad generadora de riesgos para la vida de las personas, su integridad física y sus posesiones. La gravedad de la amenaza para los bienes aludidos y el elevado número de víctimas que se produce en este ámbito, han hecho de la seguridad en el tráfico un problema de gran actualidad y explican el incremento de las acciones gubernamentales dirigidas a la educación, la prevención, la vigilancia y la sanción en esta materia.

A la vista de lo anterior, conviene reflexionar sobre el papel del ordenamiento penal en este contexto; sobre todo, cuando el asunto de la (in)seguridad vial no escapa a la creencia –equivocada– según la cual crear nuevos delitos o endurecer las sanciones para los ya existentes, constituyen ‘armas’ útiles –y, en ocasiones, las únicas– para enfrentar la ‘criminalidad’. Por lo demás, el número elevado de proyectos de reforma al Código Penal sobre el tema, presentados y archivados en los últimos años, invita a preguntarse si la producción de las leyes penales en Colombia responde a procesos deliberativos serios y a una política criminal preestablecida o, cuando menos, coherente.

La variedad de las cuestiones asociadas a la temática en comento, su interés político criminal, su relevancia dogmática y, en especial, sus consecuencias de orden práctico, constituyen motivos suficientes para, de un lado, examinar lo acontecido en Colombia a propósito de esta interesante cuestión a lo largo del último sexenio y, del otro, adelantar algunas ideas que contribuyan a su debate.

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