Importante oleoducto norperuano sufre su tercer derrame en lo que va del año. Una colosal obra de ingeniería construida hace más de cuatro décadas, pero que hoy enfrenta problemas de corrosión y falta de mantenimiento, a su vez ilustra la dificultad de las autoridades para hacer cumplir las leyes ambientales a la empresa estatal de hidrocarburos, que desde febrero tenia prohibida las operaciones de bombeo de crudo por un segundo derrame.
El 24 de Junio un derrame de 600 barriles de crudo afectó 16.000 m2 de Amazonia de Loreto dejando también alrededor de 430 pobladores en riesgo sanitario. El Ministerio de Salud declaró en emergencia por 90 días la calidad del agua para consumo humano. Aunque la empresa estatal Petroperú negó que el derrame hubiera alcanzado cuerpos de agua.
Un equivalente a US$3,4 millones por el nuevo derrame fue la sanción impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el pasado 30 de Junio considerando el incumplimiento reiterado y sistemático de sus obligaciones ambientales precisó un comunicado.
Alvaro Ríos, experto en hidrocarburos y socio director de Gas Energy Latin América, no cree que detener las operaciones del oleoducto sea una solución. Su recomendación, alcanzada a las autoridades que asumirán el nuevo gobierno nacional el 28 de julio, es hacer una auditoría integral del oleoducto, para determinar si puede seguir transportando petróleo.
