El 18 de mayo, en el Centro de Eventos Hall 74, la Universidad Sergio Arboleda abrió sus puertas a este evento, que fue inaugurado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien explicó la importancia de la regulación de la seguridad informática de los colombianos, especialmente, ahora que comienza la era del metaverso.

En tal sentido, el ministro presentó cifras contundentes en cuanto al avance de la cibercriminalidad en el país: en 2021, por ejemplo, este flagelo aumentó en 17%, es decir, 33.465 delitos reportados al Centro Cibernético de la Policía Nacional. Motivo más que suficiente para plantear el diseño de una política criminal que se anticipe a la masiva participación de ciudadanos colombianos en lo que ya se conoce como el metaverso.

De otra parte, la Asociación Colombiana de Legal Tech hizo énfasis en cómo el metaverso, con sus universos 3D y diversos escenarios virtuales, le permite interactuar a los ciudadanos para realizar un sinfín de actividades de entretenimiento, educación, trabajo y, en un futuro no muy lejano, hasta en el campo de la salud. En consecuencia, la ciberseguridad es ahora fundamental, de cara a la protección de los derechos de millones de personas que incursionan en este horizonte digital.

Entre los conferencistas que estuvieron presente, se destacan: el Coronel Fredy Bautista, experto en cibercriminalidad; Germán Darío Flórez, director del programa de Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech, de la Universidad Sergio Arboleda; Daniel Ríos, docente también de ese programa de postgrado; el ingeniero Samir Bastidas, experto en combatir el Ramsomware o secuestro de información de datos, y William Mauricio Bustos, Ciberperito digital.

Las intervenciones de los ponentes se enfocaron en que proponer el diseño de cualquier política criminal presupone un diagnóstico inicial que permita la identificación de retos y el conocimiento de la realidad a la que se pretende hacer frente. Esto lleva a escenarios tan complejos y desconocidos como el que se pretende abordar, con la apremiante creación de espacios de reflexión y análisis que propendan por la efectividad en la intervención estatal.

Esta nueva realidad supone, entonces, un nuevo reto para la política criminal, dado que: (i) genera nuevos espacios de riesgos para los derechos e intereses de los ciudadanos, organizaciones y de los mismos Estados; (ii) facilita la comisión de delitos haciendo más difícil su investigación y judicialización, y (iii), permite la comisión de conductas no contempladas ni reguladas en las legislaciones que, cada vez más, se muestran obsoletas ante una realidad cambiante.

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