Hace ya tres décadas, cuando empezó la vigencia de la Constitución del 1991, había en la tradición jurídica una forma distinta de aproximarse a los derechos y, lo que es más relevante, una serie de garantías de estos que solían estar distantes de la mayoría de las personas.
La acción de tutela es quizá el logro más destacado de la Constitución, y seguramente la institución que es más próxima a todas las personas que se han apropiado de ella y que le dan cada día una renovada vitalidad, ha generado un verdadero cambio social, que va más allá de lo meramente jurídico y que hace parte ya de la cultura colombiana.
En treinta años son muchos los avatares que han tenido los derechos fundamentales y su garantía. El presente evento propone, centrarse en tres de los más significativos.
El primer panel se dedicará a la evolución del concepto de derechos fundamentales, que pasa de ser un elemento nominal, al que se pretendía circunscribir a un capítulo del título segundo de la Constitución, a ser una noción abierta, en permanente construcción, como corresponde a una Constitución humanista, que no es ajena al ser humano y a sus circunstancias.
El segundo panel analizará la eficacia de la acción de tutela en sus primeros treinta años. A estas alturas, la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales ha superado ya la condición de novedad. Por fortuna, hoy en día no se cuestiona la necesidad de garantizar dichos derechos, ni la responsabilidad que tienen los jueces de la República en esta tarea. Las dificultades aparecen en otros horizontes, siendo el principal de ellos el de la eficacia, valga decir, la capacidad real de la acción de tutela para superar la vulneración de derechos fundamentales o evitar la amenaza de los mismos.
El tercer panel, vinculado a la metodología del análisis de casos, se ocupará de la acción de tutela y el derecho a la salud. La tutela ha incidido de manera evidente en la vida diaria de todas las personas en Colombia. Uno de los ámbitos de mayor incidencia ha sido el de la salud, tanto en las instituciones sanitarias como en la atención adecuada e integral a los pacientes. Pese a las críticas que se han hecho a la tutela en el contexto de los derechos sociales, esta institución se ha mostrado, por una parte, como una herramienta útil para garantizar la efectividad de estos derechos y, por otra, como un indicador idóneo para verificar, revisar y ajustar las políticas públicas.
