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Por: Luis Fernando Vélez Gutiérrez
Abogado Criminólogo, Universidad Sergio Arboleda y
John Jay, College of Criminal Justice of NYC. Exjuez y fiscal en Colombia.
Un estudio realizado en 1994 por la dirección del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Bogotá (CTI), de la Fiscalía General de la Nación, muestra que muchos de los datos de criminalidad de esa época se mantienen: el día de la madre sigue siendo uno de los días más violentos, Ciudad Bolívar se mantiene a la cabeza de las localidades más violentas y, aproximadamente, 42% de la población joven está en estado de pobreza.
La falta de articulación institucional es un factor que contribuye a acentuar este índice de inseguridad en Bogotá. Sin embargo, hay que reconocer avances importantes en esta materia, aun cuando se suma al problema la carga de trabajo de los operadores de justicia, la exagerada gestión administrativa bajo la responsabilidad de los fiscales y el poco número de jueces para atender casos criminales y acciones de tutela. Todo lo cual se refleja en la lenta respuesta de la justicia para condenar a los victimarios.
No es necesario una inflación legislativa ni el aumento de penas para mejorar la seguridad urbana, como se pretende intuir con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022). Esto no es más que populismo punitivo o, mejor, es el llamado Derecho penal simbólico, que contrasta con la efectividad de la norma en la realidad, como lo explica el profesor Fernando Velásquez Velásquez, en su libro “Fundamentos de Derecho Penal General”. (1) No se requiere incrementar el número de normas y penas, lo que se necesita es que se apliquen. Que exista prontitud y efectividad en la imposición de las sanciones penales en Bogotá.
Otro factor a tener en cuenta en las causas que contribuyen a elevar los índices de criminalidad en Bogotá, es la falta de continuidad de las políticas públicas y política criminal, relacionada con la lucha contra la inseguridad ciudadana. Cada alcalde, por razones partidistas, impone con sus propias políticas, sin tener en cuenta los avances o no de las políticas de su antecesor.
Incluso, más allá de las cifras, una causa principal de la criminalidad en Bogotá es la desigualdad socio-económica de su población. Y si bien, es caro para cualquier Gobierno aliviar esa desigualdad heredada por muchos años, es más caro para el Distrito no trabajar para reducir dicha brecha. En los estudios de criminología está probado que la pobreza por sí sola no es causal de delincuencia, pero la desigual socio-económica, sí lo es.
Adicionalmente, la falta de voluntad y compromiso político se traduce en frustración ciudadana, en la medida en que para un buen número de concejales y representantes a la cámara por Bogotá el tema de la seguridad no es su prioridad. Su trabajo se concentra, entre otras cosas, en impulsar temas como el comercio cuando las cifras dadas por El Espectador, el pasado 21 de abril (2), indican que en 2021 –en plena pandemia– ocurrieron 11.126 hurtos de comercio, es decir, 30 hurtos al día. Eso, sin contar los casi 11 automotores, 13 motocicletas y 26 bicicletas hurtadas cada día en Bogotá.
¿De qué sirve la tarea legislativa o reguladora de normas, si no se cumple o materializa la lucha contra la criminalidad en la ciudad? Es por eso por lo que la seguridad no debe ser un tema segundario para los operadores políticos.
Se suma a lo anterior, que la capital no tiene una gerencia efectiva en el manejo estratégico ni de recursos técnicos ni de capital humano para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Basta con ver que a todas las administraciones de Bogotá les ha quedado grande los colados en el Sistema Transmilenio. Según un estudio realizado en mayo de 2019 por la Universidad Nacional de Colombia, la cifra de colados en este sistema de transporte público es de 384 mil diarios, es decir, el 15% del total de los usuarios – aproximadamente 2.500.000 (3).
Entonces, si no hemos podido con los colados, mucho menos vamos a poder con la alarmante inseguridad en la ciudad. Sin lugar a duda, el fenómeno de los colados en Transmilenio es una vergüenza nacional, es el ejemplo y mensaje perfectos para la delincuencia y el fracaso de la autoridad en Bogotá.
Por último, además de corregir las fallas y vacíos mencionados anteriormente, como posibles causas de inseguridad en Bogotá, la ciudad necesita urgente la creación de una Policía Distrital con independencia administrativa y autonomía presupuestal para que el policía sea de la localidad a la que pertenece; que no tenga la preocupación de ser trasladado a otra comunidad que ni siquiera conoce, lejos de su entorno en el que creció y su circulo familiar. Para ello, más allá de las reformas legales o constitucionales que se tengan que hacer, por caras y difíciles que sean tales reformas, es más caro y difícil seguir en las condiciones de inseguridad a las que nos hemos acostumbrado los residentes de la capital del país. No hacer esta reforma es “sacrificar el mundo para pulir un verso”, como diría el poeta.
No puede ser que por generaciones nos acostumbremos a la inseguridad en Bogotá. No puede ser que, según las estadísticas recientemente publicadas por El Espectador, en Bogotá ocurran 17 delitos sexuales cada día, 9 homicidios en atracos a la semana, 300 hurtos a personas al día, 7 hurtos de teléfonos celulares cada 60 minutos, 10 lesionados en atracos cada 24 horas… Y lo peor, ni en la casa estamos seguros, pues en 2021 se denunciaron alrededor de 100 actos de violencia intrafamiliar a diario, es decir, 4 por hora. No puede ser que la inseguridad ciudadana deje más muertos que la misma violencia por razón del conflicto armado en Colombia.
(1) Velásquez Velásquez, Fernando: Fundamentos de Derecho Penal, Parte general, 4a edición, Bogotá D.C., Editorial Tirant lo Blanch, 2021
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