Colombia ha sufrido, desde hace ya varias décadas, un sangriento y doloroso conflicto que ha puesto a prueba su estructura social y política. Para resolverlo, se han intentado, en diversos momentos y bajo banderas de diversos colores políticos, fundamentalmente, dos modelos antagónicos: la derrota militar de los insurgentes o la negociación de su dejación de las armas. Tras varios años de confrontación directa, sin un resultado definitivo, tomó fuerza la opción negociada y, hoy, luego de varios años de conversaciones entre representantes del gobierno y de las FARC en La Habana, las partes han indicado que el fin de dicho proceso está cerca.

De ahí que resulte necesario discutir, de forma seria y ponderada, no sólo los términos del acuerdo y las condiciones para la (re)incorporación de los guerrilleros, sino, además, la forma de implementar lo pactado y la participación de todos los actores tanto públicos como privados en el lapso subsiguiente a una eventual desmovilización.

Por cuanto mira con el acuerdo, no puede evadirse la referencia a las polémicas fórmulas de la llamada ‘justicia de transición’, que se distancian de la idea de una justicia entendida en clave retributiva, que imponen gravámenes significativos a las víctimas y flexibilizan, cuando no obvian, el sistema legal vigente. Al amparo de estas herramientas, más políticas que jurídicas, se debe realizar la nada fácil tarea de conciliar diversos y muy disímiles intereses: los de las víctimas en la justicia, la verdad y la reparación, los de quienes se oponen con firmeza a las condiciones negociadas porque prefieren el sometimiento y, por supuesto, los de aquellos que discuten directamente los términos del acuerdo.

El marco que propone el conflicto colombiano es difícil: la responsabilidad por crímenes atroces no puede ser eludida, de ahí que las amnistías y los indultos estén fuera de la baraja de posibilidades; tendrá que haber penas y penados. Pero dichos crímenes no han sido perpetrados exclusivamente por los alzados en armas; por ello, la responsabilidad de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad del Estado, así como de los particulares, no puede dejarse de lado.

Por otra parte, en lo tocante a un eventual posconflicto, resulta innegable la importancia de que el Estado asuma decididamente su papel y procure la mejora de la calidad de vida de millones de compatriotas, para que la historia no se repita. Igual ocurre con los diferentes sectores sociales encargados de acoger a los miles de desmovilizados y con las fuerzas militares que deberán garantizar la seguridad de todos.

La trascendencia de las cuestiones apuntadas justifica sobradamente el interés de quienes organizamos este congreso en propiciar un espacio para reflexionar críticamente sobre todos estos asuntos. La paz no es patrimonio de nadie, es un compromiso de todos y, por eso, desde la universidad, queremos aportar ideas para su discusión y proponer fórmulas para alcanzar, por fin, ese objetivo tan anhelado de acallar las armas.