por: Didier Camilo Sierra Flórez – Luz Stella Gaona Galindo

La minería es una actividad trascendental para el desarrollo económico de un país. No obstante, suele estigmatizarse ante la implementación de procesos empíricos –utilizados desde años remotos–, ante la ausencia de buenas prácticas ambientales de extracción, ante la falta de conocimientos para la aplicación de tecnologías limpias y productivas, y ante la inseguridad en el marco legal. Todo lo cual agudiza la problemática social del minero, especialmente a pequeña escala, y afecta indefectiblemente el progreso de la industria nacional.

Sectores de la economía, como el electrónico, el químicos y el automotriz, dependen exclusivamente de esta actividad, puesto que, en ausencia de los minerales obtenidos, es improbable elaborar sus productos. Un claro ejemplo de ello, es la producción de celulares y computadores que contienen en sus partes, diversos minerales y aleaciones.

Es importante resaltar que debido a las grandes reservas de oro, carbón, níquel, cobre, entre otros, que posee Colombia en su subsuelo, se ha generado una tendencia extractivista de manera desmedida, en gran parte atribuida a grupos al margen de la ley, que desarrollan esta actividad sin métodos de desarrollo sostenibles, ocasionando conflictos socioambientales en las zonas mineras. Sin embargo, en esta problemática también están involucrados los mineros de subsistencia, que por años utilizaron el mercurio de forma excesiva y sin regulación o supervisión gubernamental en el proceso de beneficio de oro, provocando impactos ambientales incalculables en diversas regiones del país. Con la Ley 1658 de 2013, que entró en vigencia en 2018 y las consecuentes socializaciones que se han realizado en cuanto a los efectos en la salud y el medio ambiente, se ha frenado en gran medida el uso del mercurio en nuestro país.

En la actualidad, algunos mineros a pequeña escala se encuentran en un proceso de transición, modificando sus procesos productivos, conscientes de los efectos provocados por las inadecuadas prácticas de extracción y, adicionalmente, con el objeto de evitar que las autoridades competentes no realicen el sellamiento de sus entables mineros, que a pesar de que no generan grandes sumas de dinero, corresponden a los nichos de una actividad económica ancestral, sustento de sus familias.

Si bien, el desarrollo de la actividad minera ha sucedido en gran parte del país, existen áreas en donde se ha densificado, siendo Antioquia una de las más representativas, según la Agencia Nacional de Minería.

Municipios como Segovia, San Roque y Andes han sido afectados con problemáticas de las que se tiene registro y otras de las que aún no hay información suficiente que permita emitir un juicio respecto al nivel de su impacto. En tal sentido, los municipios, a lo largo de la historia, han enfrentado problemáticas en salud pública, daños en sus suelos y cuerpos hídricos, y conflictos sociales relacionados con desacuerdos respeto al uso del suelo por parte de sus habitantes, entre otros.

Teniendo en cuenta que corresponde a una actividad con un alto impacto en la economía del país, que hace parte del ADN de muchas poblaciones con fuertes tradiciones, y que gracias a ella se obtienen materias primas que justifican actividades industriales, es necesario llegar a una solución consensuada en donde las partes involucradas encuentren puntos en común y prime la protección a la salud humana, al ambiente y al desarrollo económico y social de las poblaciones. Es importante, entonces, tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el que se plantean lineamientos respecto a la responsabilidad socioambiental del sector productivo en el país, una política alineada a nuevos conceptos como la economía circular, con el objetivo primordial de dejar de usar procesos productivos lineales con generación de residuos y desechos y, en cambio, entablar ciclos en donde las salidas de un proceso se conviertan en la entrada de otro, reduciendo de este modo el uso de materias primas y la cantidad de residuos que impactan al ambiente.

Adicionalmente, un proceso productivo con lineamientos de sostenibilidad permitirá y facilitará relaciones de sinergia entre importantes actores como el Estado, las empresas, la academia, y las comunidades locales, así, todos se benefician y dejan de lado la premisa de que el desarrollo económico va en contra de ideales sociales y ambientales.

Es aquí donde el Gobierno tiene en sus manos una nueva oportunidad de ver con prospectiva la actividad minera, con compromisos reales y acciones concretas que se traduzcan en bien común y en el desarrollo económico del país.